El Instituto Nacional Electoral y diversas organizaciones que buscan registro como partido político mantienen un desacuerdo sobre los criterios para validar afiliaciones. El organismo ratificó reglas para contabilizar simpatizantes, lo que ha generado inconformidad entre agrupaciones que consideran que dichas disposiciones afectan la validez de sus asambleas previamente certificadas.

El conflicto se centra en la eliminación de afiliaciones duplicadas, es decir, personas registradas en más de una organización. En algunos casos, esta depuración provocó la cancelación de asambleas por falta de quórum. Ante ello, una de las agrupaciones impugnó la medida ante el Tribunal Electoral, argumentando que no debe alterarse la validez de reuniones ya verificadas.

Un proyecto en el Tribunal plantea que la reducción de afiliaciones no debe impactar el quórum de asambleas certificadas. La resolución final será determinante para definir qué organizaciones cumplen los requisitos para obtener registro como partidos políticos nacionales.

El diputado Jesús Fernando García Hernández propuso reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para incorporar la innovación tecnológica, con el objetivo de fortalecer la competitividad del sector, mejorar la administración de los recursos y fomentar prácticas productivas más eficientes y sostenibles en beneficio de productores y consumidores en todo el país.

Asimismo, la iniciativa plantea que la Secretaría de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, impulse mecanismos tecnológicos que permitan optimizar procesos, incrementar la productividad y garantizar alimentos inocuos, considerando que la innovación es clave para transformar los sistemas agroalimentarios y hacerlos más resilientes ante los retos ambientales actuales.

Finalmente, el proyecto subraya la importancia de establecer regulaciones que aseguren la sostenibilidad, promuevan la colaboración entre sectores público y privado, y reduzcan impactos ambientales, ya que la tecnología aplicada al sector pesquero no solo mejora la producción, sino también contribuye al equilibrio ecológico y al desarrollo económico regional.

Senadores de Morena rechazaron el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre México, al considerarlo inaceptable y carente de rigor. El coordinador Ignacio Mier señaló que el documento no refleja los avances recientes ni las cifras actualizadas en la materia.

El legislador afirmó que el informe presenta un enfoque tendencioso y acusó al organismo internacional de exceder su papel al emitir valoraciones que, a su juicio, no consideran el contexto nacional. También indicó que propondrá que la Junta de Coordinación Política exprese una postura formal ante lo que calificó como injerencia.

Asimismo, otros senadores señalaron que el documento omite esfuerzos realizados en administraciones recientes para atender el problema. Indicaron que se han llevado a cabo acciones para depurar registros y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, y reiteraron que existe compromiso institucional para enfrentar esta problemática.

El Comité Técnico de Evaluación informó la incorporación de 16 nuevos perfiles al proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral, con lo que la lista total de aspirantes asciende a 410. La actualización se realizó tras detectar inconsistencias en registros previos, con el fin de garantizar la participación de las personas involucradas.

Entre los nuevos aspirantes se encuentran jueces, magistrados y consejeros electorales locales, así como funcionarios del ámbito judicial y administrativo. El comité señaló que estos perfiles fueron integrados luego de recibir información complementaria por parte de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Asimismo, se realizaron ajustes administrativos, como la corrección de nombres y la eliminación de registros duplicados. El organismo destacó que estas acciones buscan asegurar transparencia y certeza en el proceso de evaluación para la designación de nuevos consejeros electorales.

La diputada Alma Rosa de la Vega afirmó que el foro “Voces neurodivergentes” busca escuchar directamente a las personas neurodivergentes para impulsar cambios en políticas públicas, destacando que aún existen rezagos significativos que requieren atención para avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la diversidad en México.

Asimismo, participantes señalaron que persisten deficiencias en diagnósticos oportunos, atención especializada y condiciones laborales, subrayando que la falta de comprensión institucional y social genera barreras que afectan la calidad de vida, por lo que es necesario fortalecer la capacitación médica, adecuar entornos laborales y reconocer la neurodivergencia en distintos ámbitos.

Finalmente, coincidieron en que es indispensable construir políticas integrales que garanticen acceso a tratamientos, inclusión social y mejores condiciones de vida, ya que atender la neurodivergencia no solo es un asunto individual, sino una responsabilidad pública que implica transformar estructuras y promover una cultura de respeto y equidad.

La Secretaría de Relaciones Exteriores consideró excesiva la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sobre la situación en México. El subsecretario Enrique Ochoa señaló que el organismo internacional excedió su mandato jurídico al ampliar indebidamente la definición del delito.

El funcionario afirmó que el informe carece de rigor jurídico y subrayó que México mantiene una cooperación activa con el sistema internacional de derechos humanos. Destacó que el país ha ratificado diversos instrumentos internacionales y ha respondido a las solicitudes del comité, incluida una visita in situ realizada en 2021.

Asimismo, indicó que el gobierno reconoce los desafíos en la materia, pero ha implementado políticas públicas y reformas legales para atenderlos. Reiteró que México continuará colaborando con organismos internacionales en un marco de diálogo, privilegiando un análisis técnico y objetivo sobre este tema.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió a la Cámara de Diputados los precriterios de política económica para 2027, en los que se establece que los programas sociales continuarán como eje central del gasto público. El documento plantea incrementos en diversos apoyos, con el objetivo de fortalecer ingresos y reducir desigualdades en el país.

Entre los rubros destacados se encuentra la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, con un aumento proyectado, así como mayores recursos para salud, educación y apoyos a jóvenes. También se contemplan incrementos en programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y becas educativas en distintos niveles.

La dependencia señaló que esta estrategia busca consolidar un modelo de desarrollo con bienestar, enfocado en mejorar la calidad de vida. Además, destacó que el fortalecimiento del ingreso familiar contribuirá a impulsar el consumo interno y favorecer el crecimiento económico sostenido.

La diputada Ana Isabel González afirmó que la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes con diabetes tipo 1 permitiría garantizar el acceso gratuito a la insulina, especialmente para quienes carecen de seguridad social, además de dimensionar con precisión el impacto de esta enfermedad en el país.

Asimismo, señaló que actualmente no existe un conteo oficial, aunque se estima que alrededor de 500 mil menores viven con este padecimiento, por lo que contar con información confiable facilitaría diseñar políticas públicas efectivas, asegurar diagnósticos oportunos y brindar atención médica integral a quienes enfrentan esta condición crónica desde edades tempranas.

Finalmente, destacó que la medida también busca reducir la carga económica para las familias, ya que el tratamiento implica costos constantes en insumos médicos, por lo que subrayó la importancia de que la insulina y los servicios lleguen a todas las regiones, mientras el dictamen avanza para su eventual aprobación en el Pleno.

Integrantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas confirmaron que el paro nacional previsto para el 6 de abril continúa en pie. La decisión se tomó tras una reunión con autoridades en la Secretaría de Agricultura, donde no se alcanzaron acuerdos definitivos.

Los representantes señalaron que esperan una respuesta concreta del gobierno en los próximos días, aunque advirtieron que la movilización se mantiene mientras no existan soluciones. Indicaron que las demandas incluyen apoyo al campo, precios de garantía y medidas para atender el incremento en costos operativos.

Asimismo, transportistas denunciaron problemas de inseguridad en carreteras y deficiencias en infraestructura, lo que afecta sus actividades. Precisaron que, de no recibir una respuesta antes del fin de semana, procederán con bloqueos en carreteras, aduanas y puntos fronterizos en distintas regiones del país como medida de presión.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Rafael Marín de la Agencia Nacional de Aduanas y explicó que su permanencia en el cargo estaba prevista desde el inicio por un periodo de un año. Indicó que el exfuncionario será reasignado a nuevas responsabilidades en el estado de Yucatán dentro del gobierno federal.

La mandataria rechazó versiones que atribuían el cambio a motivos electorales y destacó que la gestión de Marín fue positiva. Subrayó que durante su administración se registró un incremento significativo en la recaudación aduanera, lo que consideró un resultado relevante en el fortalecimiento de las finanzas públicas.

En su lugar, fue designado Héctor Alonso Romero Gutiérrez, quien previamente encabezaba la Agencia de Transformación Digital. Señaló que su experiencia en modernización tecnológica será clave para continuar con los procesos de digitalización y eficiencia en el sistema aduanero nacional.