México buscará introducir el tema del trabajo forzoso en la próxima revisión del T-MEC, según anunció Gabriel Tamariz Sánchez, funcionario de la Secretaría del Trabajo. La propuesta abarca la prohibición de importar o exportar productos fabricados bajo esquemas de trabajo infantil o forzado, lo que colocaría la discusión en el centro de la agenda laboral y comercial del bloque.

El planteamiento fue expuesto durante el Congreso Laboral 2025 en Monterrey, donde Tamariz explicó que el tema es de interés común para gobiernos y empresas de la región. Argumentó que, además de ser una cuestión ética, representa una medida comercial para proteger las industrias nacionales frente a prácticas desleales.

Sobre la revisión del tratado, advirtió tres escenarios: una extensión de 16 años, revisiones anuales con continuidad o la ausencia de acuerdo que podría derivar en su debilitamiento. El reto será mantener consensos reales, evitando que la presión política desgaste el pacto regional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores estableció lineamientos para capacitar a quienes asuman embajadas y consulados sin pertenecer al Servicio Exterior Mexicano. Los cursos serán impartidos por el Instituto Matías Romero y deberán completarse entre el nombramiento y la ratificación del Senado.

El programa contempla formación en política exterior, diplomacia práctica, marco legal, servicios consulares y gestión administrativa. La capacitación busca dotar de herramientas mínimas a los designados para garantizar atención adecuada a mexicanos en el extranjero y evitar vacíos en la representación.

La medida responde a críticas históricas por nombramientos políticos sin experiencia diplomática. Con este esquema, la Cancillería intenta profesionalizar la función, aunque persiste el debate sobre si la formación breve puede sustituir la carrera del servicio exterior. El riesgo de improvisación en un contexto internacional complejo mantiene abierta la discusión.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien llegó a sonar como posible secretario de Marina, fue detenido junto a funcionarios y empresarios por integrar una red de contrabando de combustibles. Su captura se deriva del caso del buque Challenge Procyan, descubierto en marzo con 10 millones de litros de diésel ingresados irregularmente por Tamaulipas.

Farías Laguna, sobrino del exsecretario naval José Rafael Ojeda Durán, había tenido un ascenso meteórico en la institución, pasando de contraalmirante a vicealmirante en dos años. Sin embargo, arrastraba denuncias de corrupción y tráfico de influencias en contrataciones y promociones dentro de la Marina. Su destitución como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en 2025 ya había levantado sospechas.

La caída de este mando revela la persistencia de redes de poder militar vinculadas al negocio ilícito de combustibles. Que un perfil considerado para encabezar la Secretaría de Marina termine en prisión exhibe los riesgos de la opacidad institucional y la fragilidad de los mecanismos de control. El reto será si la justicia logra romper estos círculos de impunidad.

Claudia Sheinbaum inicia su segundo año de gobierno con sello propio y un margen político que la aleja de las sombras de su antecesor. Con la reforma judicial ya resuelta y el acuerdo en seguridad con Estados Unidos, la mandataria presentó su primer informe con cifras que apuntalan su autonomía, destacando una caída del 25% en homicidios y el lanzamiento de sus primeros presupuestos.

El viraje más evidente está en la estrategia de seguridad. Mientras Andrés Manuel López Obrador priorizó los “abrazos y no balazos”, Sheinbaum apuesta por la inteligencia, la investigación y el despliegue militar estratégico con la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena. En paralelo, mantiene y expande los programas sociales, presentados como el plan más ambicioso en la historia del país.

Con popularidad de 79%, incluso mayor que la de AMLO en su primer año, Sheinbaum avanza en la construcción de un liderazgo autónomo. La incógnita es si la reducción de homicidios y la inversión social lograrán consolidarse como ejes duraderos o si enfrentarán los mismos límites que marcaron a su predecesor.

México enfrenta la amenaza de perder la certificación como país libre de sarampión tras confirmarse más de 4,400 casos en lo que va de 2025, concentrados en Chihuahua, donde comunidades con baja cobertura de vacunación y negativa a aplicarse el biológico propiciaron la propagación. En contraste, brotes previos en zonas con mayor inmunización fueron controlados rápidamente, evidenciando la importancia de la prevención.

Los especialistas advierten que si el virus sigue activo durante un año sin lograr cortar cadenas de transmisión, México podría perder el reconocimiento internacional. Las muertes registradas en su mayoría corresponden a personas no vacunadas, incluidas niñas y niños, jornaleros agrícolas e integrantes de comunidades indígenas y menonitas. Las cifras reflejan un retroceso tras décadas de altos niveles de inmunización.

La Secretaría de Salud desplegó cercos epidemiológicos, bloqueos vacunales y jornadas intensivas, con 4.5 millones de dosis aplicadas en ocho meses y un stock de 10 millones disponibles. Sin embargo, el desafío principal es la resistencia cultural y la desconfianza, factores que muestran cómo la falta de vacunación no solo pone en riesgo a comunidades aisladas, sino a todo el país.

Desde 2018, la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación ha recibido 2 mil 391 solicitudes, de las cuales 411 han derivado en liberaciones avaladas por jueces federales. El informe anual entregado al Congreso precisa que la mayoría de los beneficiarios son hombres, aunque también hay 159 mujeres y una persona de la comunidad LGBT+, además de 44 integrantes de pueblos originarios que no tuvieron acceso a defensores o intérpretes.

El documento subraya que la pobreza ha sido el factor principal en 430 casos. Otras razones incluyen discapacidad, robo simple sin violencia o discriminación. Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas concentran la mayor parte de beneficiados. Además, se reporta que 140 personas ya tienen empleo y que el INE restituyó los derechos político-electorales de quienes recuperaron su libertad.

Durante el último año, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, se aprobaron solo 21 solicitudes, la cifra más baja desde 2020. Aunque se publicaron nuevos lineamientos en junio, la baja en casos aprobados plantea dudas sobre el alcance real de la política de amnistía y si responde a la expectativa social de justicia y reinserción.

Más de la mitad de los ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral tienen familiares en cargos públicos, reveló un informe de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El fenómeno, visible en órganos clave como la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del TEPJF, refleja cómo las redes familiares siguen pesando en la vida institucional.

Casos como el de la ministra Lenia Batres, con seis parientes en puestos oficiales, ilustran la magnitud del problema. Lo mismo ocurre con otros jueces y magistrados que acumulan vínculos en dependencias federales, estatales y locales, mientras los órganos encargados de vigilar la ética judicial también muestran las mismas prácticas.

El nepotismo, definido como el uso de un cargo público para favorecer a familiares, no es nuevo en México. Pero que persista en plena “renovación” del Poder Judicial cuestiona la legitimidad de este proceso. La supuesta nueva etapa parece repetir viejos vicios, evidenciando que la justicia sigue atrapada entre intereses familiares y políticos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el acuerdo alcanzado con Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, tras su reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Señaló que la oposición había apostado a un fracaso en el diálogo y que sus críticas quedaron sin sustento, pues el funcionario estadounidense reconoció a México como el país que más colabora en el combate a la delincuencia organizada.

En su conferencia matutina, la mandataria acusó a sus adversarios de difundir “mentiras y calumnias” con la expectativa de que Washington exhibiera presuntos vínculos de su gobierno con el narcotráfico. “Se les cayó el teatrito”, expresó, al destacar que el encuentro confirmó respeto a la soberanía y resultados en cooperación bilateral.

Sheinbaum reveló además que se abordó la extradición de criminales hacia México, un tema que calificó de reciprocidad frente a las solicitudes de Estados Unidos. Con ello, buscó enfatizar que el acuerdo no solo fortalece la relación diplomática, sino que también protege intereses prioritarios para la seguridad nacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, descartó que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales forme parte de la agenda del actual periodo de sesiones. Reconoció, sin embargo, que existe un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar la medida antes de que concluya su sexenio en 2030.

El legislador afirmó desconocer si la propuesta será discutida este año, pese a que el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar adelantó que podría aprobarse con aplicación escalonada. Monreal insistió en que, hasta ahora, “no ha sido motivo de la agenda legislativa” y que no tiene elementos para confirmar la versión de su correligionario.

Con ello, la reducción de la jornada laboral sigue sin fecha definida. Aunque el gobierno ha asumido el compromiso de impulsarla, el retraso legislativo refleja las tensiones internas en torno a una reforma que impactaría de lleno en la relación entre capital y trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora presidida por Hugo Aguilar Ortiz e integrada por ocho nuevos ministros, aprobó un nuevo reglamento para ordenar sus sesiones. Entre los cambios, se establece que los proyectos de resolución serán públicos desde tres días antes de la discusión, con versiones abiertas al alcance de la ciudadanía.

La primera sesión del nuevo Pleno será el 11 de septiembre, cuando se analizarán 14 proyectos de bajo perfil presentados por las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Además, la Corte resolvió que de lunes a jueves se atenderán los distintos asuntos: constitucionales, penales, civiles, laborales y administrativos, concentrando en el Pleno la carga que antes se dividía en dos salas.

El reglamento también abre la puerta a que la Corte sesione fuera de su sede en Pino Suárez, en casos de “interés y trascendencia”. Con ello, se busca dar un rostro más abierto a la justicia, aunque el reto será evitar que la sobrecarga de asuntos convierta la promesa de eficiencia en prolongados debates sin salida.