El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU concluyó que México mantiene patrones de violencia estructural contra las mujeres. En su informe, destaca la impunidad persistente y la falta de resultados tangibles en políticas públicas.

Aunque reconoció avances normativos y programas como “Puertas Violetas”, el Comité subrayó que la violencia feminicida y las desapariciones no han disminuido, y que persiste una brecha entre lo legislado y su aplicación efectiva. También cuestionó el presupuesto federal, al advertir recortes en áreas clave de atención y justicia para mujeres.

La evaluación internacional pone en evidencia una deuda histórica del Estado mexicano. Las cifras siguen creciendo y los discursos oficiales no bastan. ¿De qué sirve reconocer la violencia si no se transforma en protección real para las mujeres en todo el país?

La Secretaría de Salud emitió un tercer aviso epidemiológico por sarampión, luego de que se confirmaran 2,597 casos hasta junio de 2025, con nueve fallecimientos, según datos oficiales. El brote, el más grave en lo que va del siglo, afecta a 18 de los 32 estados del país, siendo Chihuahua el más impactado, con 2,417 casos y ocho decesos.

Las autoridades han intensificado la vacunación, aplicando más de 1.8 millones de dosis entre abril y junio, y han adquirido 27 millones de vacunas adicionales. Sin embargo, especialistas señalan que estas medidas son insuficientes para contener la propagación del virus.

El resurgimiento del sarampión, una enfermedad prevenible, evidencia las consecuencias de la disminución en las coberturas de vacunación y la desinformación. La situación exige una respuesta coordinada y sostenida para evitar que el país pierda su estatus de región libre de sarampión.

Según datos oficiales, durante junio se registraron 2,245 homicidios dolosos en el país, lo que representa una disminución de 245 casos respecto a mayo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El promedio diario bajó de 86 a 75 asesinatos.

Las entidades con mayor número de homicidios fueron Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco, concentrando el 45.2 % del total nacional. La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que es el mes más bajo desde enero.

Pese a la ligera caída, México sigue promediando más de dos mil homicidios al mes. La cifra pone en entredicho la narrativa de pacificación y subraya la necesidad de revisar la estrategia de seguridad. ¿Es esta una tendencia sostenida o solo una pausa estadística en una crisis prolongada?

Morena impulsa una reforma legal para homologar la tipificación del delito de extorsión en los 32 estados del país. Actualmente, este ilícito se castiga de manera desigual según el código penal local, lo que obstaculiza su persecución eficaz.

La iniciativa busca establecer una definición común y sanciones federales, en sintonía con la estrategia del gobierno para frenar este delito creciente, que impacta gravemente a comerciantes, transportistas y ciudadanía en general. También se plantea incorporar la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa.

El debate legislativo ocurre en paralelo al despliegue operativo anunciado por la Secretaría de Seguridad: intervención en penales, bloqueo de señales y rastreo financiero de grupos delictivos. Frente a una extorsión cada vez más extendida y normalizada, la pregunta es si una reforma legal bastará sin acciones efectivas en campo y voluntad política sostenida.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que en la primera semana del programa piloto ya se han registrado 300 mil trabajadores de plataformas digitales al IMSS. El anuncio se dio durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La cobertura contempla dos niveles: quienes están expuestos a riesgos por movilidad (bicicleta, moto o auto) ya cuentan con protección por accidentes laborales. Por otro lado, quienes alcanzan ingresos equivalentes al salario mínimo mensual podrán acceder a seguridad social completa.

El programa busca dignificar el trabajo en apps como Uber, Didi o Rappi. Aunque representa un avance histórico, aún hay retos: fiscalización real, condiciones laborales y voluntariedad del esquema. ¿Se trata de una verdadera inclusión laboral o de una medida limitada para contener la precariedad?

Un fondo de inversión con sede en Nueva York está detrás del monopolio de propiedades ofertadas vía Airbnb en la CDMX. La empresa “Nomad Capital” controla al menos 224 propiedades a través de 13 razones sociales distintas, muchas concentradas en colonias como Roma, Condesa, Juárez y Polanco.

En este esquema, se provecha vacíos legales y dispersión administrativa para registrar múltiples cuentas bajo nombres distintos, simulando pequeños anfitriones. La firma ya fue investigada en Estados Unidos por prácticas similares de acaparamiento y desplazamiento.

Mientras tanto, vecinos y autoridades denuncian el impacto directo en el alza de rentas, la pérdida de comunidad y el desplazamiento de residentes. El caso exhibe cómo el mercado inmobiliario digital se ha convertido en un negocio trasnacional que rebasa la regulación local. ¿Quién controla realmente la ciudad que habitamos?

La Secretaría de Bienestar anunció la dispersión de 90 mil 957 millones de pesos para los programas sociales correspondientes al bimestre julio-agosto. El recurso llegará a 11.4 millones de personas beneficiarias en todo el país.

Entre los apoyos se incluyen las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y becas para niñas, niños y adolescentes, además de ayudas directas al campo. Las entregas bancarias comenzaron este lunes 1 de julio, mientras que las operaciones en localidades sin sucursal iniciarán el 17.

El gobierno federal insiste en que este modelo “va directo a la gente y sin intermediarios”. Sin embargo, expertos advierten que, en tiempos de crisis y recorte a otros sectores, el uso político del gasto social sigue siendo una preocupación legítima. ¿Distribución justa o clientelismo disfrazado de justicia social?

Se han propuesto reformas cruciales a las leyes generales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Salud, impulsadas por la diputada María de Fátima García León (MC). El objetivo principal es establecer programas de tamizaje neonatal que garanticen la detección, diagnóstico y atención temprana de diversas enfermedades en recién nacidos, incluyendo condiciones metabólicas, auditivas, cardíacas y visuales.

Estas reformas también buscan asegurar que las autoridades de todos los niveles promuevan la educación sobre salud básica, nutrición y lactancia materna, así como la importancia del tamizaje. Se prioriza el interés superior de la niñez, buscando su protección integral mediante la medicina preventiva y acciones afirmativas.

La propuesta busca consolidar la relevancia de la salud materno-infantil y el tamizaje neonatal como herramientas fundamentales para reducir la morbilidad y mortalidad infantil. Esta iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, representa un avance significativo hacia el fortalecimiento del país.

Claudia Sheinbaum rechazó la amenaza arancelaria de Donald Trump. El republicano anunció un 10 % extra a países que “se alineen” con los BRICS. Desde Palacio Nacional, la presidenta pidió cooperación en lugar de castigos y recordó que la Constitución obliga a impulsar desarrollo y respeto mutuo.

La mandataria afirmó que el diálogo con Washington sigue abierto, incluidos comercio y migración. Destacó que Juan Ramón de la Fuente la representó en la cumbre BRICS de Río, donde México respaldó la declaración que condena medidas coercitivas y reclama multilateralismo. También advirtió que los aranceles ponen en duda la solidez del T-MEC.

Propuso destinar 1 % del gasto militar global a programas de reforestación y convocar una Cumbre del Desarrollo Económico para el Bienestar. Estas ideas chocan con la ruta punitiva de Washington y revelan dos modelos en pugna. ¿Podrá México equilibrar su apuesta multilateral sin sufrir nuevas represalias?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, uno de los delitos que más afectan a comerciantes y ciudadanos en México. La propuesta incluye una línea directa de denuncia (089), bloqueo de señal en penales y acciones coordinadas con gobiernos estatales.

Desde su experiencia en la Ciudad de México, Harfuch liderará operativos en cárceles, investigará posibles vínculos entre funcionarios y criminales, y buscará frenar la venta ilegal de chips telefónicos. El plan también contempla inteligencia financiera para rastrear el dinero que alimenta estas redes.

Aunque la estrategia marca una postura decidida, el reto es mayúsculo: 26 estados reportan aumento en extorsiones. Harfuch, quien carga con expectativas altas por su historial como jefe policiaco capitalino, ahora deberá demostrar que también puede contener un delito nacional, profundamente vinculado con estructuras del poder y corrupción institucional.