El director del ICE, Todd Lyons, anunció que la agencia intensificará sus acciones contra empresas que contraten migrantes en situación irregular, alegando que muchas de ellas los explotan laboralmente. Según Lyons, estos empleos no son un “delito sin víctimas” y con frecuencia están ligados a trabajo forzado o trata de menores.

Las declaraciones llegan tras un operativo en granjas de cannabis en California, donde se detuvo a más de 300 personas, incluidos diez menores. Lyons aseguró que ICE buscará cumplir la meta de un millón de deportaciones en 2025, impulsada por la administración Trump, pese a que hasta ahora solo se han realizado menos de 150 mil.

El funcionario también criticó a las ciudades santuario que limitan la cooperación con ICE, lo que obliga a la agencia a realizar detenciones directamente en las comunidades. “Nos gustaría enfocarnos en criminales detenidos, pero nos lo impiden”, afirmó Lyons.

La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos aprobó por mayoría la opinión sobre la primera entrega de auditorías de la Cuenta Pública 2024. Aunque no se detectaron revisiones directas al INPI, sí se analizaron informes que impactan transversalmente a instituciones como el INEA y el INSUS. La presidenta Naty Poob Pijy Jiménez pidió enviar la opinión a la Comisión de Vigilancia para su evaluación reglamentaria.

También se respaldaron reformas a las leyes de Presupuesto y Agraria, con propuestas para reconocer legalmente el Anexo Transversal destinado a pueblos originarios y afromexicanos, simplificar trámites y asegurar acceso a recursos públicos. En lo agrario, se avaló incluir el derecho a consulta en tierras indígenas ante cambios legislativos o administrativos.

Finalmente, se rechazó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones por haber sido ya incorporada en la legislación vigente. Además, la Comisión anunció una muestra de cine por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en San Lázaro.

Claudia Sheinbaum pidió a los bancos reducir sus tasas de interés para incentivar el acceso al crédito y la inversión. “Ya la bajó el Banco de México, ¿ustedes cuándo?”, expresó la presidenta en su conferencia matutina. Subrayó que las pequeñas y medianas empresas requieren condiciones más accesibles para financiarse, y que una baja en las tasas facilitaría su crecimiento económico.

Aseguró estar de acuerdo con la decisión del Banco de México de reducir la tasa de referencia, ya que, afirmó, no ha provocado inflación y sí genera mejores condiciones para detonar proyectos productivos. Mientras menor sea la tasa, agregó, mayores serán las posibilidades de acceso al crédito para diversos sectores.

En el mismo evento, Sheinbaum mencionó que se respetarán las decisiones tomadas por la extinta Cofece, incluyendo la denuncia contra farmacéuticas por prácticas monopólicas. Aclaró que casos como el de Salinas Pliego serán analizados por la nueva Corte, dentro del marco constitucional.

El pueblo wixárika celebró que su ruta sagrada de peregrinación hacia Wirikuta fuera inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Sin embargo, el Consejo Regional Wixárika advirtió que la lucha no ha terminado: exigen que se cancelen todas las concesiones mineras nacionales y extranjeras en la Sierra de Catorce y el Bajío de Wirikuta, territorios que consideran sagrados y vitales para su cultura y espiritualidad.

En una conferencia realizada en el Museo Nacional de Antropología, el coordinador del Consejo, Maurilio Ramírez, denunció que las amenazas del extractivismo y la agroindustria siguen vigentes, con más de 78 concesiones activas en la zona. Aunque el INAH reconoció la importancia del sitio, evitó comprometer al gobierno a revocar dichas licencias, limitándose a mencionar que no se permitirán nuevas explotaciones.

El reconocimiento de la UNESCO es un paso histórico, pero los wixaritari insisten: no basta con los títulos. La defensa real del territorio sagrado exige acciones concretas del Estado.

El INAH busca que el Servicio de Protección Federal (SPF) asuma la seguridad de sus recintos a nivel nacional. Esta decisión surge por el incumplimiento de dos empresas privadas que no cumplieron con sus contratos de vigilancia, llevando incluso al cierre temporal de museos clave como el de Antropología. Diego Prieto, director del INAH, coordina este cambio con la Secretaría Anticorrupción, aunque el SPF podría ser más costoso.

La incapacidad de las empresas privadas generó una reducción del 40% de custodios en la Ciudad de México con mínimo ahorro. Tras los cierres, se reinstaló la Policía Auxiliar en la capital, mientras se busca rescindir los contratos privados. Si el SPF se concreta, las empresas perderían 27 contratos en el país, valorados en casi 198 millones de pesos.

Este movimiento plantea la necesidad de una seguridad más robusta para el patrimonio cultural nacional. Además, las mismas empresas aún brindan servicios al INBAL, lo que subraya la importancia de evaluar la eficacia de la contratación de seguridad privada en instituciones culturales.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la construcción del nuevo muro fronterizo que impulsa el presidente Donald Trump en el sur de Nuevo México. Afirmó que no es necesario: “Sin muro se ha logrado una frontera muy segura”, subrayó. También aclaró que México no financia ni participa en dicha obra, y sostuvo que su política exterior se basa en la cooperación y el respeto a los derechos de los migrantes.

Más tarde, en Chiapas, Sheinbaum afirmó que la soberanía y el bienestar del pueblo de México “no se negocian”. Respondió a las declaraciones de la fiscal Pam Bondi, quien vinculó a migrantes con el crimen organizado, al asegurar que nuestros paisanos son personas trabajadoras y ejemplares. Citó una encuesta de Gallup que muestra que el 79 % de los estadounidenses considera positiva la migración.

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó que México acompaña legalmente a la familia de Jaime Alanís, migrante fallecido durante una redada en California.

La prolongada sequía que afecta al país desde hace más de dos años desplomó la producción nacional de maíz blanco, lo que ha obligado a México a importar 586 mil toneladas de este grano desde Estados Unidos durante el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un aumento del 253 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se compraron solo 166 mil toneladas. Hasta inicios de este año, México era autosuficiente en maíz blanco, pero la falta de lluvias ha deteriorado gravemente los cultivos.

Sinaloa, estado líder en producción, espera una cosecha inferior a los 2 millones de toneladas, frente a su promedio anual de 6 millones. La caída en la producción local se suma a la importación constante de maíz amarillo, usado para el ganado, lo que ha convertido a México en el mayor comprador global de maíz. Esta situación refuerza la dependencia con Estados Unidos, nuestro principal proveedor agrícola.

Según datos del Consejo de Granos de EU, solo en el ciclo 2023-2024, ese país exportó 23.4 millones de toneladas de maíz a México, marcando un récord histórico. La consultora GCMA advierte que el 100 % del maíz blanco importado proviene del mercado estadounidense. Con este panorama, México pierde capacidad de respuesta interna ante crisis alimentarias y aumenta su vulnerabilidad comercial, aun dentro del marco del T-MEC. La falta de políticas agrícolas de largo plazo agrava el escenario.

La Secretaría de Gobernación anunció una simplificación en el trámite para que mexicanos repatriados o que regresen voluntariamente desde Estados Unidos puedan ingresar su menaje doméstico sin pagar derechos. El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece una lista clara de artículos permitidos, como ropa, electrodomésticos y herramientas de trabajo, eliminando la cuota de 105 dólares antes exigida.

Esta medida responde al aumento de deportaciones y retornos voluntarios ante el endurecimiento de la política migratoria en EUA. Como parte de la estrategia México te abraza, se busca que los repatriados puedan reinsertarse con dignidad, accediendo a programas de bienestar, salud y empleo, sin trabas administrativas ni pagos innecesarios.

Ya no será necesario contratar agentes aduanales, aunque sí se advierte que vehículos y sumas de dinero superiores a 10 mil dólares no están incluidos en este beneficio. En caso de excedentes, se aplicarán las cuotas aduaneras vigentes.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral publicó los contratos que formalizan las relaciones laborales entre trabajadores y plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, a casi un mes de la entrada en vigor de la reforma. El documento garantiza acceso a seguridad social y protección ante accidentes, sin eliminar la flexibilidad del modelo.

Los nuevos contratos prohíben que los conductores y repartidores finalicen pedidos sin cumplirlos, usen cuentas de terceros o trabajen en varias apps simultáneamente durante un servicio. También deben asumir los costos de sus vehículos y respetar las normas de tránsito. Las plataformas se deslindan de daños o infracciones cometidas.

A cambio, los trabajadores podrán elegir sus horarios y recibir pagos semanales con transparencia. Tendrán derecho a conocer los montos antes de aceptar un servicio y serán informados sobre el funcionamiento de la app. Toda falta será interpretada como incumplimiento contractual, y su permanencia en la plataforma dependerá del buen uso del sistema.

Diputados de Morena propusieron crear una comisión especial para investigar el “cártel inmobiliario”. Esta busca esclarecer responsabilidades de servidores y exservidores públicos en un presunto esquema de corrupción en la alcaldía Benito Juárez, vinculando a políticos panistas.

El vocero de Morena, Arturo Ávila, citó una acusación del expresidente Felipe Calderón y una indagatoria de 350 millones de pesos como evidencia. Señaló que ya hay 13 personas procesadas y cuatro condenadas en el caso.

La comisión tendrá 180 días para presentar un informe. Además, se sugirió investigar un supuesto “cártel inmobiliario” en Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez. Morena insiste en que la investigación es de interés público, no una campaña política.