La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que el programa de vivienda del Gobierno de México suma 667 mil viviendas contratadas. Edna Vega, titular de la dependencia, presentó un balance del sector y señaló que actualmente existen 766 proyectos vinculados a predios destinados al desarrollo habitacional en diferentes puntos del país.

De acuerdo con la funcionaria, la inversión acumulada hasta el momento asciende a 75.9 mil millones de pesos. La estrategia busca recuperar la construcción de vivienda social y ampliar el acceso a un patrimonio para las familias, como parte de los programas impulsados durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Vega señaló que las diferentes acciones del sector vivienda contemplan beneficiar a 12 millones de familias. Además, indicó que el gobierno federal proyecta alcanzar una inversión total de un billón de pesos conforme avance el programa, que incluye la construcción de nuevas viviendas y otros proyectos relacionados con la política habitacional.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del PVEM, planteó fortalecer la colaboración entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de distintos sectores. Durante un foro realizado en la Cámara de Diputados, reconoció el trabajo de estas asociaciones y las dificultades que enfrentan para mantener sus actividades y conseguir recursos.

En el encuentro “Financiamiento y Cooperación Internacional para OSC desde la Agenda 2030”, Mendoza llamó a construir mayores vínculos entre autoridades y organizaciones para identificar problemáticas y desarrollar soluciones. Como ejemplo de sectores que requieren atención, mencionó a luchadores profesionales retirados y recordó que presentó una iniciativa para establecer pensiones que les permitan contar con mejores condiciones de vida.

Representantes de instituciones y organizaciones coincidieron en que gobierno y sociedad civil necesitan trabajar de manera coordinada. También destacaron la educación, el financiamiento y la cooperación como herramientas para impulsar proyectos sociales, ampliar oportunidades y atender a comunidades y grupos con distintas necesidades.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que no ha detectado un incremento en el uso de drones por parte de grupos delictivos en la frontera con Estados Unidos. El general Ricardo Trevilla señaló además que el operativo conjunto “Águila Alta”, desplegado entre ambos países, todavía no ha generado resultados del lado mexicano.

México mantiene 800 militares patrullando una franja de cinco kilómetros tomando como centro Otay Mesa, además de equipos antidrones con capacidad de inhibición de hasta tres kilómetros. El operativo se desarrolla del 31 de agosto al 21 de septiembre y la próxima semana autoridades mexicanas y estadounidenses intercambiarán información sobre los resultados obtenidos.

Trevilla explicó que, según información compartida por Estados Unidos, estos dispositivos son utilizados principalmente por traficantes de migrantes. Claudia Sheinbaum precisó que se trata de drones comerciales empleados para vigilar la presencia de autoridades fronterizas y descartó que estén equipados con armas de fuego.

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró el inicio del proceso electoral 2026-2027, en el que se disputarán más de 20 mil cargos en todo el país, incluida la renovación de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas. La sesión estuvo marcada por llamados a respetar la legalidad y advertencias sobre las condiciones en las que comienza la contienda.

El consejero Arturo Castillo advirtió que existen factores que podrían afectar la credibilidad y equidad de las elecciones, entre ellos la falta de reglas para contener actos anticipados de campaña. Señaló además recortes presupuestales, nuevas responsabilidades para el instituto y decisiones internas que, a su juicio, debilitan su función como árbitro electoral.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, rechazó los pronósticos negativos y aseguró que el organismo mantendrá su independencia frente a presiones políticas. Durante la sesión, representantes de Morena y PRI también intercambiaron críticas sobre el desempeño institucional y las condiciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, señaló que fortalecer el régimen de confianza para personas físicas y morales podría generar una recaudación cercana a 150 mil millones de pesos. La propuesta contempla ampliar el límite de ingresos para empresas de 30 a 50 millones de pesos anuales y para personas físicas de 3.5 a 5 millones.

Ramírez Cuéllar afirmó que también se busca combatir la declaración recurrente de pérdidas y el uso abusivo de deducciones. Según el legislador, de casi 480 mil empresas que declaran ingresos ante el SAT, más de 380 mil no pagan ISR, y algunas recurren a esquemas de planeación fiscal agresiva o facturación falsa para reducir sus obligaciones tributarias.

El diputado sostuvo que las tasas del ISR se mantendrían sin cambios, pero se establecerían mecanismos para garantizar una contribución mínima y fortalecer los pagos electrónicos. Aseguró que las empresas que cumplan correctamente sus obligaciones fiscales no resultarían afectadas y que las modificaciones beneficiarían principalmente a pequeñas y medianas empresas y personas asalariadas.

Sonora amplió de 33 mil 800 a 65 mil viviendas la meta estatal del programa Viviendas del Bienestar. La expansión se concretó después de que el estado entregara la totalidad de la reserva territorial requerida para desarrollar los proyectos, además de aportar los terrenos destinados a las nuevas construcciones.

Actualmente, más de 29 mil 300 viviendas se encuentran en construcción y otras 7 mil 500 están en etapa de proyecto. El Gobierno de Sonora también asumió los costos de infraestructura de agua potable, drenaje y electricidad, con el objetivo de evitar que estos conceptos incrementen el precio final para las familias beneficiarias.

Durante la administración de Alfonso Durazo también se han entregado más de 39 mil escrituras para brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias. La ampliación del programa se desarrolla en coordinación con el gobierno de Claudia Sheinbaum y busca facilitar el acceso a vivienda principalmente para trabajadores con ingresos de un salario mínimo.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público definirá el próximo lunes 14 de septiembre la ruta para analizar las iniciativas del Paquete Económico 2027 relacionadas con los ingresos públicos. Su presidente, Carol Antonio Altamirano, informó que se establecerá un proceso de trabajo abierto a las distintas fuerzas políticas, autoridades y representantes de los sectores social y privado.

La Comisión prevé reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para revisar la Ley de Ingresos, así como las reformas propuestas a las leyes Federal de Derechos y del Impuesto sobre la Renta. También analizará las iniciativas sobre la Ley Aduanera y la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Además, se propondrá declarar a la Comisión en sesión permanente para avanzar en la elaboración, discusión y eventual aprobación de los dictámenes correspondientes. Altamirano señaló que el procedimiento será institucional, plural y transparente, mientras que legisladores plantearon incorporar otros proyectos que cuenten con consenso entre los grupos parlamentarios.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llamó a los integrantes del organismo a no dejarse amedrentar ante amenazas o presiones durante el proceso electoral 2026-2027. Durante la sesión de arranque, aseguró que no hará caso de los “malos augurios”, mientras consejeros y representantes partidistas expresaron preocupaciones sobre la autonomía y credibilidad del Instituto.

El consejero Arturo Castillo advirtió que existen condiciones para que la elección sea cuestionada y señaló deficiencias en la vigilancia de los partidos, además de cambios en la estructura interna del INE. También mencionó nombramientos realizados sin aprobación del Consejo General, despidos y mayores responsabilidades para el organismo frente a restricciones presupuestales.

Representantes de PAN y PRI plantearon inquietudes sobre la estabilidad institucional, la violencia, la posible intervención del crimen organizado y la fiscalización electoral. En contraste, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, expresó confianza en que el Consejo General conduzca el proceso con legalidad y proteja la voluntad ciudadana.

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción se reunió con Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, para revisar los avances de fiscalización al Instituto. El presidente de la Comisión, Ricardo Mejía Berdeja, pidió fortalecer la vigilancia mediante tecnología y profundizar en posibles irregularidades relacionadas con recursos para investigación científica y material electoral.

Carvente informó que las acciones de fiscalización alcanzaron una cobertura nacional acumulada de 66 por ciento y generaron 223 recomendaciones correctivas y preventivas, además de 14 informes por presuntos hechos irregulares. También reportó 37.7 millones de pesos pendientes por aclarar, de los cuales 90 por ciento corresponde a recursos destinados a apoyos para investigación científica.

Durante la reunión también se informó sobre la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La Comisión será responsable de dictaminarla y establecerá un calendario para analizar la armonización de catastros y posibles medidas contra irregularidades y corrupción en esta materia.

El Instituto Nacional Electoral aprobó una nueva identidad visual que sustituirá los tradicionales tonos rosas por una paleta basada en lilas. La Junta General Ejecutiva avaló por unanimidad el nuevo Manual de Identidad Institucional, con el que se modificará el color utilizado en las comunicaciones y materiales oficiales del organismo.

El INE explicó que uno de los motivos del cambio fue que el partido Somos adoptó un color similar al utilizado por el Instituto. La consejera presidenta Guadalupe Taddei señaló que la nueva identidad también permitirá diferenciar con mayor claridad al personal electoral durante actividades de campo frente a partidos y organizaciones ciudadanas.

La nueva paleta estará integrada por azul, lila institucional y lila, mientras que los anteriores tonos rosas quedarán únicamente como referencia histórica. El INE señaló que la actualización también responde al crecimiento de plataformas digitales y busca homologar su identidad en todas las áreas, además de facilitar que la ciudadanía identifique comunicaciones, servicios y materiales oficiales.