La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que en septiembre se abrirá el registro a la Beca Rita Cetina 2025, ahora con cobertura para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas. Para inscribirse, los padres o tutores deberán confirmar previamente en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) que los datos del alumno estén actualizados y que la institución lo haya reportado como inscrito.

El apoyo económico consiste en 1,900 pesos bimestrales por estudiante, con un extra de 700 pesos por cada hijo adicional registrado. Los pagos se entregan a través de la Tarjeta Bienestar, utilizable en cajeros y ventanillas del banco correspondiente. El proceso de inscripción iniciará el 15 de septiembre en la página oficial del programa, donde será necesario cargar documentos como CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio, correo electrónico y número de celular.

Aunque el programa representa un respaldo directo a las familias, el reto será garantizar que el padrón sea confiable y que el uso del SIGED evite irregularidades. La ampliación de cobertura muestra la intención de reforzar la política social, pero plantea también la necesidad de transparencia y eficiencia administrativa para llegar a quienes más lo necesitan.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Lilly Téllez acusó a Gerardo Fernández Noroña de ser aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, calificándolo de “traidor”. El presidente del Senado respondió de inmediato señalando que “la única traidora es usted”, en un intercambio que tensó el debate parlamentario mientras se discutía la recepción de una delegación brasileña.

Más tarde, en conferencia de prensa, Fernández Noroña defendió su postura al advertir que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería “gravísima” y contraria a los principios de soberanía. Subrayó que corresponde únicamente al pueblo venezolano decidir su destino político, reiterando el rechazo histórico de México a toda forma de intervención extranjera.

El choque entre Téllez y Noroña refleja cómo la política exterior se convierte en campo de disputa interna. Entre acusaciones de traición y llamados a la soberanía, la confrontación exhibe la fragilidad del debate político mexicano ante escenarios internacionales complejos.

La Fiscalía General de la República confirmó que Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo, es buscado a nivel internacional tras la emisión de una ficha roja por parte de Interpol. La medida deriva de un proceso judicial iniciado en 2020, cuando una denuncia por daño doloso a la propiedad expuso un conflicto en un inmueble de Campos Elíseos, en la Ciudad de México.

El caso ganó notoriedad pública después de que se difundiera un video donde Levy golpeaba la puerta del departamento en disputa, lo que generó indignación por el trato hacia una adulta mayor. Desde entonces, el proceso avanzó hasta culminar en una orden de aprehensión que ahora lo coloca en la mira internacional.

Con formación en Derecho por la UNAM y una trayectoria en negocios e instituciones públicas, Levy transitó de ser funcionario cercano al poder a convertirse en prófugo. El contraste refleja cómo la justicia alcanza incluso a quienes ocuparon altos cargos, y plantea dudas sobre la ética y responsabilidad de las élites políticas en México.

Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que los ministros electos han acordado lineamientos iniciales para reorganizar la carga de trabajo del máximo tribunal. El objetivo es que los casos puedan remitirse, según su complejidad, a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito, con la finalidad de garantizar mayor celeridad en los procesos.

El ministro presidente electo señaló que la Corte puede emitir “acuerdos generales” para distribuir los asuntos y evitar la acumulación de casos en el pleno. Esta decisión busca responder a las críticas sobre la desaparición de las dos salas creadas en 1995, que permitían resolver gran parte de los expedientes sin necesidad de llegar a la instancia principal.

La reorganización anunciada abre la discusión sobre el futuro de la justicia en México: ¿logrará la Corte mantener su independencia y eficiencia con un modelo centralizado, o la reforma judicial terminará debilitando su capacidad de respuesta ante la ciudadanía?

El periodista Claudio Ochoa relató cómo recibió las primeras imágenes de Andy López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, durante un viaje a Tokio el 26 de julio. A través de un informante, obtuvo fotografías de Daniel Asaf, colaborador cercano a López Obrador, y posteriormente del propio Andy en el bufet del hotel Okura, lo que confirmó su presencia en Japón pese a compromisos laborales en México.

Un día después, una segunda fuente le envió más fotografías, esta vez mostrando al heredero del ex mandatario en una tienda Prada acompañado de dos personas, una de ellas cargando bolsas de compras. Las publicaciones desataron cuestionamientos sobre su estilo de vida y la falta de coherencia con el discurso de austeridad que impulsó su padre.

Ochoa enfatizó que López Obrador nunca exhibió lujos durante su trayectoria política, a diferencia de sus hijos, a quienes describió con un perfil distante del legado de “justa medianía”. El contraste ha avivado críticas sobre el papel de Andy y el peso simbólico de su apellido en la política mexicana.

La presencia de Adán Augusto López volvió a generar tensión en la Comisión Permanente del Senado. La panista Lilly Téllez acusó al exsecretario de Gobernación de presuntos vínculos con el crimen organizado y exigió su salida del pleno, lo que desató un fuerte enfrentamiento. En respuesta, la morenista Yeidckol Polevnsky pidió orden y calificó los señalamientos como un exabrupto, al sugerir incluso que se trataba de un comportamiento fuera de control.

El episodio reflejó nuevamente la polarización entre bancadas, donde los ataques personales sustituyeron la discusión de fondo. La presencia de López, considerado cercano al círculo presidencial, se convirtió en detonante para la oposición que insiste en cuestionar su papel político.

Este tipo de enfrentamientos exhibe un Senado atrapado en acusaciones, gritos y descalificaciones, más que en debates sobre políticas públicas. La escena evidencia cómo las diferencias partidistas bloquean la deliberación institucional y profundizan el desgaste de la vida parlamentaria.

El Gobierno de México oficializó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la CURP biométrica, un documento que integra huellas dactilares, reconocimiento facial y firma electrónica. A partir del 16 de octubre de 2025, las dependencias deberán reconocerla como identificación válida, aunque su uso será opcional durante una etapa de transición que busca familiarizar a la ciudadanía con el nuevo formato.

El calendario establece que desde enero de 2026 podrá tramitarse en todos los módulos del Registro Civil y que, a partir de febrero, será obligatoria para realizar trámites públicos y privados en todo el país. Con ello, la CURP biométrica se perfila como el único documento de identidad oficial reconocido, desplazando en importancia a otros instrumentos tradicionales.

Aunque la medida promete mayor seguridad, también ha despertado críticas sobre la privacidad y el resguardo de los datos personales. El reto será garantizar que la transición respete los derechos ciudadanos y que la digitalización no se convierta en un factor de exclusión.

El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Éric Flores Cervantes, confirmó que en las cinco carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche contra Alejandro “Alito” Moreno “sí hay elementos” para sustentar el proceso de desafuero. Los delitos que se le atribuyen son peculado y ejercicio indebido del servicio público durante su gestión como gobernador.

Flores explicó que el análisis del expediente está muy avanzado y que en septiembre se notificará formalmente al dirigente nacional del PRI sobre el inicio del procedimiento. Recalcó que no se trata de un tema político, sino de un proceso estrictamente jurídico basado en la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Mientras tanto, Moreno ha señalado que enfrenta una persecución política y ha buscado exponer su caso en instancias internacionales. Sin embargo, la sección instructora insiste en que no habrá sesgos políticos en su revisión. El reto será comprobar si la justicia logra imponerse sobre la narrativa partidista en un proceso que puede redefinir el futuro del priísmo.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la liberación inmediata del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, tras fallar una tutela a su favor. La decisión revoca la medida de detención domiciliaria impuesta el 1 de agosto, cuando fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal.

El fallo indica que la privación de la libertad queda suspendida hasta que la sala de decisión penal de segunda instancia resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa. En consecuencia, el tribunal instruyó al juzgado responsable expedir de inmediato la boleta de libertad para el ex mandatario.

El caso, que ha polarizado a Colombia, vuelve a colocar a Uribe en el centro del debate político y judicial. La resolución, aunque provisional, refleja la fragilidad institucional ante figuras de gran poder y abre interrogantes sobre la independencia de la justicia en procesos de alto perfil.

La pobreza en México se ha reducido desde 2018, pero la desigualdad estructural permanece intacta. Un análisis de Oxfam México y el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad reveló que el 1 por ciento más rico del país concentra el 35 por ciento del ingreso total, mientras el 10 por ciento con mayores carencias percibe apenas el 2 por ciento.

Los datos de la Enigh 2024 muestran que, aunque los ingresos de ambos grupos crecieron 29 por ciento desde 2018, el abismo entre ellos es abrumador: el sector más pobre recibe en promedio 2 mil 168 pesos mensuales por persona, mientras que el 1 por ciento más acaudalado capta 958 mil 777 pesos, una diferencia de 442 veces.

Aunque más de 13 millones de personas han salido de la pobreza, el acceso a derechos sigue condicionado por el nivel de ingreso. La desigualdad evidencia que los avances en salario mínimo y programas sociales no son suficientes para garantizar movilidad social ni justicia económica.