México, Estados Unidos y Canadá iniciaron el proceso de consultas previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para julio de 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que los sectores involucrados en el país tendrán 60 días para enviar comentarios y propuestas a través de un mecanismo digital publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En paralelo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que además de recabar opiniones, celebrará una audiencia en noviembre para definir los capítulos a revisar. Canadá, por su parte, acompaña el inicio de este proceso con la visita oficial de su primer ministro, Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir comercio, energía y seguridad como ejes de integración regional.

El TMEC, vigente desde 2020, representa el 29% del PIB mundial y ha permitido a México un crecimiento sostenido de exportaciones, con aumentos de hasta 38% hacia Estados Unidos y 32% hacia Canadá. Sin embargo, la revisión abre interrogantes: ¿logrará México defender los beneficios alcanzados y, al mismo tiempo, negociar nuevas condiciones en un escenario global marcado por el proteccionismo y la competencia de otros bloques económicos?”

Durante la ceremonia previa al desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, afirmó que la institución dio un “golpe de timón” contra la corrupción y la impunidad. Reconoció que altos mandos navales estuvieron involucrados en el robo y tráfico de combustible, pero subrayó que “hubiera sido imperdonable callarlo”, al recalcar que la Marina actuó con honestidad y transparencia.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, representantes del gabinete y delegaciones extranjeras, Morales aseguró que cualquier desafío será enfrentado con honor, lealtad y deber. Sin mencionar directamente a los implicados en la red de huachicol fiscal, sostuvo que la decisión de exponer los hechos fue un ejercicio de congruencia y compromiso con el pueblo, al reiterar que “la verdad nos fortalece y la justicia nos determina”.

El almirante destacó que con la Cuarta Transformación no hay marcha atrás en el combate a la corrupción y que la Marina seguirá siendo una de las instituciones más confiables del país. Sin embargo, el reto pendiente es profundo: más allá de los discursos, el verdadero desafío será evitar que estos esquemas ilícitos vuelvan a enquistarse en estructuras de poder, lo que pondría a prueba la credibilidad del Estado mexicano.

El Gobierno de México, a través de Conagua, impulsa una política de justicia social para garantizar que el agua sea un derecho y no una mercancía. Mediante el programa Proagua, en 2025 se construyeron y ampliaron 161 obras de agua potable y 79 de alcantarillado, beneficiando a 240 mil habitantes, además de rehabilitar 270 sistemas de agua potable y 62 de drenaje para más de 4 millones de personas.

También se invirtieron 926 millones de pesos en infraestructura de saneamiento con Prosanear, lo que incluyó 12 nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y la rehabilitación de otras siete. Tras el paso del huracán John, se destinaron más de 100 millones de pesos para reparar sistemas de agua en Guerrero, garantizando continuidad del servicio en Acapulco y Técpan de Galeana.

Con convenios en 29 entidades, el gobierno federal programó 230 nuevas acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento, junto con 16 plantas de tratamiento adicionales. A 11 meses de gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum refrenda su compromiso de hacer del acceso al agua un derecho humano, priorizando a las comunidades más vulnerables.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, Margaret Satterthwaite, advirtió que México debe impedir la distribución de “acordeones” y otras irregularidades en la elección judicial de 2027. Señaló que la magnitud de la reforma, que sustituyó la carrera judicial por el voto popular, podría alinear resoluciones con intereses políticos antes que con principios legales.

Recordó que en 2025 el país renovó casi 900 jueces federales y cerca de dos mil locales, la mayor transformación judicial en un solo proceso en su historia. En una carta al gobierno mexicano, expresó preocupación por la opacidad de los Comités de Evaluación y la inclusión de candidatos presuntamente vinculados al crimen organizado.

La ONU llamó a garantizar independencia y transparencia en los próximos comicios judiciales. México enfrenta así el reto de consolidar su democracia sin poner en duda la legitimidad de quienes imparten justicia.

El Senado de la República aplicará una política de austeridad en 2026 que permitirá ahorrar 500 millones de pesos, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez. La medida contempla la suspensión de viajes al extranjero, que calificó como “turismo parlamentario”, sin afectar la diplomacia, pues las delegaciones internacionales serán recibidas en México.

Castillo defendió además las decisiones arancelarias del gobierno federal como una estrategia para proteger la producción nacional y fortalecer el mercado interno. Aseguró que se busca corregir los efectos del endeudamiento indiscriminado en Pemex, acumulado en administraciones anteriores, y garantizar que hacia 2027 la petrolera pueda sostenerse sin transferencias federales.

La senadora adelantó que la reforma para combatir la extorsión será de las primeras en discutirse en el nuevo periodo legislativo. Recalcó que este delito, con alto impacto social, será atendido en tiempo y forma para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la población.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, permanece bajo resguardo en la base de operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en Paraguay. El director de la institución, Jalil Rachid, confirmó que no se encuentra en un penal común, sino en un espacio transitorio con estrictas medidas de seguridad.

El funcionario aclaró que el proceso de extradición a México aún no concluye, pues Bermúdez rechazó someterse a un procedimiento abreviado, lo que prolonga los plazos judiciales. Mientras tanto, la vigilancia se mantiene activa y se permitió la entrada de familiares, entre ellos su esposa, quien viajó al país sudamericano a finales de agosto.

Autoridades paraguayas no descartan la presencia de otros integrantes de La Barredora o del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. El caso abre nuevas líneas de investigación y confirma el alcance transnacional de las redes delictivas mexicanas, que encuentran refugio en territorios con sistemas judiciales lentos. La extradición, en este escenario, se convierte en una prueba de cooperación internacional y voluntad política.

México inició los trabajos para conformar su primera Política Nacional de Economía Circular, con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo y la consultora Global Factor. El proyecto busca transitar de un modelo extractivista a uno sustentable, con prácticas de reciclaje, innovación y corresponsabilidad entre gobierno, empresas y sociedad. La Semarnat destacó avances en la atención de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac, como parte de los compromisos ambientales instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El subsecretario José Luis Samaniego subrayó la necesidad de mejorar la regulación, extender la responsabilidad de los fabricantes de plásticos y fomentar el manejo responsable de residuos. La estrategia se enfocará en prosperidad compartida, mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad y productividad sostenible.

Con esta política, México busca liderar en la región y atraer inversiones hacia polos de desarrollo circulares. El reto será desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos vírgenes, garantizando resiliencia, innovación y justicia ambiental. La clave estará en que los compromisos trasciendan el discurso y se traduzcan en resultados tangibles.

La comunidad costera de El Bosque, en Tabasco, primera en México en ser reconocida como desplazada por el cambio climático, presentó una propuesta de política pública nacional para atender este fenómeno. Con apoyo de Greenpeace y otras organizaciones, plantean protocolos diferenciados para sequías, inundaciones y erosión, así como la participación activa de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones.

El caso de El Bosque evidencia que las reubicaciones no pueden limitarse a la entrega de viviendas. Aunque 51 familias fueron trasladadas en 2024, quedaron fuera servicios básicos y oportunidades laborales, lo que debilitó su modo de vida. Activistas sostienen que el país vive una coyuntura clave: en la próxima COP30 México debe mostrar avances en adaptación climática.

La propuesta busca cerrar vacíos legales, pues actualmente el desplazamiento ambiental no está contemplado de forma específica en la legislación. Si se atiende con justicia, México podría convertirse en referente internacional. Si se ignora, más comunidades podrían convertirse en “nuevos Bosques” obligados a dejar su territorio.

La Secretaría del Bienestar continúa con la entrega de recursos correspondientes al quinto bimestre de 2025. Este lunes 15 de septiembre, los depósitos se realizan para los beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra “M”. El calendario incluye a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres menores de 65 años inscritas en el programa Mujeres Bienestar.

De acuerdo con las autoridades, los montos se mantienen sin cambios: 6 mil 200 pesos para adultos mayores, 3 mil 200 pesos para personas con discapacidad y 3 mil pesos para mujeres. Los depósitos se realizan directamente en las cuentas del Banco del Bienestar y se recomienda no acudir en masa a las sucursales para evitar aglomeraciones.

El programa busca garantizar ingresos básicos a sectores vulnerables, pero también enfrenta críticas sobre su sostenibilidad financiera. Mientras los beneficiarios celebran el apoyo, persiste el debate sobre si estas transferencias representan una política social sólida o solo un alivio temporal en un contexto económico incierto.

El Paquete Económico 2026 contempla un blindaje superior a 300 mil millones de dólares para proteger a las finanzas públicas ante choques externos e internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan que este respaldo se compone principalmente de reservas internacionales por 244 mil 400 millones, la Línea de Crédito Flexible del FMI por 36 mil 600 millones y un mecanismo swap con el Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones.

A ello se suman fondos y seguros nacionales equivalentes a 8 mil 686 millones de dólares, entre ellos el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el de las Entidades Federativas. Estas herramientas, conocidas como estabilizadores automáticos, permiten compensar caídas en ingresos tributarios o petroleros frente a escenarios de desaceleración.

Aunque la recuperación tras la pandemia permitió nutrir nuevamente estos fondos, especialistas advierten que su uso dependerá de la magnitud de los choques. El reto será que el blindaje no solo sirva para resistir emergencias, sino que fortalezca una estrategia de crecimiento sostenido.