El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó a México entregar información sobre posibles prácticas sistemáticas o generalizadas de desapariciones forzadas. El Estado mexicano deberá responder antes del 18 de septiembre, previo al 29º periodo de sesiones del Comité.

El organismo internacional reconoció avances recientes, pero señaló que ha recibido información creíble que justificaría presentar el caso ante la Asamblea General. Documentos de organizaciones civiles apuntan a patrones de desaparición en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, con posible participación de autoridades.

El Comité subraya que hay más de 28 mil desapariciones reportadas entre 2023 y abril de 2025, así como fosas comunes y un contexto de violencia organizada. La gravedad de los hallazgos plantea cuestionamientos directos sobre la actuación estatal y el combate a la impunidad. La respuesta de México será clave para definir si el caso escala al máximo órgano de Naciones Unidas.

La Comisión Permanente recibió dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de la reforma judicial. Una de ellas propone proteger la identidad de jueces, magistrados y ministros que atiendan casos vinculados con delincuencia organizada, mediante un nuevo marco normativo.

Se plantean cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que permitirán establecer mecanismos de resguardo y revisión periódica de dichas medidas. También se crean criterios objetivos para su aplicación, como amenazas previas o capacidad de daño de los grupos criminales.

Además, se reconoce el principio de justicia pronta y expedita, con modificaciones que limitan la discrecionalidad judicial y reorganizan los plazos del proceso penal. La propuesta integra las nuevas figuras del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Fiscal, en un intento por reducir el rezago y fortalecer la seguridad del sistema de justicia federal.

Con 324 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. La nueva legislación busca regular la política de inteligencia aplicada a la prevención de delitos de alto impacto.

La norma establece lineamientos para coordinar instancias federales, estatales y municipales en la recopilación de información estratégica. También incluye mecanismos de resguardo de datos sensibles, protección de derechos humanos y supervisión institucional en tareas de inteligencia.

El dictamen, que será turnado al Senado para su revisión, forma parte de un paquete legislativo para reorganizar la seguridad pública nacional. Aunque fue cuestionado por la oposición por su alcance y rapidez en la discusión, la mayoría parlamentaria argumentó que se trata de un paso necesario para enfrentar con mayor eficacia los desafíos del crimen organizado y la violencia estructural en el país.

Un tribunal federal ordenó a Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, pagar 2 mil millones de pesos por omitir el pago del ISR correspondiente a 2010. La sentencia fue unánime y el empresario aún puede recurrir a la Suprema Corte para impugnar el fallo.

Es el segundo golpe fiscal que recibe en menos de una semana. A la fecha, Elektra enfrenta ocho litigios con el SAT por un monto acumulado cercano a los 30 mil millones de pesos. Intentos recientes de frenar la resolución fueron desechados por considerarse tácticas dilatorias.

Mientras Salinas se proyecta como voz crítica del poder, sus empresas acumulan sentencias por millonarios adeudos fiscales. El Estado ha comenzado a cerrar filas: la austeridad no puede exigirse a todos, menos a los más ricos. La verdadera justicia fiscal se mide… cuando llega a las cúpulas.

La DEA denunció que integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación espiaron a sus agentes durante el juicio de Rubén Oseguera “El Menchito”, en 2024. La revelación fue hecha por Matthew Allen, jefe de operaciones en Los Ángeles, ante el Senado estadounidense.

Según Allen, los criminales vigilaron a personal e informantes en Washington, y calificó la amenaza como “terrorismo”. Relató que el cártel respondió con asesinatos: la hija de un informante fue ejecutada, al igual que un militar mexicano. CNN intenta verificar estos hechos con autoridades mexicanas.

La expansión del crimen organizado fuera de México confirma una mutación preocupante: de estructura delictiva a red paramilitar internacional. El vacío entre justicia y diplomacia crece, mientras las víctimas multiplican silencios. El combate al narco ya no puede ser local… ni discreto.

Un ataque armado registrado durante una fiesta en un domicilio de Irapuato dejó al menos diez personas muertas y varias más lesionadas. El hecho ocurrió la noche del martes en una colonia popular, informaron autoridades locales a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con reportes preliminares, entre los heridos se encuentra un menor de dos años. Las autoridades municipales calificaron el suceso como un “acto cobarde” y expresaron su solidaridad con las familias afectadas. Elementos de seguridad estatal y federal participan en las investigaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el ataque y señaló que se trabaja en coordinación con las autoridades locales para esclarecer el caso. Además, anunció que se brindará información adicional conforme avancen las indagatorias. El incidente se suma a otros hechos de violencia registrados en la región en semanas recientes, por lo que la atención institucional se ha centrado en el fortalecimiento de la seguridad pública.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores negaron que en México existan desapariciones forzadas de manera sistemática o generalizada. En un comunicado conjunto, señalaron que cualquier insinuación en ese sentido “es inaceptable”.

Lo anterior responde a una solicitud de información del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, como parte del proceso iniciado en abril de este año. Las autoridades afirmaron que dichos señalamientos carecen de sustento y que se dará respuesta conforme a los tiempos establecidos.

El Gobierno reiteró su compromiso con los derechos humanos y con sancionar cualquier delito de desaparición. Además, subrayó que se trabaja con familiares de víctimas y colectivos para fortalecer la legislación vigente. Aunque se niega un patrón sistemático, el tema sigue siendo prioritario en la agenda pública. La atención institucional y el seguimiento internacional serán clave para garantizar justicia y transparencia en estos procesos.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional con 354 votos a favor y 124 en contra. El dictamen, que será turnado al Senado, establece que el mando operativo recaerá en la Secretaría de la Defensa Nacional. También incorpora facultades para tareas de inteligencia bajo control judicial.

Durante el debate, se expresaron distintas posturas. Mientras una mayoría argumentó que se trata de fortalecer la seguridad, grupos parlamentarios de oposición externaron preocupaciones sobre el posible alcance de las atribuciones. A lo largo de la sesión se presentaron modificaciones menores al dictamen original.

El nuevo marco legal contempla operativos encubiertos, seguimiento digital y formación con perspectiva de derechos humanos. Aunque se reiteró que la conducción de la estrategia corresponde a la Secretaría de Seguridad, el modelo aprobado modifica el esquema actual. En ese contexto, será relevante observar cómo se implementa y supervisa la actuación de la corporación en los próximos años.

El Senado mexicano aprobó por unanimidad la reforma conocida como #LeyMincho, que prohíbe el uso de delfines y otros mamíferos marinos en espectáculos de entretenimiento. Se trata de un hito en la protección animal, tras años de exigencias por parte de colectivos ambientalistas y científicos.

La nueva legislación permite únicamente actividades con fines de investigación, conservación y enseñanza. Además, establece que la reproducción de mamíferos marinos solo podrá realizarse cuando tenga como objetivo la reintroducción, repoblación o traslado a su hábitat natural, eliminando los usos comerciales y recreativos.

La iniciativa, que ahora pasa a discusión en la Cámara de Diputados, reconoce el derecho de estas especies a vivir sin explotación y coloca a México en una ruta más ética y sostenible. Este avance legal no solo responde al bienestar animal, también refleja un cambio de conciencia social que exige políticas con empatía, respeto y responsabilidad ambiental.

La aprobación de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas marca un hito en la lucha por la verdad y la justicia en México. Es el resultado de décadas de esfuerzo por parte de madres buscadoras, colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos que exigieron al Estado una respuesta digna.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, explicó en su columna semanal que esta ley surge de un proceso amplio de diálogo entre gobierno, víctimas y organizaciones. La legislación busca garantizar una coordinación efectiva y dotar de herramientas reales al sistema de búsqueda.

Más que un cambio normativo, se trata de un reconocimiento político a una deuda histórica. Esta ley no repara el dolor acumulado, pero afirma que el Estado ya no puede permanecer ausente. Por primera vez, se consolida una política de Estado que entiende que buscar a los desaparecidos no es caridad: es justicia.