La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reputación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tras la detención de sus sobrinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, señalados como líderes de una red de huachicol fiscal. Según Sheinbaum, Ojeda había denunciado actos de corrupción en aduanas desde 2023, aunque las detenciones ocurrieron hasta este año con nuevas pruebas.

La mandataria explicó que el caso detonó a partir del buque Challenge Procyan, que ingresó a Tampico en marzo de 2025 con diésel oculto bajo documentación falsa. A raíz del hallazgo, la Fiscalía logró reunir elementos para arrestar a 14 personas, entre marinos, empresarios y exfuncionarios aduanales, lo que permitió robustecer el expediente.

El respaldo presidencial busca aislar a Ojeda Durán de las acusaciones, aunque persiste la sombra de complicidad por la cercanía familiar. En un país con larga tradición de impunidad, la duda es si la justicia avanzará hasta el fondo o quedará limitada a manzanas podridas.

El capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue hallado muerto en su oficina en Tamaulipas, en un hecho que las autoridades han señalado como un presunto suicidio. El marino estaba implicado en una investigación por permitir la entrada de un buque con 10 millones de litros de combustible ilegal.

Pérez Ramírez fungía como director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y fue mencionado en expedientes de la Fiscalía General de la República como uno de los oficiales que habría recibido sobornos. Tras su muerte, la Secretaría de Marina lamentó el deceso y expresó condolencias, sin referirse directamente a su papel en la investigación.

Este caso se suma a una cadena de muertes ligadas al huachicol fiscal, entre ellas el asesinato de un contralmirante y el homicidio de una funcionaria de la FGR. Cada episodio evidencia la profundidad de una red de complicidad que golpea a las instituciones y exige respuestas firmes.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, fue detenido junto a su hermano Fernando por encabezar una red vinculada al llamado huachicol fiscal. La aprehensión, realizada el 2 de septiembre, lo convierte en el funcionario de mayor rango capturado durante la administración de Claudia Sheinbaum. La red combinaba complicidades de instituciones públicas y actores privados en la comercialización ilegal de combustibles.

La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones derivaron de una denuncia del propio Ojeda y se extendieron por dos años, revelando la participación de empresarios, exfuncionarios aduanales y al menos cinco marinos en activo. En operativos recientes, también se aseguraron 10 millones de litros de combustible y decenas de vehículos.

El caso evidencia la magnitud del crimen organizado dentro de estructuras estatales y abre un debate sobre la corrupción en mandos de alto nivel. La pregunta crítica es si este golpe será suficiente para contener la infiltración de redes criminales en instituciones de seguridad.

La Secretaría de Educación Pública inauguró la Jornada de Concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil en escuelas públicas y privadas. El secretario Mario Delgado afirmó que la campaña responde a un compromiso ético con la Nueva Escuela Mexicana y a la obligación de generar entornos seguros. En el Diario Oficial se publicaron lineamientos para detección, atención y medidas de no repetición.

Durante el arranque en Iztacalco, Delgado insistió en romper el silencio bajo la premisa “Te veo, Te creo, Te cuido”. De acuerdo con datos del INE, 16% de menores de 10 a 13 años reconocen haber vivido abuso sexual, cifra que asciende a 38% en adolescentes de 14 a 17 años. El SIPINNA consideró vital que la jornada se convierta en una verdadera herramienta de prevención.

Aunque las dependencias federales enfatizan la corresponsabilidad escolar y familiar, la persistencia de altos niveles de violencia contra menores plantea un reto mayor: pasar del discurso a la acción concreta. La erradicación del maltrato infantil exigirá voluntad política, recursos sostenidos y, sobre todo, la intolerancia social ante cualquier forma de abuso.

La Secretaría de Hacienda entregó al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, con la que proyecta recaudar 8.7 billones de pesos. Para ello, plantea un paquete de “impuestos saludables” que incluye aumentos al IEPS en bebidas azucaradas, tabaco y nuevas cuotas a productos con nicotina, además de elevar gravámenes a videojuegos violentos y apuestas en línea.

La propuesta también busca eliminar beneficios a la banca derivados del rescate financiero de los noventa y aplicar mayores cargas a plataformas digitales y fintechs, con retenciones más estrictas en ISR e IVA. De manera paralela, Hacienda prevé aranceles estratégicos a países sin acuerdos comerciales y estímulos fiscales para repatriar capitales e incentivar actividades productivas.

El discurso oficial sostiene que las medidas promueven salud y transparencia, pero el trasfondo es un endurecimiento de la política fiscal. El riesgo es que, en la práctica, terminen afectando de forma desigual a consumidores y sectores productivos clave.

Previo al informe legislativo de la senadora morenista Andrea Chávez en el Centro de Convenciones de Chihuahua, aparecieron lonas y carteles con caricaturas de ella y de Adán Augusto López, acompañadas de la leyenda “La Barredora”. Incluso una camioneta blanca, acondicionada como camión de limpia, circuló con imágenes similares.

Las consignas se dirigieron contra Adán Augusto, a quien se le han señalado presuntos nexos indirectos con el grupo criminal del mismo nombre a través de un exsecretario de Seguridad en Tabasco. Mientras tanto, afuera del recinto también se manifestaron ciudadanos con pancartas verdes y naranjas en rechazo al político.

El evento contó con la presencia de figuras como Gerardo Fernández Noroña, Alfredo Ramírez Bedolla e Ignacio Mier. Entre mensajes de apoyo y protestas, el acto reflejó cómo la figura de Chávez se consolida en Chihuahua, pero también cómo su ascenso político arrastra críticas que exigen ser aclaradas.

El frente frío número 2 de la temporada ya se instaló en México y provocará heladas y lluvias intensas a lo largo de la semana, informó la Conagua. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí serán los estados más afectados por este fenómeno, acompañado de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

El pronóstico también advierte lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones fuertes en gran parte del norte, occidente y centro del país. En Baja California, Estado de México y Puebla se esperan heladas con mínimas de cero grados, mientras que en Durango los termómetros podrían descender hasta -5 grados a partir del 12 de septiembre.

La llegada temprana de frentes fríos, combinada con fenómenos de humedad y baja presión, confirma la vulnerabilidad climática del país. Prepararse no solo es cuestión de prevención, sino de reconocer que la crisis ambiental intensifica cada temporada.

Corea del Sur alcanzó un acuerdo con Estados Unidos para liberar a cientos de sus ciudadanos detenidos en la redada migratoria realizada en una planta de baterías de Hyundai y LG en Georgia. El operativo dejó 475 detenidos, de los cuales alrededor de 300 eran surcoreanos, lo que generó tensiones diplomáticas entre ambos aliados.

El jefe de gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, confirmó que, una vez concluidos los trámites administrativos, se enviará un avión chárter para repatriar a los trabajadores. El gobierno de Seúl también anunció que revisará el sistema de visados para viajes de negocios y proyectos de inversión, con el fin de evitar incidentes similares.

Aunque la redada paralizó la construcción de la planta, Corea del Sur reafirmó su compromiso de concluir el proyecto. El caso refleja las contradicciones de la política estadounidense: alentar inversiones extranjeras, pero restringir la entrada de trabajadores especializados que hacen posibles esas mismas inversiones.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que el Gobierno federal mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción. En conferencia del 7 de septiembre, defendió el prestigio institucional de la Semar y aseguró que no se permitirá impunidad en actos de servicio bajo ninguna circunstancia.

El mensaje ocurre tras la detención de 14 personas vinculadas con el contrabando de huachicol fiscal, operativo que derivó en el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado. La operación fue uno de los mayores aseguramientos en la materia y evidenció la capacidad de coordinación federal.

Acompañado de Omar García Harfuch y Alejandro Gertz Manero, Morales Ángeles subrayó que enaltecer a la institución exige acciones firmes contra la corrupción. El desafío será sostener estos discursos con procesos judiciales efectivos que eviten percepciones de impunidad.

Claudia Sheinbaum presentó su primer balance de Gobierno con un nivel de aprobación de 79%, de acuerdo con una encuesta nacional de Enkoll. A casi un año de haber asumido la presidencia, solo el 18% de la población desaprueba su gestión, lo que confirma un respaldo sostenido hacia su administración en amplios sectores sociales.

El estudio, realizado a finales de agosto, muestra que la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana. Sin embargo, la población valora positivamente las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, aunque rechaza con claridad la presencia y operaciones de agentes extranjeros en territorio nacional, lo que refleja un nacionalismo en torno a la seguridad.

El reto para el Gobierno será transformar ese amplio apoyo en resultados concretos en materia de seguridad y justicia. De lo contrario, la popularidad podría erosionarse y abrir un desgaste temprano en el sexenio.