Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) advirtieron que la falta de renovación de personal académico está paralizando el estudio del patrimonio histórico y cultural de México. Según la advertencia, actualmente solo se han cubierto 35 de 404 plazas vacantes, lo que limita gravemente la capacidad operativa del instituto.

El déficit afecta investigaciones, proyectos de conservación y salvamento arqueológico, especialmente en zonas donde se desarrollan megaproyectos como el Tren Maya. Además, se corre el riesgo de perder saberes técnicos acumulados por décadas, pues no hay suficientes nuevas generaciones capacitadas para dar continuidad al trabajo especializado.

La comunidad académica del INAH exige al gobierno federal resolver la falta de contrataciones y abrir nuevas plazas mediante concursos. Consideran que esta omisión pone en peligro el estudio, la protección y la transmisión del patrimonio cultural de la nación.

Durante los primeros cinco meses de 2025, el gobierno federal destinó más recursos a pensiones y participaciones que a inversión pública o programas sociales. En conjunto, estos dos rubros absorbieron más de 1.3 billones de pesos, lo que representa el 40% del gasto neto total.

El gasto en pensiones contributivas creció 7.4% anual, mientras que las participaciones a estados y municipios aumentaron 12.5%. Aunque estos recursos son obligaciones legales, su crecimiento compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura o nuevas políticas públicas.

Especialistas advierten que el modelo actual no es sostenible y urgen una reforma fiscal que permita redistribuir el gasto. Sin cambios estructurales, el margen para atender nuevas demandas sociales será cada vez más estrecho. La presión del gasto inercial se convierte así en un obstáculo para el desarrollo

El diputado Ricardo Monreal aseguró que la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no busca censurar ni espiar a la ciudadanía. Durante una conferencia en San Lázaro, afirmó que la reforma respeta los derechos fundamentales y no vulnera la libertad de expresión ni la privacidad de las personas.

Según el legislador, la norma pretende fortalecer a los medios públicos, comunitarios e indígenas, al tiempo que simplifica la estructura institucional del sector. Rechazó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se utilice con fines de vigilancia política o ideológica.

Monreal pidió no desinformar ni generar miedo entre la población, y subrayó que toda herramienta tecnológica debe sujetarse a principios de legalidad y control judicial. La ley, añadió, está abierta a mejoras, pero responde a una necesidad de modernización del sistema de comunicación nacional.

La tormenta tropical Flossie se fortaleció este martes y se convirtió en huracán categoría 1 en el océano Pacífico, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque por ahora no representa amenaza directa para el territorio nacional, las autoridades mantienen vigilancia activa por posibles cambios en su trayectoria.

El fenómeno se ubica a más de mil kilómetros al suroeste de Baja California Sur y presenta vientos sostenidos de 120 km/h. Su evolución ha sido monitoreada por Protección Civil y Conagua, quienes han pedido precaución a la navegación marítima en la región.

Por el momento, no se han emitido alertas para poblaciones costeras. Sin embargo, expertos advierten que Flossie podría intensificarse en las próximas horas. Se recomienda a la ciudadanía seguir los comunicados oficiales y evitar la difusión de información no confirmada. La temporada de huracanes en el Pacífico continúa activa hasta noviembre.

Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que los ministros de la Suprema Corte no deben actuar motivados por intereses personales o vínculos con grupos económicos o políticos. La presidenta insistió en que el Poder Judicial debe ser imparcial y servir al pueblo, no a élites.

Sus declaraciones se dan tras cuestionamientos por el papel de algunos magistrados en decisiones clave, como la suspensión de reformas o la liberación de implicados en casos de alto perfil. Sheinbaum defendió su propuesta de una reforma judicial que permita elegir a jueces por voto popular.

Desde su conferencia matutina, la mandataria reiteró que su gobierno busca garantizar justicia verdadera. Aseguró que no pretende debilitar a la Corte, sino fortalecerla mediante transparencia y cercanía con la ciudadanía. La iniciativa será discutida en el Congreso en los próximos meses.

Visa suspendió operaciones con CIBanco tras la alerta del gobierno de EE.UU. por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos. La empresa notificó que ya no procesará transacciones con tarjetas de débito o crédito emitidas por esa institución financiera.

La decisión ocurre luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señalara a CIBanco, Vector e Intercam por supuestos vínculos con operaciones ilícitas. Aunque las instituciones han negado las acusaciones, la medida de Visa marca un golpe inmediato a la reputación y funcionalidad de CIBanco.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda ya intervinieron ante el riesgo reputacional y operativo. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas a EE.UU., pero sin frenar la incertidumbre en el sistema financiero.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes la reforma constitucional que extingue a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y crea en su lugar la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, un nuevo organismo regulador con mayores atribuciones centralizadas. Con 267 votos a favor y 222 en contra, la reforma fue enviada al Senado para su discusión.

La nueva comisión dependerá directamente del Ejecutivo federal, lo que ha generado preocupación por la pérdida de autonomía en el control de prácticas monopólicas. Diputados de oposición acusaron que se trata de una “vuelta al pasado”, donde el poder presidencial influía en decisiones regulatorias.

A pesar de las críticas, Morena defendió la medida como parte de un rediseño institucional para fortalecer la competencia y simplificar estructuras. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el oficialismo en la recta final del actual sexenio.

El gobierno federal anunció que reembolsará a los migrantes el 1% de impuesto que Estados Unidos busca aplicar a las remesas en efectivo. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta medida responde al ajuste de la propuesta original que planteaba un gravamen del 5%, tras una ola de protestas de la comunidad migrante.

Según el Banco de México, el 99% de las remesas se transfiere por vía electrónica, por lo que el nuevo impuesto afectará solo al 1% de los envíos. La mandataria informó que, en caso de aprobarse en el Congreso estadounidense, el reembolso se efectuará a través de la Tarjeta Paisano, como reconocimiento a quienes apoyan la economía nacional.

Este anuncio busca mitigar el impacto económico sobre los migrantes, aunque también evidencia la creciente tensión fiscal entre ambos gobiernos. El reto ahora es garantizar que la medida sea efectiva y transparente para quienes dependen de este ingreso vital desde el extranjero.

El poder territorial de los gobernadores de Morena se ha convertido en un obstáculo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque comparten bandera política, mandatarios como Cuitláhuac García en Veracruz o Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán han generado tensiones con el proyecto presidencial, especialmente en temas de seguridad, transparencia y designaciones clave.

La presidenta ha evitado los enfrentamientos directos, pero sus señales de cambio se ven opacadas por liderazgos locales que concentran poder y operan con lógicas propias. En varias entidades, los gobernadores han impulsado reformas para controlar fiscalías o tribunales, en contraste con el discurso de institucionalidad de Sheinbaum.

Analistas coinciden en que la “Cuarta Transformación” ya no depende solo del Ejecutivo federal, sino también del control que puedan ejercer los gobernadores. Con 24 estados gobernados por Morena, la coordinación será clave para evitar que los intereses locales boicoteen la agenda nacional de la nueva administración.

32 personas fueron detenidas durante el desmantelamiento de una de las redes más grandes de robo de combustible en México. La operación, realizada por fuerzas federales y la Fiscalía General de la República, se centró en los estados de Puebla, Veracruz y Estado de México, donde se aseguraron tomas clandestinas, vehículos y equipo especializado.

De acuerdo con las autoridades, el grupo operaba desde hace años y extraía miles de litros de hidrocarburo al día, con ganancias millonarias. Entre los capturados hay funcionarios locales y empleados de Pemex, lo que apunta a una red con protección institucional.

El Gobierno federal calificó el golpe como un “avance estratégico” en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos advierten que este tipo de estructuras se regeneran fácilmente mientras persistan la corrupción y la impunidad, especialmente en regiones donde el huachicol es una fuente alternativa de ingresos.