El hijo mayor del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, volvió a estar en el centro del debate tras la publicación de nuevas facturas de su viaje a Japón. Según Aristegui Noticias, los gastos ascendieron a más de 177 mil pesos en apenas 14 días de estancia en el hotel The Okura Tokyo.

Las facturas revelan consumos que contradicen su versión previa, donde aseguró haber pagado apenas 7 mil 500 pesos. Entre los registros aparecen cenas de hasta 47 mil pesos, servicios de spa y cargos adicionales que superan el sueldo mensual de la presidencia. La publicación ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia y el estilo de vida del secretario de Organización de Morena.

Ante la exposición mediática, López Beltrán acusó un “linchamiento político” orquestado por adversarios. Sin embargo, el contraste entre lo declarado y lo documentado refuerza la percepción de opacidad. En un país marcado por desigualdades, estos episodios abren dudas sobre la coherencia ética del círculo más cercano al poder.

Beatriz Gutiérrez Müller rechazó en una carta difundida en redes sociales que haya cambiado su residencia a España, como publicó el diario ABC. La esposa del expresidente López Obrador aseguró que continúa dedicada a la docencia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde trabaja desde hace décadas.

La también escritora calificó las versiones como calumnias mediáticas y defendió la unión de su familia. Subrayó que recientemente visitó a López Obrador en Palenque y enfatizó que siempre protegerá a los suyos. Además, acusó a medios españoles de buscar venganza política contra el expresidente, a quien atribuyó haber reducido pobreza y desigualdad durante su mandato.

El señalamiento del diario español generó respuesta inmediata en México y abrió debate en torno a la vida privada de figuras políticas. Aunque Gutiérrez Müller insiste en su independencia de la política, su defensa pública muestra que la disputa narrativa trasciende fronteras. El reto será separar lo personal de lo mediático en un entorno cada vez más polarizado.

El “Taruk”, primer autobús eléctrico mexicano, ya generó interés en Estados Unidos, donde autoridades de Los Ángeles plantearon un pedido potencial de entre 10 mil y 20 mil unidades en los próximos dos años. El anuncio lo hizo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al presentar el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Puebla, resaltando que se trata de una oportunidad histórica para consolidar la soberanía tecnológica del país.

El autobús, diseñado por Megaflux y DINA, cumple con el 75 por ciento de contenido nacional requerido por el T-MEC, aunque actualmente su capacidad de producción es de apenas dos mil unidades anuales, con planes de crecer a seis mil. El Gobierno de Puebla ya manifestó interés en adquirir veinte unidades para conectar zonas turísticas.

Ebrard subrayó que este proyecto se inscribe en una estrategia más amplia de innovación y seguridad tecnológica frente a la dependencia de Asia. El reto será responder a la demanda internacional con capacidad productiva y visión de largo plazo que consolide a México como potencia en electromovilidad.

Dos organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su respaldo al senador Alejandro “Alito” Moreno, a quien consideran víctima de persecución política por parte del Gobierno de México. Davika Bissessar, de Bonaire Human Rights Organization, y James Finis, de Nos Kier Boneiru Bek, advirtieron que el hostigamiento judicial contra el líder opositor refleja prácticas propias de regímenes autoritarios que buscan debilitar a la disidencia.

Ambos defensores señalaron que el caso será llevado ante la subsecretaria general de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, y se informará a organismos internacionales sobre la situación. Argumentaron que el uso de fiscalías y órganos judiciales como instrumentos de presión política vulnera el Estado de Derecho y puede derivar en riesgos contra la vida del legislador y su familia.

El señalamiento internacional coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo mayor escrutinio en materia de respeto a las libertades políticas. La acusación abre un debate incómodo: ¿México avanza hacia un modelo de justicia politizada o puede garantizar a la oposición un espacio democrático libre de represalias?

El diputado Raymundo Vázquez Conchas, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación con el fin de incluir la enseñanza de valores éticos y sociales en los programas de estudio. La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 30 para garantizar que las materias impartidas por el Estado promuevan principios como respeto, honestidad, lealtad, tolerancia, perseverancia, gratitud y solidaridad.

En su exposición de motivos, el legislador subrayó que los valores son pilares en la formación del individuo y permiten el desarrollo armónico dentro de la sociedad. Recordó que la familia, la escuela y la comunidad son espacios clave para asimilar estas prácticas, por lo que la enseñanza formal debe asumir un papel central en su consolidación.

La iniciativa reconoce que una educación de calidad no se limita a conocimientos académicos, sino que forma ciudadanos responsables y con brújula moral. El reto será que esta propuesta se traduzca en políticas educativas efectivas, capaces de generar un cambio cultural profundo en un país donde la ética pública y social sigue siendo un desafío pendiente.

La embajadora de Palestina en México denunció que la ofensiva israelí contra Gaza constituye un genocidio, agravado por un bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria. Señaló que la población civil enfrenta hambre, falta de medicinas y desplazamientos forzados.

En conferencia, acusó que Israel utiliza la guerra como herramienta de castigo colectivo y pidió a la comunidad internacional pronunciarse con acciones más firmes para detener la violencia. Subrayó que la crisis no es solo militar, sino también humanitaria y de derechos humanos.

El llamado refleja la urgencia de atender una tragedia que acumula miles de víctimas y mantiene a Gaza aislada del mundo. La pregunta es si los gobiernos seguirán observando desde lejos o asumirán un papel más activo frente a la catástrofe.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una zona de baja presión en el Atlántico tiene alta probabilidad de convertirse en el ciclón tropical Fernand este viernes. El sistema mantiene desplazamiento hacia el oeste, con trayectoria que podría acercarlo a costas del Golfo de México en los próximos días.

Autoridades de Protección Civil señalaron que, de intensificarse, el fenómeno provocaría lluvias fuertes en estados del oriente y sureste, además de oleaje elevado. Se exhortó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones oficiales ante posibles afectaciones.

La temporada de huracanes se ha mostrado particularmente activa y subraya la vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos extremos. El reto está en mejorar la prevención comunitaria para reducir riesgos más allá de la reacción inmediata.

Se reveló que Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, es propietario de dos departamentos en Reforma 222, uno de los complejos más exclusivos de la Ciudad de México. La información ha generado críticas sobre la congruencia entre su cargo público y el nivel de patrimonio que posee.

Los inmuebles fueron adquiridos cuando Delgado ocupaba otros puestos de responsabilidad política y administrativa. Aunque el funcionario asegura que sus bienes están debidamente declarados, la falta de claridad sobre sus ingresos en esos periodos reaviva sospechas sobre posibles conflictos de interés.

El caso refleja la desconfianza ciudadana hacia los servidores públicos y sus patrimonios. Más allá de la legalidad, persiste la duda: ¿puede un funcionario que administra recursos educativos sostener una vida de privilegios sin que se cuestione el origen de su fortuna?

La organización Defensorxs y el grupo periodístico Pie de Nota revelaron un listado con once políticos y exfuncionarios acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado. Entre ellos se incluyen gobernadores en funciones, exgobernadores y exsecretarios de seguridad con antecedentes de investigaciones abiertas o sentencias judiciales.

De acuerdo con los periodistas, se trata de una investigación colaborativa que documenta más de treinta nombres, los cuales serán publicados en distintas entregas. En esta primera parte aparecen personajes como Rubén Rocha Moya, Ricardo Gallardo, Silvano Aureoles y Hernán Bermúdez, señalados por nexos con distintos grupos delictivos en sus estados.

El objetivo de la publicación, explicaron sus organizadores, es construir una memoria colectiva que evite el encubrimiento de estas figuras públicas. La denuncia también expone la fragilidad institucional frente al crimen y deja abierta la pregunta sobre hasta dónde alcanza la responsabilidad política en estas redes de poder.

La Secretaría de Economía, en colaboración con el BID y la CEPAL, convocó a un taller para integrar políticas de cuidados en empresas y parques industriales. El encuentro se enmarca en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer y en la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho humano autónomo al cuidado como un eje clave para la igualdad.

Durante la sesión, el subsecretario Vidal Llerenas subrayó que la política industrial mexicana debe vincularse a la agenda de cuidados para garantizar desarrollo económico con equidad. Se presentó además la Estrategia de Género para la Política de Desarrollo Productivo, que promueve la incorporación de más mujeres al sector formal mediante regulaciones, proyectos piloto y alianzas empresariales.

Las mesas de diálogo recabaron propuestas sobre cómo facilitar la conciliación laboral y familiar en las empresas. El reto será traducir estos esfuerzos en una norma empresarial efectiva, que no quede en discurso y realmente reduzca las brechas de género en el ámbito productivo.