Durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Lenia Batres Guadarrama generó polémica al citar un reglamento municipal como fundamento para validar cobros locales, omitiendo la jerarquía constitucional de las normas. Su intervención fue corregida en el momento por la ministra María Estela Ríos González.

Batres sostuvo que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón era la “norma sustantiva” que permitía los cobros fiscales municipales, en lugar de la ley de ingresos correspondiente. Ríos le recordó que los reglamentos se encuentran subordinados a las leyes y a la Constitución, conforme a la pirámide de Kelsen.

El incidente desató nuevas críticas hacia Batres, quien ha sido señalada por su falta de rigor técnico en discusiones jurídicas. El episodio reaviva el debate sobre el nivel de preparación y el papel de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el dictamen de la iniciativa presidencial que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades.

El presidente de la comisión, Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley establece sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta quinientas UMAs, además de medidas de protección integral a víctimas y testigos. También crea el Sistema Nacional de Información sobre Extorsión para mejorar la persecución del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas reconocieron la urgencia de una legislación unificada ante el crecimiento del cobro de piso y las extorsiones telefónicas, delitos que —según Morena— afectan a cinco de cada diez negocios.

Integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior (FNSEMS) se manifestaron este martes frente a Palacio Nacional para exigir al gobierno federal y al Congreso de la Unión la homologación salarial de docentes y trabajadores del nivel medio superior. Demandaron la asignación de 2 mil millones de pesos adicionales al presupuesto educativo.

Los dirigentes sindicales llamaron a la administración federal a “no caer en el juego de echarse la bolita” respecto a la responsabilidad de liberar los fondos públicos. Afirmaron que el compromiso fue pactado desde 2023, pero no se ha cumplido, pese a los acuerdos previos con la autoridad educativa.

El presidente de la Federación de Cecytes, Ramón Gastelum, advirtió que si no hay avances, promoverán un paro nacional que afectaría a más de dos millones de estudiantes. Los manifestantes marcharán hacia San Lázaro y amagaron con bloquear los accesos al recinto legislativo.

Productores de maíz de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Guanajuato rechazaron la propuesta del gobierno federal de fijar el precio por tonelada en 6 mil 50 pesos, al considerar que “no cubre los costos de producción”.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció el acuerdo con los gobiernos estatales, que incluye créditos y seguros agropecuarios, pero los agricultores rompieron el diálogo y advirtieron más bloqueos carreteros.

Los manifestantes exigen un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada y aseguran que la medida actual solo beneficia a la industria de la masa y la tortilla, dejando sin margen de ganancia al campo mexicano.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera reforzará la detección de recursos ilícitos y el combate a la extorsión en todo el país.

Durante una reunión con diputados, agradeció las reformas a la ley contra el lavado de dinero aprobadas en julio, que permiten un mayor seguimiento a operaciones con personas políticamente expuestas.

Harfuch afirmó que ha disminuido el “huachicol fiscal” y rechazó la creación de un mando único, al considerar prioritario fortalecer a las policías estatales para mejorar la coordinación nacional en materia de seguridad.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que avanza la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Desde el 10 de octubre y hasta el 10 de noviembre se realiza la distribución en módulos por orden alfabético.

Montiel detalló que hasta el momento se han entregado un millón 349 mil 462 tarjetas, y recordó que las beneficiarias deben acudir con identificación oficial y el comprobante recibido al momento del registro. La funcionaria destacó que el proceso se realiza de manera ordenada en todo el país.

Los recursos comenzarán a depositarse a finales de noviembre y principios de diciembre, y las beneficiarias recibirán un mensaje de texto para confirmar el depósito. El programa forma parte del compromiso del gobierno federal de garantizar apoyo económico y reconocimiento social a mujeres adultas mayores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a las y los legisladores a cumplir con su responsabilidad de asistir a las comisiones y sesiones del Pleno, subrayando que “ser diputado es un honor y un privilegio que exige compromiso y presencia”.

A través de un mensaje en redes sociales, Monreal llamó a “cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum” para avanzar en la construcción de un nuevo sistema jurídico que “proteja, defienda y garantice justicia para todos los mexicanos”.

El legislador recordó que su primera diputación fue en 1988 y destacó que el trabajo parlamentario requiere seriedad, eficacia y lealtad hacia la ciudadanía. “Nos debemos a la población y tenemos que responder con responsabilidad”, afirmó al convocar a fortalecer la unidad y el compromiso dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Autoridades de México y Estados Unidos identificaron a varias empresas químicas y agroindustriales con presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, dedicadas a la compra e importación de precursores químicos usados en la fabricación de drogas sintéticas. Las investigaciones apuntan a que estas compañías operan como fachadas dentro del comercio legal.

Fuentes del gabinete de seguridad confirmaron que al menos cuatro firmas mexicanas están bajo revisión: Agrícola Santa Fernanda, Agropecuaria Alfa y Omega, Grupo Pochteca y Globe Chemicals. De ellas, Grupo Pochteca ya enfrenta una investigación formal por posibles nexos con el crimen organizado.

De acuerdo con los reportes, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación habrían establecido relaciones con estas empresas para obtener químicos inocuos —como los usados en perfumería o alimentos— y desviarlos hacia la producción de metanfetaminas. Los operativos conjuntos buscan sancionar tanto a los grupos criminales como a sus proveedores industriales.

Las exportaciones mexicanas alcanzaron 56 mil 488 millones de dólares en septiembre, un aumento anual de 13.8%, impulsado por el crecimiento de 14.8% en las ventas no petroleras, informó el Inegi.

El dinamismo se concentró en el sector manufacturero, que subió 15.7%, con avances destacados en maquinaria y equipos industriales, mientras las exportaciones automotrices cayeron 0.2%. Las ventas agropecuarias, en cambio, bajaron 14.5%.

Las importaciones sumaron 58 mil 887 millones de dólares, 15.2% más que el año pasado, lo que dejó un déficit comercial de 2 mil 400 millones. En lo que va del año, el saldo negativo se redujo significativamente frente a 2024.

La Secretaría de la Defensa Nacional redefinirá su despliegue operativo para concentrar maquinaria y personal en los estados con mayores rezagos por las lluvias, principalmente en Hidalgo.

El titular de la dependencia, Ricardo Trevilla, explicó que se movilizarán ingenieros y equipo pesado del Campo Militar Número Uno para acelerar las labores de limpieza y reconstrucción en comunidades aún afectadas.

Hasta ahora, la Sedena mantiene más de ocho mil elementos desplegados y ha entregado más de 300 mil despensas, además de retirar miles de metros cúbicos de lodo y escombros como parte del Plan DN-III.