La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez, informó que los programas sociales del gobierno federal ya benefician a más de 18 millones de derechohabientes en todo el país. Destacó que estas acciones representan una inversión social superior a los 526 mil millones de pesos y forman parte de la estrategia para ampliar la protección y el bienestar de sectores prioritarios de la población.

La funcionaria señaló que el programa Mujeres Bienestar, impulsado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, suma actualmente más de 2.7 millones de beneficiarias. Detalló que esta iniciativa cuenta con una inversión de 56 mil millones de pesos destinada a fortalecer la autonomía económica y las condiciones de vida de las mujeres mexicanas.

Ramírez agregó que el programa para personas con discapacidad atiende a 1.8 millones de beneficiarios con recursos por más de 36 mil millones de pesos. Asimismo, indicó que el apoyo para madres trabajadoras beneficia a 217 mil personas y cuenta con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos.

El diputado Eduardo Gaona Domínguez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para garantizar la actuación inmediata de las autoridades ante la desaparición o no localización de mujeres, niñas y adolescentes. La propuesta busca incorporar un artículo 21 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.

La reforma establece que los tres órdenes de gobierno deberán activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda vigentes, sin esperar plazo alguno. También contempla la implementación de medidas de protección para familiares o personas cercanas que pudieran encontrarse en riesgo, así como la coordinación interinstitucional desde el momento en que se reporte la desaparición.

Asimismo, plantea documentar y dar seguimiento puntual a cada caso, garantizando la participación de las familias durante el proceso de búsqueda. El legislador señaló que la iniciativa responde a recomendaciones de organismos internacionales y fortalece el cumplimiento de compromisos asumidos por México para prevenir y combatir la violencia de género, además de proteger de manera más eficaz a mujeres, niñas y adolescentes.

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciarán este lunes una huelga nacional con movilizaciones en la Ciudad de México y diversas entidades del país. El magisterio disidente demandará la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la reforma educativa de 2012 y un incremento de 100 por ciento al salario base.

La jornada comenzará con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, donde los docentes pretenden instalar un plantón permanente. Sin embargo, los dirigentes reconocieron que el acceso a la Plaza de la Constitución enfrenta restricciones debido a las instalaciones relacionadas con el Mundial de Futbol. La CNTE advirtió que intentará llegar al centro de la capital pese a los operativos de seguridad desplegados en la zona.

Los líderes magisteriales señalaron que las protestas podrían extenderse durante el Mundial si no existe diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum ni avances en sus demandas. La organización estima la participación de alrededor de 100 mil docentes y reiteró exigencias relacionadas con derechos laborales, democratización sindical y reinstalación de maestros cesados.

El gobierno federal otorgó a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) la responsabilidad de coordinar el suministro, almacenamiento, abastecimiento y distribución de medicamentos, material de curación e insumos médicos para las instituciones públicas de salud. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con las nuevas facultades, Birmex será la instancia encargada de realizar las contrataciones de medicamentos y materiales con base en la demanda consolidada del sector salud. También deberá efectuar investigaciones de mercado, coordinar procesos de adquisición y supervisar el cumplimiento de contratos suscritos con proveedores para garantizar el abastecimiento oportuno en hospitales y clínicas públicas.

Además, la empresa estatal administrará convenios de colaboración con dependencias y entidades que soliciten el servicio integral. Entre sus atribuciones estará vigilar entregas, aplicar sanciones por incumplimientos y coordinar toda la cadena logística para asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos en el sistema nacional de salud.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez Reyes, junto con regidores de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, denunció presuntas irregularidades en la administración municipal, entre ellas la falsificación de documentos oficiales, uso indebido de recursos públicos y posibles violaciones a procedimientos legales. Solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Ramírez Reyes sostuvo que en ese municipio se habrían falsificado firmas, sellos oficiales y documentos relacionados con procedimientos administrativos y fiscales. Afirmó que estas acciones derivaron en afectaciones económicas para regidores, quienes enfrentarían adeudos personales superiores a 200 mil pesos debido a una defensa jurídica presuntamente irregular.

Por su parte, regidores municipales señalaron que las notificaciones judiciales fueron concentradas en un despacho cuya existencia legal cuestionan y acusaron una posible protección institucional que habría impedido revisar peritajes sobre firmas y sellos. También pidieron la intervención del gobernador de Oaxaca y de los congresos estatal y federal para atender el caso.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, aseguró que las perspectivas de crecimiento económico de México continúan respaldadas por un mercado laboral sólido, el aumento de los ingresos laborales y las transferencias sociales dirigidas a los sectores más vulnerables. Durante el Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, sostuvo que estos factores fortalecen el consumo interno y contribuyen a la estabilidad económica del país.

El funcionario señaló que la inversión productiva retomará gradualmente una trayectoria más dinámica conforme aumente la certidumbre y avance la agenda de colaboración entre los sectores público y privado. Destacó que una de las prioridades del gobierno es vincular la política industrial con la transición energética y mecanismos de financiamiento que impulsen el desarrollo de largo plazo.

Amador resaltó además la importancia de las emisiones simplificadas para facilitar el acceso de pequeñas y medianas empresas al mercado bursátil. Explicó que esta herramienta permitirá financiar proyectos de expansión, innovación e infraestructura. También afirmó que México conserva fortalezas estratégicas gracias a su integración con América del Norte, estabilidad macroeconómica y capacidad manufacturera en sectores clave.

El gobierno federal y la iniciativa privada renovaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el compromiso de mantener en 910 pesos el precio máximo de una canasta integrada por 24 productos básicos. La medida busca contener el aumento de precios y proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, especialmente las de menores ingresos.

Durante la firma del acuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la coordinación entre autoridades y empresarios ha contribuido a evitar mayores presiones inflacionarias. Señaló que, sin estas acciones, la inflación podría haberse ubicado en niveles mucho más altos, afectando directamente el consumo y la economía de los hogares.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó que la renovación del PACIC brinda certidumbre en un contexto internacional complejo. Por su parte, representantes empresariales destacaron que el acuerdo ha ayudado a estabilizar precios desde 2022. La canasta incluye alimentos, granos, carnes, lácteos, frutas, verduras y artículos de higiene personal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, informó al Pleno de la Cámara de Diputados que se aplazará la discusión del dictamen que reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el propósito de contar con más tiempo para su análisis, fortalecer su contenido y construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Durante la sesión extraordinaria, Monreal explicó que la propuesta relacionada con las causales de nulidad de votación en casillas y de elecciones federales es relevante para el sistema electoral mexicano, por lo que consideró necesario actuar con prudencia jurídica. Señaló que, aunque existe mayoría para aprobarla, se busca alcanzar el mayor consenso posible antes de avanzar en una legislación de gran trascendencia.

El legislador precisó que primero debe consolidarse la reforma constitucional en materia de nulidad electoral y posteriormente armonizar la legislación secundaria. Añadió que corresponderá al Tribunal Electoral determinar la aplicación de estas disposiciones y valorar las pruebas en cada caso, bajo criterios claros de legalidad, certeza y determinancia.

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la ciudadanía a asistir este 31 de mayo a su acto de rendición de cuentas, donde presentará los avances de su administración a dos años de haber ganado la elección presidencial. A través de un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que existen numerosos resultados que compartir con la población sobre las acciones emprendidas por su gobierno.

La mandataria convocó a los simpatizantes y ciudadanos a reunirse a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, así como en plazas públicas de todo el país donde se replicará el evento. Señaló que México vive un momento de transformación impulsado por la participación de millones de personas.

Durante el encuentro denominado “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”, Sheinbaum presentará un balance de gobierno y conmemorará el segundo aniversario de su triunfo electoral. Además, destacó que el acto servirá para reafirmar la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación.

El Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional que aplaza hasta junio de 2028 la elección judicial y permite la reelección de los siete magistrados que actualmente integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un nuevo periodo de seis años. La propuesta fue respaldada por Morena y sus aliados con 87 votos a favor y 40 en contra.

La reforma también establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se organice en dos secciones que solo podrán sesionar con autorización del pleno. Asimismo, reduce de nueve a ocho años la duración del encargo de jueces y magistrados que resulten electos en la jornada judicial prevista para 2028, concluyendo funciones en 2036.

Durante el debate, legisladores de oposición criticaron la iniciativa al considerar que profundiza la politización de la justicia. Tras la aprobación en lo general, el Senado continuó la discusión de reservas que serán votadas en lo particular antes de concluir el proceso legislativo.