La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las Fuerzas Armadas a reforzar los protocolos de atención y prevención del acoso y la violencia de género, tanto en casos internos como en aquellos que involucren a civiles. Subrayó que no debe existir impunidad y que cada denuncia será revisada con detalle por las autoridades competentes.

Durante su mensaje, la mandataria reconoció que el Ejército y la Guardia Nacional cuentan con áreas especializadas para atender a las mujeres, aunque señaló la necesidad de fortalecerlas en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Indicó que la instrucción es atender de manera oportuna cualquier denuncia y aplicar medidas inmediatas cuando exista presunta violencia.

Sheinbaum se refirió también a casos recientes de mujeres integrantes de corporaciones de seguridad fallecidas en circunstancias bajo investigación. Afirmó que, cuando un elemento comete un delito, no sólo enfrenta procesos militares, sino también civiles, y reiteró su compromiso de revisar los casos y mantener informadas a las familias y a la ciudadanía.

El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario, que iniciará el domingo primero de febrero. Informó que habrá sesiones domingo y lunes, además de una sesión solemne por el aniversario constitucional. Asimismo, señaló que se priorizará la atención de iniciativas ya dictaminadas y otras pendientes relevantes.

Entre los temas destacados, mencionó reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Penal Federal en materia de abuso sexual. Además, se prevé analizar dictámenes sobre delitos ambientales, gestión ambiental y delincuencia organizada, así como una minuta sobre productividad y competitividad de la economía social durante las primeras sesiones del periodo.

Monreal añadió que están a la espera de iniciativas como la reforma laboral de cuarenta horas, modificaciones en propiedad industrial y nuevas leyes en materia migratoria e indígena. Finalmente, reiteró su defensa de la libertad de expresión y subrayó que la Cámara trabajará con apertura, diálogo y responsabilidad institucional.

La Fiscalía General de la República informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre fue provocado por exceso de velocidad. La locomotora circulaba a sesenta y cinco kilómetros por hora en una zona de curvas, superando el límite permitido, lo que ocasionó el siniestro con víctimas mortales.

De acuerdo con los peritajes, la “caja negra” y testimonios confirmaron que el tren operaba correctamente y no presentó fallas mecánicas. La infraestructura ferroviaria tampoco mostró daños previos. Sin embargo, se determinó que el convoy recorrió gran parte del trayecto a velocidades superiores a las autorizadas.

La fiscal Ernestina Godoy señaló que se ejercerá acción penal por homicidio y lesiones culposas. Precisó que el tren alcanzó hasta ciento once kilómetros por hora en tramos rectos. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades por el accidente que afectó al Corredor Interoceánico en Oaxaca.

El gobierno federal anunció la organización de torneos masivos de fútbol y actividades paralelas al Mundial 2026, con el objetivo de fomentar la salud, la inclusión y la convivencia social. Durante La Mañanera del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el llamado Mundialito Social 2026 se desarrollará en todo el país.

Detalló que la estrategia contempla diez ejes sociales y abarcará escuelas de nivel básico y medio superior, así como comunidades, barrios y centros de trabajo. Además del fútbol, se impulsarán actividades culturales, artísticas y tecnológicas, como un mundial de robótica, muralismo urbano y programas para promover la identidad cultural.

Autoridades federales informaron que se realizarán setenta y cuatro mundialitos en distintas modalidades. La SEP, Conade, IMSS y otras dependencias coordinarán torneos escolares, juveniles, paralímpicos y para adultos mayores. También se convocará a jóvenes a competencias de robótica, con participación internacional confirmada.

Las diputadas Irma Juan Carlos y María Rosete, de Morena, propusieron expedir la Ley General de Bienestar, Cuidado, Conservación, Preservación y Protección de los Animales. La iniciativa busca erradicar el maltrato, garantizar trato digno y establecer una política nacional integral con coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La propuesta define el maltrato animal como cualquier acto u omisión que cause dolor o sufrimiento, reconoce a los animales como seres vivos con necesidades físicas y emocionales e incorpora principios internacionales de bienestar. Además, tipifica conductas como crueldad, abuso sexual, abandono y explotación, regula la eutanasia y refuerza la tenencia responsable.

Asimismo, clasifica infracciones en leves, moderadas y graves, con sanciones que van desde amonestaciones y multas hasta arresto administrativo. También prevé programas educativos, denuncia ciudadana y acciones presupuestales obligatorias, al considerar insuficiente el marco legal actual para garantizar protección efectiva y digna.

La Presidencia de la República sostuvo que no corresponde a la Suprema Corte ampliar la tasa cero del IVA a productos menstruales. El posicionamiento se presentó ante un proyecto derivado de un amparo empresarial, al subrayar que la definición de impuestos y exenciones fiscales es facultad exclusiva del Poder Legislativo.

El Ejecutivo argumentó que una eventual ampliación del beneficio implicaría que la Corte asumiera funciones legislativas. Señaló que actualmente la tasa cero sólo aplica a toallas, tampones y copas menstruales, tras una reforma aprobada en 2022, y que cualquier modificación permanente requiere cambios expresos a la Ley del IVA.

Aunque el Congreso amplió temporalmente la exención a otros productos durante 2026, Hacienda aclaró que esa medida no es definitiva. Reiteró que las decisiones fiscales responden a política pública y que sólo los artículos destinados a absorber el flujo menstrual pueden gozar del beneficio tributario vigente conforme a la legislación actual.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció un error administrativo en la adjudicación directa de un contrato para la elaboración de un retrato al óleo de la ministra Lenia Batres, por un monto de cuarenta mil seiscientos pesos. El Alto Tribunal aclaró que el servicio no se realizó, ya que el contrato nunca fue formalizado.

En una nota aclaratoria, la SCJN explicó que, aunque el documento apareció en su Portal de Transparencia, no existió relación contractual ni erogación de recursos públicos, debido a que la artista declinó realizar la obra. La institución admitió que el error consistió en no retirar oportunamente el documento del sistema.

Por su parte, la ministra Lenia Batres aseguró que no participó en la adjudicación ni en la contratación del servicio. Subrayó que la elaboración de retratos forma parte de una tradición institucional y afirmó que la difusión del caso ha generado información imprecisa sobre costos históricos de obras similares en la Corte.

El diputado Víctor Hugo Lobo Román afirmó que la reforma político-electoral se construirá mediante diálogo directo con la ciudadanía, a través de asambleas y audiencias públicas. Además, explicó que el objetivo es fortalecer la representación, promover arraigo comunitario y garantizar procesos democráticos incluyentes, transparentes y con mayor participación social efectiva.

Durante su participación en Jóvenes Legislando 2026, subrayó que la propuesta no es autoritaria, sino una ley madura. Asimismo, planteó analizar modelos como el voto electrónico, revisar el equilibrio entre centralización y federalismo, reducir duplicidades, fortalecer organismos locales y ampliar mecanismos de consulta y revocación ciudadana con enfoque democrático nacional.

En el seminario también se abordaron temas de derecho constitucional, parlamentario y técnica legislativa. Especialistas coincidieron en que las constituciones limitan el poder y fortalecen la democracia. Finalmente, se destacó la necesidad de incluir a jóvenes en la representación política y consolidar partidos como espacios abiertos de participación ciudadana plural.

La tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos concluyó con acuerdos para fortalecer la cooperación bilateral. Las delegaciones pactaron intensificar el intercambio de información, reforzar la colaboración judicial y ampliar acciones conjuntas contra el tráfico ilícito de armas, bajo principios de soberanía, confianza mutua y responsabilidad compartida.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ambas partes coincidieron en priorizar resultados tangibles en materia de seguridad. Se acordó compartir más información sobre operativos realizados en Estados Unidos, incrementar el intercambio de datos sobre casos prioritarios para México y mejorar mecanismos para frenar la circulación ilegal de armamento transfronterizo.

Asimismo, se destacaron avances desde la instalación del mecanismo en 2025, incluyendo cooperación aduanera y atención a amenazas tecnológicas. La delegación estadounidense reconoció el traslado de criminales de alto impacto conforme a marcos legales vigentes. Por su parte, México reiteró su compromiso con una cooperación sin subordinación y respeto mutuo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reconstrucción en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por las lluvias del año pasado, requerirá una inversión aproximada de trece mil millones de pesos. Detalló que sólo en Puebla se destinarán alrededor de dos mil quinientos millones para obras de recuperación.

Durante su conferencia, señaló que los trabajos incluyen carreteras, agua potable, drenaje, desazolve de ríos, recuperación de cauces, diques, puentes y bacheo. Aseguró que, con la atención brindada, las comunidades quedarán en mejores condiciones que antes y que se realizará un proceso de consulta para proyectos productivos y de infraestructura.

Autoridades federales detallaron intervenciones carreteras, obras hidráulicas y acciones de vivienda, incluida la posible reubicación de familias en zonas de riesgo. Se informó que entre dos mil veintiséis y dos mil veintisiete la inversión en Puebla ascenderá a cinco mil millones de pesos