El abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, arremetió nuevamente contra Claudia Sheinbaum. Desde su cuenta en X, acusó a la presidenta de encabezar un gobierno corrupto que actúa “como brazo de relaciones públicas de un grupo del crimen organizado”. Las críticas surgieron tras una rueda de prensa donde Sheinbaum calificó de irrespetuosas sus declaraciones y acusó a EUA de inconsistencias en su política antidrogas. Para Lichtman, la reacción de la mandataria es pura hipocresía.

El defensor recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, liberado tras presiones del gobierno de López Obrador, para evidenciar la supuesta complicidad institucional con el narco. Afirmó que México no tiene autoridad moral para exigir participación en decisiones judiciales de EUA. Además, sostuvo que el “Mayo” Zambada operó durante décadas bajo la protección del Estado sin ser capturado.

La FGR, por su parte, sigue de cerca el juicio de Ovidio Guzmán. Según periodistas presentes, representantes mexicanos estuvieron en la última audiencia del capo extraditado.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “totalmente irrespetuosas” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, quien insinuó que México quedó fuera de la negociación con Estados Unidos para la extradición del capo. Sheinbaum recalcó que su gobierno “no establece relaciones de complicidad con nadie” y subrayó que el proceso judicial corresponde exclusivamente a la FGR y al Departamento de Justicia estadounidense.

En respuesta a las tensiones tras la declaración de culpabilidad de Guzmán López en Chicago, la mandataria reiteró que su administración no participó en ningún acuerdo con el narcotraficante y negó cualquier alianza. “Es un asunto judicial, no político”, dijo, y aseguró que el fiscal Gertz Manero emitirá un posicionamiento oficial.

Sheinbaum también anunció que los titulares de Defensa, Marina y Seguridad estarán en Sinaloa cada 15 días para reforzar la estrategia de paz en el estado más violento del país. “No nos pueden vencer. Vamos a salir adelante”, concluyó.

Desde Culiacán, Claudia Sheinbaum defendió su proyecto de gobierno en plena gira por el estado más violento del país. “Ni nos quebramos ni nos acobardamos”, dijo ante cientos de personas, al inaugurar nuevas salas del Hospital Pediátrico, mientras Sinaloa reporta 207 homicidios en junio, cifra histórica a nivel nacional.

Acompañada por el gobernador Rubén Rocha, la presidenta afirmó que la 4T no se alejará del pueblo y enfrenta con valentía a quienes desean su fracaso. “Nos quieren ver caer, pero tenemos el respaldo del pueblo”, subrayó, en medio de la creciente disputa entre facciones del cártel de Sinaloa.

Sheinbaum insistió en que el compromiso de su gobierno se basa en la honestidad y el amor a México. En un mensaje con fuerte carga simbólica, se mostró decidida a mantener su narrativa de transformación incluso en zonas donde la violencia golpea con mayor fuerza

El Senado organizó la conferencia “Dimensiones de la Seguridad Nacional” para discutir el papel del Congreso en materia de defensa. Legisladores, asesores y alumnos del Colegio de Defensa Nacional analizaron temas clave como el control civil, la legalidad y la coordinación entre instituciones. La senadora Ana Lilia Rivera subrayó la responsabilidad legislativa en la consolidación de cuerpos como la Guardia Nacional.

Académicos y expertos alertaron sobre la creciente amenaza del crimen organizado, que ha superado la capacidad de respuesta del Estado. Gerardo Rodríguez, de la UDLAP, lamentó que la Ley de Seguridad Nacional no se actualice desde 2005, a pesar del avance del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

También se señaló el vacío legal que dejó la anulación de la Ley de Seguridad Interior. El general José Ortega Reyes concluyó que México requiere un proyecto de nación claro que permita redefinir objetivos estratégicos y garantizar una verdadera seguridad nacional.

La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución y facultar al Legislativo a crear una ley general contra la extorsión. El objetivo: homologar sanciones y definirla como delito de alto impacto.

Actualmente, las penas por extorsión varían significativamente entre estados. Mientras en Oaxaca se castiga con hasta tres años, en Chihuahua puede llegar a 30. También las multas oscilan entre 36 mil y más de 600 mil pesos, según la entidad.

La propuesta reconoce que la extorsión es usada sistemáticamente por el crimen organizado, no sólo contra ciudadanos, sino también contra empresas y funcionarios. En enero de 2025 se registraron 29.7 casos diarios, un 57% más que en 2018. La futura ley deberá fortalecer la capacidad de respuesta de autoridades de los tres niveles de gobierno y proteger de forma efectiva a las víctimas.

Estados Unidos reactivará el 14 de julio un arancel de 20.91% contra el jitomate mexicano, tras anular el Acuerdo de Suspensión vigente desde 2019. Agricultores de Florida, apoyados por 19 legisladores, presionaron por su eliminación al denunciar competencia desleal y caída en su participación de mercado del 80% al 30%.

México, que exporta 90% del jitomate que consume EE.UU., solicitó una prórroga de 90 días y presentó una nueva propuesta. Sin embargo, Washington mantiene su postura, respaldada por productores de varios estados y el fallo del Tribunal de Comercio Internacional.

El impacto sería inmediato: encarecimiento del producto, afectaciones a productores de Sinaloa, San Luis Potosí y Baja California, y aumento de hasta 11% en los precios al consumidor estadounidense. El jitomate se vuelve rehén de una disputa comercial con fuerte carga política y electoral.

Ante la presión arancelaria de Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá debe fortalecerse. Aseguró que su gobierno prioriza la cooperación para el desarrollo y reiteró que el T-MEC es clave para competir como región frente a potencias globales.

Las declaraciones surgen en vísperas del reinicio de conversaciones bilaterales sobre seguridad, migración y comercio. La delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, viajó a Washington para defender empleos y soberanía frente a la agenda proteccionista de la Casa Blanca.

Sheinbaum se enfrenta así a un escenario complejo, donde los intereses electorales de Trump chocan con la estabilidad regional. Mientras tanto, el sector agrícola mexicano sigue sin respuestas claras ante el posible retorno de aranceles.

A solo horas de que Ovidio Guzmán declare su culpabilidad por narcotráfico en Chicago, la audiencia de su hermano Joaquín Guzmán López fue aplazada dos meses. Estaba prevista para el 15 de julio y se reprogramó para el 15 de septiembre, sin que la jueza del caso explicara las razones del cambio.

Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, fue extraditado en 2024 y enfrenta cargos por tráfico de drogas. En su primera audiencia, se declaró inocente. Fiscales estadounidenses ya confirmaron que no solicitarán la pena de muerte en su contra.

Mientras tanto, Ovidio Guzmán formalizará este viernes su declaración de culpabilidad, firmada desde el 30 de junio, como parte de un acuerdo con la fiscalía. Ambos hermanos están detenidos en Chicago y son considerados líderes de “Los Chapitos”, señalados como organización terrorista por el gobierno de Donald Trump.

El gobierno de Estados Unidos revocó una norma que desde 1997 permitía a migrantes indocumentados acceder a programas de educación técnica, profesional y para adultos. El Departamento de Educación anunció que los fondos públicos quedarán reservados exclusivamente para ciudadanos o personas con estatus migratorio legal.

La secretaria Linda McMahon argumentó que la norma violaba la ley PRWORA, que limita beneficios federales a ciudadanos y residentes permanentes. A partir de agosto, se aplicará esta nueva interpretación, excluyendo también a migrantes de préstamos estudiantiles y becas como las Pell.

El gobierno de Trump también canceló 7 mil millones de dólares en subvenciones para enseñanza de inglés, acusando su uso político. Además, ha iniciado acciones legales contra estados que ofrecen matrícula reducida a migrantes, en su estrategia por restringir el acceso a la educación pública.

La Coparmex advirtió que miles de pequeñas y medianas empresas enfrentan una “severa crisis financiera” por el adeudo que Petróleos Mexicanos mantiene con proveedores. Aunque se han pagado 147 mil millones de pesos, aún quedan pendientes más de 250 mil millones.

La deuda total con proveedores alcanzó 404 mil millones de pesos al cierre de marzo. Según la Coparmex, varias pymes han reducido personal, cancelado operaciones o cerrado por falta de pagos. Los estados más afectados son Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Ciudad del Carmen, entre otros.

La organización empresarial pidió transparencia en los adeudos y urgió a establecer un calendario de pagos. Advirtió que Pemex no puede fortalecerse a costa del ecosistema empresarial que la ha respaldado por décadas, y denunció presuntas presiones indebidas al interior de la paraestatal para liberar pagos legítimos.