La Suprema Corte determinó que Lenia Batres deberá abstenerse de participar en la votación del recurso promovido por Grupo Elektra contra un adeudo fiscal de mil 431 millones de pesos. El impedimento fue solicitado por otro ministro del Pleno y aprobado por mayoría.

Batres ha manifestado previamente posturas públicas que podrían comprometer su imparcialidad en temas fiscales vinculados a grandes corporativos. Este antecedente motivó la decisión del máximo tribunal, que busca asegurar neutralidad en un caso que involucra a una de las empresas más influyentes del país.

El pronunciamiento refuerza la necesidad de proteger la autonomía judicial ante posibles conflictos de interés; en un contexto político cargado, el papel de los ministros exige un escrutinio riguroso, sobre todo cuando se trata de decisiones que impactan directamente a actores económicos con poder y visibilidad mediática.

La Sala Superior del TEPJF confirmó que Samuel García vulneró los principios de imparcialidad y equidad al difundir un video que favorecía al excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. La publicación se consideró uso indebido de recursos públicos.

El Tribunal descartó que haya caducado la facultad para sancionar, como alegaron los implicados. Además, validó que la Sala Regional actuó con exhaustividad al valorar el contexto electoral del video difundido por el Gobernador de Nuevo León en redes sociales.

Se resolvió dar vista al Congreso local, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que podría derivar en nuevas medidas legislativas. Samuel García acumula ya más de 20 expedientes por intromisiones en procesos electorales.

Tras las protestas que impidieron su conferencia matutina presencial, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el diálogo con la CNTE continúa abierto, aunque reconoció que el presupuesto no alcanza para atender todas sus peticiones. La reunión prevista para el viernes sigue sin horario confirmado.

Sheinbaum subrayó que las Secretarías de Gobernación y Educación mantienen contacto directo con el magisterio disidente y criticó que se cierren las puertas de Palacio Nacional cuando las mesas de diálogo están activas. Aclaró que no todo debe resolverse directamente con ella, pues para eso está su Gabinete.

La mandataria reiteró su negativa a reprimir las protestas, afirmando que la salida debe ser pacífica y a través del diálogo. Afirmó que la mayoría del magisterio continúa dando clases, y que sólo un grupo minoritario mantiene los bloqueos en la capital.

Durante la renovación de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos, se denunció la desaparición de fondos y programas federales destinados al desarrollo turístico local. Autoridades municipales señalaron la urgencia de reactivar el financiamiento tras la eliminación de 38 fondos y 110 fideicomisos.

Sergio Arredondo, secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios, propuso crear un fondo semilla de mil millones de pesos para fortalecer capacidades técnicas y recuperar recursos, mientras que la Sectur defendió su estrategia “Destinos que trascienden y raíces que inspiran”.

Aunque se reconocen los esfuerzos desde el Ejecutivo, la falta de voluntad legislativa para etiquetar recursos concretos limita la viabilidad de este patrimonio turístico. La omisión presupuestal no sólo vulnera a los municipios, sino que pone en riesgo proyectos que articulan identidad, economía y comunidad en las regiones más representativas del país.

Durante un encuentro en San Lázaro, embajadores de países árabes compartieron experiencias sobre políticas públicas para el uso ético de la inteligencia artificial. Kuwait, Marruecos y Egipto coincidieron en que la tecnología debe estar al servicio del desarrollo sostenible y la equidad social.

Se destacó la creación de autoridades nacionales y guías éticas para normar su implementación, así como el impulso a infraestructuras digitales y programas educativos. México fue reconocido por su crecimiento en empresas que integran IA en sus operaciones.

Aunque se celebran estos avances, el desafío central sigue siendo la gobernanza. Sin regulaciones claras y mecanismos inclusivos, la inteligencia artificial puede profundizar desigualdades. Urge que el debate ético no quede en discursos diplomáticos, sino se traduzca en políticas concretas que garanticen acceso, seguridad y justicia tecnológica para todos.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, provocó una dura respuesta del PAN en el Senado. Ricardo Anaya calificó el hecho como un posible crimen de Estado y exigió una investigación clara, profunda y sin opacidad.

Los senadores también solicitarán una reunión con el secretario Omar García Harfuch para conocer el estado de la estrategia de seguridad federal. El PAN recordó que su respaldo no fue un cheque en blanco y exigió explicaciones por los recientes hechos violentos en varios estados del país.

La reacción evidencia una creciente desconfianza hacia el control de la violencia en la capital y la eficacia del gabinete de seguridad. Cuando el crimen toca el núcleo del poder local, no bastan discursos: se necesitan resultados, verdad pública y responsables ante la ciudadanía.

La Secretaría de Marina confirmó que un piloto de puerto del gobierno de Nueva York maniobraba el Buque Escuela Cuauhtémoc al momento del accidente ocurrido el 17 de mayo, en el que murieron dos cadetes mexicanos. El almirante Raymundo Morales explicó que, conforme a normas internacionales, la embarcación debía ser guiada por un especialista local.

El buque, con 180 personas a bordo, se preparaba para zarpar hacia Islandia cuando impactó en el área del puente de Brooklyn. Según la Marina, el piloto tuvo apenas 90 segundos para reaccionar. La investigación está a cargo de autoridades estadounidenses, quienes podrían tardar al menos 30 días en presentar un informe preliminar.

Aunque la Secretaría de Marina descartó especulaciones sobre fallas humanas, subrayó que la distancia entre el muelle y el puente era corta y redujo el margen de maniobra. Los cuerpos de los cadetes América Yamilet y Adal Jair fueron repatriados y homenajeados en la Escuela Naval de Veracruz, mientras que dos tripulantes siguen hospitalizados en Nueva York.

Luego del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de Clara Brugada, la Jefa de Gobierno lamentó el crimen y aseguró que su administración mantendrá una “lucha implacable” contra la inseguridad. El ataque, cometido por un solo sicario en Calzada de Tlalpan, conmocionó a la clase política capitalina.

Durante un mensaje de seis minutos, Brugada expresó su pesar por la pérdida de dos figuras clave en su trayectoria política. Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y prometió que las investigaciones seguirán con el mismo rigor que cualquier otro caso. La Fiscalía ya abrió una carpeta para esclarecer los hechos.

Si bien el llamado a la justicia es firme, el mensaje dejó preguntas abiertas: ¿cómo garantizar seguridad en la propia estructura de gobierno? El asesinato de funcionarios en funciones evidencia una crisis persistente que ni los discursos ni los abrazos solidarios alcanzan a resolver.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por 15 meses a Ansof Comercializadores por entregar información falsa durante un proceso de licitación con Birmex. Además, impuso una multa de más de 841 mil pesos por incumplir requisitos técnicos con documentación alterada.

Según el procedimiento PA-0004/2025, la empresa presentó informes apócrifos supuestamente emitidos por laboratorios acreditados, con el fin de obtener contratos para proveer uniformes y equipo de protección. La sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo.

Aunque la medida busca reforzar la legalidad en las compras públicas, deja en evidencia el riesgo persistente de corrupción en las contrataciones gubernamentales. Si no se establecen mecanismos de fiscalización más amplios y sanciones penales efectivas, las inhabilitaciones seguirán siendo correctivos aislados en un sistema vulnerable.

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un convenio con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para fortalecer la certeza jurídica en la próxima elección judicial. La medida contempla asistencia durante la jornada y en el cómputo distrital de votos, con servicios notariales en todo el país.

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, destacó que esta colaboración permitirá una respuesta coordinada ante los actos jurídicos requeridos. La homologación de criterios entre notarios dará unidad al procedimiento, especialmente en momentos clave del proceso.

Aunque el acuerdo refuerza la legalidad del proceso, también evidencia la complejidad inédita de esta elección; frente al descrédito institucional, garantizar integridad no solo depende de infraestructura o convenios: requiere confianza ciudadana.