Un expediente de la Fiscalía General de la República señala que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda, pasaron de encabezar redes de contrabando de huachicol al narcotráfico. Según reportes de inteligencia y testimonios, al menos en 41 ocasiones bajo su mando se coordinaron funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, personal portuario y mandos navales para facilitar el trasiego de hidrocarburos ilegales y drogas.

La investigación sostiene que ambos hermanos construyeron un control sistemático sobre las aduanas marítimas del país, utilizando su rango militar y el respaldo de altos mandos para encubrir operaciones criminales. La red habría operado en puertos estratégicos, donde se combinaban prácticas de corrupción institucionalizada con la participación de estructuras del crimen organizado.

El caso expone la fragilidad del modelo de militarización de las aduanas impulsado en el sexenio de López Obrador, que prometía frenar la corrupción y terminó cuestionado por su opacidad. La revelación obliga a preguntar si las fuerzas armadas están preparadas para tareas civiles sin replicar las mismas redes de poder que buscan combatir.

El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general contra la extorsión. Con 106 votos a favor, la minuta fue enviada a los congresos locales, donde se espera su pronta ratificación. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca cerrar vacíos legales, unificar criterios y coordinar a los tres niveles de gobierno en la prevención y sanción del delito.

Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas señalaron la gravedad de este fenómeno, que en los últimos seis años creció 57 por ciento y que, según el Inegi, representó en 2023 pérdidas por 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB. Las múltiples modalidades de extorsión y la disparidad de sanciones estatales, que van de tres a 30 años, fueron señaladas como factores que alimentan la impunidad.

La oposición advirtió que, además de la ley, se requiere acción efectiva de autoridades y policías que frecuentemente son percibidas como coludidas con el crimen organizado. La unanimidad en el Senado refleja un consenso político poco común, pero también evidencia la urgencia de enfrentar una práctica que erosiona la economía y la seguridad ciudadana. El reto será que la legislación no quede como un marco homogéneo en el papel, sino que se traduzca en protección real para millones de víctimas.

En entrevista con Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva presentó su libro No me pudiste matar, escrito tras el atentado que sufrió en 2022. La conversación subió de tono cuando el periodista aseguró que la hostilidad de López Obrador hacia él fue “una estrategia para dañarlo” y que en varias ocasiones estuvo cerca de destruirlo.

Aunque aclaró que no responsabiliza al expresidente del ataque armado, sí lo señaló como un factor que generó un ambiente de persecución. La frase más contundente llegó al comparar sus despedidas en el libro: a los agresores materiales les desea bendiciones, pero a López Obrador le dedica un “que Dios te bendiga… y que se vaya al diablo”.

El comentario encendió el debate público y evidenció la fractura en la relación entre prensa y poder. Más allá del choque personal, la frase pone sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas en México y el costo de la confrontación política para la libertad de expresión.

Especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del Senasica iniciaron la revisión anual de protocolos sanitarios en Chihuahua. El objetivo es validar la aplicación de lineamientos de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis en instalaciones estratégicas, como corrales de exportación, rastros TIF y casetas de verificación.

La Secretaría de Desarrollo Rural informó que este proceso permite mantener el estatus de Escasa Prevalencia, condición que facilita la exportación de ganado y fortalece la competitividad del sector. Autoridades estatales y ganaderas participaron en la apertura de los trabajos, destacando la importancia de cumplir con los estándares internacionales en materia de sanidad animal.

Estas inspecciones, que forman parte de la etapa de precertificación, son clave para avanzar hacia la erradicación de la tuberculosis bovina. No obstante, el reto es sostener de manera permanente la vigilancia y evitar retrocesos que comprometan el acceso a mercados internacionales y la confianza en la producción pecuaria nacional.

Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Donald Trump brindó un respaldo contundente a Javier Milei, calificando su gestión como “fantástica” y descartando la necesidad de un rescate financiero para Argentina. Aunque evitó anunciar medidas concretas, el mandatario estadounidense prometió apoyo político y económico a su homólogo sudamericano.

El Banco Mundial, con Estados Unidos como principal accionista, adelantó 4,000 millones de dólares de un paquete ya comprometido, lo que permitió mejorar el ánimo de los mercados. Bonos argentinos en dólares y el peso mostraron ganancias tras la reunión, interpretada como un gesto de confianza hacia el rumbo económico de Milei.

Trump incluso se pronunció a favor de un segundo mandato del presidente argentino en 2027. Sin embargo, Milei enfrenta una prueba inmediata con las elecciones legislativas de octubre, donde definirá si cuenta con la fuerza suficiente para sostener sus reformas. El respaldo externo suma, pero será la política interna la que decida su continuidad.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares de fianza en Nueva York para evitar su ingreso a la cárcel de Rikers. El caso se originó tras la compra de Iusacell por AT&T en 2015, operación en la que la compañía estadounidense asegura haber heredado una deuda millonaria en impuestos. Desde 2020, la Corte Suprema del Estado de Nueva York procesa la demanda.

La jueza Andrea Masley ordenó a Grupo Salinas Telecom cubrir la fianza, además de un millón de dólares en honorarios legales. Este litigio se suma a otros conflictos que enfrenta el magnate, incluidos reclamos de fondos internacionales por 400 millones de dólares y deudas fiscales en México que superan los 30 mil millones de pesos, según el SAT.

El caso evidencia cómo el alcance económico de Salinas Pliego trasciende fronteras y se convierte en un frente político y judicial de alto impacto. La pregunta que persiste es si la estrategia de litigio prolongado será suficiente para contener los múltiples procesos, o si tarde o temprano deberá rendir cuentas plenas ante los tribunales.

La Cámara de Diputados avaló, con 348 votos a favor y 98 en contra, la reforma que otorga al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional propuestos por la Presidencia. La modificación a los artículos 76 y 78 de la Constitución busca armonizar el marco legal tras la incorporación del cuerpo a la Sedena en 2024 e incluye un lenguaje de género incluyente.

Durante el debate, la oposición criticó el dictamen. El PAN señaló que la medida se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción y acusó que la militarización de aduanas en 2020 convirtió la corrupción en un esquema institucionalizado. El PRI, por su parte, denunció que las reformas se aprueban “al vapor”, sin análisis profundo, lo que podría generar consecuencias negativas para el país.

La discusión refleja tensiones en torno a la consolidación de la Guardia Nacional como parte de la estrategia de seguridad. Mientras la mayoría oficialista defiende que el control militar fortalece la disciplina, la oposición advierte sobre riesgos de centralización y falta de contrapesos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿esta reforma robustece la seguridad nacional o profundiza los vacíos legales en la rendición de cuentas?

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, denunció a Adán Augusto López ante el Departamento del Tesoro, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado. En conferencia de prensa, afirmó que entregó información y documentos que lo señalan como integrante de la red denominada “Cártel de Macuspana”, junto con otros políticos de Morena y exfuncionarios federales.

La acusación se suma a las tensiones por el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder de “La Barredora”, con quien López Hernández ha sido vinculado en informes de inteligencia de la Sedena. Moreno sostuvo que la protección de mandos navales para redes de huachicol también estuvo bajo su responsabilidad cuando ocupó la Secretaría de Gobernación.

El señalamiento abre un nuevo frente político en el Senado, donde la oposición exige explicaciones mientras Morena opta por cerrar filas. La denuncia en Estados Unidos eleva la disputa a un terreno internacional y plantea un dilema ético y jurídico: ¿puede la política mexicana seguir blindando a sus figuras más poderosas frente a acusaciones tan graves sin rendir cuentas claras?

El caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, escaló tras revelarse una lista de 32 políticos y empresarios señalados por presuntos vínculos con la organización criminal “La Barredora”. Según declaraciones de testigos protegidos, entre los nombres aparecen figuras como Adán Augusto López, Jaime Lastra Bastar y José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno del estado.

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado, la información proviene de Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, operador de huachicol y pieza clave en la narrativa judicial. Además de políticos, se mencionan empresarios, notarios y dueños de medios, lo que exhibe la amplitud de la red. La Fiscalía General de la República sigue integrando pruebas mientras Tabasco espera definiciones judiciales sobre Bermúdez Requena.

Este caso representa una crisis severa para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues involucra a actores de alto perfil de Morena y desnuda fracturas internas en el obradorismo. Más allá de los nombres revelados, la investigación pone en entredicho los límites entre poder político y crimen organizado en Tabasco. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegarán las consecuencias de esta revelación en el tablero nacional?

La Comisión Nacional del Agua informó que, tras revisar 536 mil expedientes, detectó más de 52 mil títulos de concesión utilizados de forma irregular. Según la dependencia, permisos originalmente destinados al uso agrícola se desviaron para alimentar desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, afectando directamente a los productores que requieren títulos vigentes para sus parcelas.

El subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, precisó que el fraude no solo involucra a particulares, sino también a municipios y empresas privadas. Hasta ahora, la Conagua ha realizado 256 clausuras de pozos ilegales que abastecían hasta 300 pipas diarias, con una recuperación estimada de 4 mil millones de metros cúbicos de agua mediante procedimientos administrativos y devoluciones voluntarias.

El hallazgo refleja un vacío institucional que permitió el uso discrecional del recurso. Conagua anunció un decreto de facilidades para que pequeños y medianos productores regularicen sus títulos, aunque persiste la incógnita: ¿cómo garantizar que el agua, derecho humano esencial, deje de ser un negocio clandestino y se administre de manera equitativa en un país con creciente escasez?