Legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron nueve iniciativas ante la Comisión Permanente, en el marco del Año de la Mujer Indígena y de la LXVI Legislatura. Los planteamientos abordaron temas diversos y de alcance social, reflejando la pluralidad de agendas y prioridades representadas en el órgano legislativo.

Entre las propuestas destacan la expedición de una ley para el fomento de la apicultura y los agentes polinizadores, la creación de un fondo para la conservación vial urbana y el acceso gratuito al transporte público para personas con discapacidad. Asimismo, se impulsó el reconocimiento de colectivos de madres buscadoras como actores del Sistema Nacional de Búsqueda.

Además, se presentaron iniciativas sobre protección de menores en entornos digitales, regulación de la publicidad de apuestas, revocación de mandato para ministras y ministros de la Suprema Corte, fortalecimiento de denuncias ante la Profepa y uso de lenguaje incluyente. Las propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis.

El Consejo General del INE aprobó multas por 96.1 millones de pesos a todos los partidos políticos por irregularidades en fiscalización, omisiones en ingresos y gastos, uso de proveedores con domicilios irregulares y afiliaciones indebidas. El PRI obtuvo la sanción más alta, con 39.4 millones, mientras que Morena acumuló decenas de quejas por afiliaciones no consentidas.

En fiscalización, el PT recibió 20.9 millones en multas por gastos no reportados, el PAN 17.2 millones por irregularidades en capacitaciones y proveedores, y Morena 8.5 millones por más de cien cuentas bancarias no registradas. Movimiento Ciudadano y PVEM tuvieron montos menores, mientras que un candidato independiente también fue sancionado.

Por afiliaciones indebidas, Morena lideró nuevamente con 5.8 millones, seguido del PRI y el PVEM. Además, por vistas de otras autoridades se impusieron sanciones adicionales al PAN, PRI, PVEM y Morena. Con estas resoluciones, el INE cerró sus últimas sesiones del año antes de su periodo vacacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la postura histórica de México de no intervención ante el incremento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump calificara al gobierno de Nicolás Maduro como “organización terrorista extranjera”, lo que elevó el riesgo de un conflicto regional.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que, más allá de cualquier valoración sobre el régimen venezolano, la política exterior mexicana debe regirse por la Constitución, privilegiando la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Asimismo, cuestionó la falta de una actuación visible de la Organización de las Naciones Unidas frente a este escenario y llamó al organismo a asumir un papel activo para evitar una intervención extranjera y un posible derramamiento de sangre, insistiendo en que el diálogo debe ser siempre la vía.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la mayoría legislativa respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de la salida de un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Señaló que la mandataria tiene autoridad moral y legal para no permitir ningún tipo de ilícito en el gobierno federal.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que Sheinbaum es una mujer íntegra y firme, que no solapará conductas indebidas, aun cuando se trate de personas cercanas o con méritos políticos previos. Recalcó que la decisión envía un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que no habrá “carpetazo”, pues las investigaciones deberán continuar conforme a la ley y con apego a la Constitución.

Sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos respecto al fentanilo, el legislador consideró que no representan una amenaza para México. Destacó que la presidenta ha actuado con determinación en la defensa de la soberanía nacional y subrayó que cuenta con el respaldo del Congreso de la Unión y de la mayoría del pueblo mexicano.

El gobierno de México reconoció su responsabilidad en la violación de derechos fundamentales de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl agredida por militares en 2007 en Zongolica, Veracruz, hechos que derivaron en su muerte. La Corte Interamericana resolvió que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna e investigar con debida diligencia.

La sentencia señala vulneraciones a los derechos a la vida, salud, integridad, no discriminación, acceso a la justicia y a la verdad. Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación anunciaron que analizarán el fallo para cumplir con sus obligaciones bajo perspectiva de género e interseccionalidad, reconociendo que tanto la víctima como su familia fueron desprotegidos durante años.

El caso, negado en su momento por autoridades federales que atribuyeron el fallecimiento a causas ajenas a la agresión, fue llevado a instancias internacionales ante la falta de justicia. El gobierno reafirmó su compromiso con la reparación, la no repetición y la protección de los derechos de mujeres e indígenas.

La presidenta hondureña Xiomara Castro denunció que se “gesta un golpe” tras la liberación en Estados Unidos del ex mandatario Juan Orlando Hernández, aliado del candidato opositor Nasry Asfura. El Ministerio Público difundió audios donde Hernández pide aceptar resultados preliminares y rechazar el conteo voto por voto en medio de denuncias de fraude.

Castro señaló que, según inteligencia oficial, Hernández busca influir en la proclamación del ganador y alertó sobre una posible ruptura constitucional. Llamó a una concentración “urgente y pacífica” en Tegucigalpa para defender el mandato popular mientras continúa el escrutinio especial de actas con inconsistencias.

Hernández negó querer regresar por seguridad, aunque mantiene una orden de captura. En este contexto, ocho personas resultaron heridas cuando la policía desalojó a simpatizantes del partido Libre que protestaban frente al resguardo electoral.

El gobierno federal presentó nuevos lineamientos para prevenir la violencia sexual y el maltrato en escuelas, así como una declaratoria de cero tolerancia en educación media superior. Rosa Icela Rodríguez destacó la coordinación entre órdenes de gobierno para garantizar paz y erradicar conductas discriminatorias.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, reportó avances en compromisos para impulsar igualdad sustantiva, incluido el reparto de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres. También se promovió la homologación del delito de abuso sexual con legisladores federales y estatales.

La subsecretaria Ingrid Gómez señaló que, junto con la SEP, se fortalecen acciones preventivas en espacios educativos. Afirmó que las escuelas deben ser lugares de bienestar y respeto, esenciales para combatir la violencia de género desde las primeras etapas de la vida.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que la entrega de propuestas de los 32 Oples a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral representa una defensa de su permanencia. Señaló que su labor es especializada y que la minuciosidad de los procesos locales sería imposible de replicar plenamente desde el ámbito federal.

Tras concluir las audiencias en 30 entidades, Taddei acompañó a representantes de los Oples para solicitar que se considere su papel en la instalación de casillas y conteo transparente de votos. Indicó que la propuesta colegiada del INE seguirá en discusión y destacó que habrá planteamientos consensuados y otros que se presentarán individualmente, conforme a la experiencia de cada consejería.

La consejera aclaró que el borrador filtrado la semana pasada era solo un insumo interno y que el documento final se trabajará en los próximos días. Consideró que aún están en tiempo, dado que la iniciativa podría discutirse en San Lázaro hasta febrero, pese a que el Ejecutivo prevé entregarla a mediados de enero.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que, sin importar cuándo se envíe la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo, el Congreso debe garantizar un proceso abierto en el que todas las voces sean escuchadas. Subrayó que el objetivo central debe ser fortalecer las instituciones democráticas y respetar el voto ciudadano.

Indicó que la discusión no debe realizarse en fast track, ya que se trata de un tema prioritario para la vida democrática del país. Señaló que es indispensable abrir espacios de análisis serio y ético donde participen organizaciones civiles, academia, expertos, autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía, a fin de evaluar el impacto directo e indirecto de las modificaciones.

López Rabadán advirtió que excluir el debate legislativo o silenciar posturas debilitaría a las instituciones. Reiteró que, desde la presidencia de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, se garantizará un diálogo franco, respetuoso e incluyente, para que la reforma electoral se construya con responsabilidad, legalidad y visión democrática.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz clausuró el primer periodo de sesiones de la nueva integración de la SCJN y afirmó que el desafío para 2026 será consolidar una Corte “distinta” y orientada a la justicia real. Advirtió que no deben repetirse prácticas del pasado y destacó avances en certeza jurídica y diálogo institucional.

Durante el cierre, Aguilar llamó a la unidad frente a los retos nacionales y resaltó que el Pleno resolvió más de dos mil quinientos expedientes entre septiembre y diciembre. Ministros anticiparon que en enero analizarán temas como prisión preventiva oficiosa, indemnizaciones y consulta previa a personas con discapacidad, además de fortalecer la agenda de transparencia judicial.

Otros integrantes del Pleno subrayaron que la Corte busca independencia, pluralidad y apertura al escrutinio público. Destacaron una orientación hacia justicia social, inclusión de grupos vulnerados y criterios novedosos en materia indígena y de discapacidad, con el objetivo de consolidar un tribunal responsable y cercano a la ciudadanía.