El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, afirmó que el 2026, segundo año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será un periodo de grandes definiciones y consolidación, cuyos retos marcarán el rumbo de México en el mediano y largo plazo.

Explicó que entre los principales desafíos se encuentran la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el impulso a la inversión pública, la continuidad de la estrategia de pacificación del país y la consolidación de los sistemas de salud y educación pública, temas que requerirán decisiones firmes y visión de Estado.

Monreal Ávila subrayó que la presidenta Sheinbaum ha demostrado liderazgo y claridad de rumbo, y aseguró que desde el Congreso, quienes integran la Cuarta Transformación la acompañarán y respaldarán, con diálogo democrático y corresponsabilidad institucional, para fortalecer las propuestas en beneficio del pueblo de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó la estrategia nacional para combatir la extorsión durante 2026, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El plan reconoce el incremento del cobro de piso desde 2019 y lo clasifica como delito de alto impacto prioritario para atención institucional inmediata.

El acuerdo instruye a los gobernadores a presentar reformas legales para armonizar normas locales con la estrategia federal. Además, deberán informar al Secretariado Ejecutivo sobre dichas iniciativas antes de finalizar enero de 2026, como parte del proceso de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública nacional permanente obligatoria conjunta formal.

El Consejo ordenó a la Fiscalía General de la República emitir un manual operativo contra la extorsión. Las fiscalías estatales deberán aplicarlo en febrero de 2026 y registrar los delitos bajo nuevos lineamientos nacionales, con el objetivo de homologar criterios, medir incidencia y fortalecer presupuestos públicos estatales coordinados sostenibles comunes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores declaró desierta la licitación para la producción del pasaporte mexicano durante el resto del sexenio, contrato valuado en aproximadamente cuatro mil seiscientos millones de pesos. La decisión se tomó luego de desechar las dos propuestas recibidas por incumplimientos técnicos señalados oficialmente por autoridades federales competentes.

Aunque cuarenta y cinco empresas manifestaron interés inicial, la mayoría declinó participar, incluido el consorcio ganador en dos mil diecinueve. La oferta más baja fue descalificada por omisiones formales, mientras que la segunda propuesta fue rechazada por inconsistencias documentales y técnicas detectadas durante la evaluación del proceso licitatorio oficial federal.

La SRE informó que reiniciará el procedimiento en fechas próximas y garantizará la continuidad del servicio. Mientras tanto, podría recurrir a un convenio temporal con el proveedor actual. Autoridades señalaron que requisitos técnicos elevados y plazos ajustados influyeron en el limitado interés empresarial registrado durante el proceso de contratación pública.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, durante quince meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han logrado detenciones relevantes de generadores de violencia. Estas acciones se concentraron principalmente en Sinaloa, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Sonora y Chihuahua, como parte de una estrategia federal de seguridad pública nacional actual.

En un mensaje difundido en redes sociales, el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, destacó el trabajo del Gabinete de Seguridad y de las fuerzas federales. Señaló que las instituciones han fortalecido la prevención del delito, la presencia territorial y la coordinación con autoridades estatales y municipales del país.

La SSPC indicó que los detenidos están vinculados a organizaciones criminales dedicadas a extorsión, secuestro y narcomenudeo. De acuerdo con fuentes de seguridad, las acciones han impactado principalmente a células del Cártel de Sinaloa, en especial a la facción conocida como Los Chapitos, durante recientes operativos federales coordinados estratégicos nacionales.

Una iniciativa legislativa busca despenalizar la muerte asistida en México para personas mayores de dieciocho años que la soliciten por escrito. La propuesta, presentada por la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal vigentes en materia sanitaria nacional.

El proyecto establece que la solicitud deberá ser evaluada por un Comité de Bioética y ejecutada bajo protocolos de la Secretaría de Salud. El procedimiento solo podrá realizarlo personal médico autorizado y contempla tiempos de reflexión, objeción de conciencia y condiciones dignas para la persona solicitante durante todo el proceso.

La iniciativa redefine eutanasia y suicidio asistido, y propone que estos procedimientos no constituyan delito. Turnada a comisiones, se sustenta en encuestas que reflejan amplio respaldo social y en experiencias internacionales, argumentando que legislar permitiría garantizar el derecho a una muerte digna en casos de sufrimiento irreversible comprobado médicamente documentado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que su bancada prepara la Agenda Legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que iniciará el primero de febrero, como base inicial para organizar los trabajos parlamentarios nacionales actuales.

Explicó que la agenda incluye reformas en materia administrativa, penal, ambiental y laboral, así como iniciativas para impulsar la economía social, la productividad y el acceso a la justicia, además de minutas culturales y turísticas, junto con propuestas orientadas al fortalecimiento de derechos humanos y al desarrollo sostenible nacional integral.

Monreal Ávila señaló que la agenda es un instrumento de planeación flexible y abierto, que permitirá analizar iniciativas del Ejecutivo y del Senado con corresponsabilidad institucional, diálogo democrático y el objetivo de atender las demandas sociales y consolidar la transformación democrática del país con responsabilidad política y visión legislativa nacional.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a tres empresas proveedoras del Gobierno federal por irregularidades en procedimientos de contratación. La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, informó que las sanciones incluyen multas económicas y la prohibición temporal de participar, directa o indirectamente, en contrataciones con la administración pública federal vigente.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Guardería Infantil San Nicolás, multada e inhabilitada por proporcionar información falsa durante la vigencia de un contrato con el IMSS. Asimismo, Just Implant recibió una sanción mayor por falsear datos en un proceso de adquisición de insumos médicos especializados para instituciones públicas federales nacionales.

La tercera sanción fue impuesta a CISM, por no formalizar contratos adjudicados en una licitación pública. La Secretaría informó que las empresas fueron inscritas en el padrón de proveedores sancionados y podrán impugnar las resoluciones, las cuales serán defendidas en protección del interés público conforme a derecho administrativo vigente nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que mañana se presentará el plan para resarcir los daños ambientales y sociales provocados por el derrame tóxico en el río Sonora, ocurrido en agosto de 2014. Señaló que el proyecto busca atender una deuda histórica con comunidades afectadas norte mexicano.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el plan incluye obras de remediación, atención médica y monitoreo permanente del agua. Asimismo, reconoció la participación de dependencias federales y del gobierno estatal para lograr que Grupo México asumiera finalmente su responsabilidad ambiental tras años de incumplimiento reiterado en la zona.

Sheinbaum también subrayó el acuerdo alcanzado para levantar la huelga en la mina de Cananea, tras dieciocho años de paro. Indicó que el plan de justicia contempla apoyos y resarcimientos, lo que calificó como un hecho histórico para Sonora y sus trabajadores del sector minero, afectados durante prolongado conflicto laboral.

En el primer tramo del sexenio, Marcelo Ebrard ha logrado mantenerse como una figura central del gabinete, recuperando influencia política sin romper la cohesión interna del Gobierno. Su llegada a la Secretaría de Economía abrió expectativas: tendría a su cargo la relación comercial con Estados Unidos, la atracción de inversiones y la defensa del T-MEC en un escenario internacional más incierto. Ahora, las preguntas apuntan a si podrá traducir experiencia acumulada en resultados tangibles.

El reto es considerable. La economía mexicana ha enfrentado un año de bajo dinamismo y señales contradictorias. Mientras el Gobierno presume orden macroeconómico, empresarios nacionales muestran cautela, frenando decisiones de inversión que son clave para sostener el crecimiento. Ebrard intenta equilibrar ese desajuste mediante giras constantes a Washington y ajustes regulatorios internos, pero la percepción pública sobre el rumbo económico sigue sin mejorar y ese costo político comienza a acumularse.

En paralelo, el contraste con el desempeño de la estrategia de seguridad es inevitable. El avance inicial en índices delictivos ha generado una narrativa positiva alrededor de Omar García Harfuch, quien concentra gran parte de la atención pública. En Economía, en cambio, el discurso oficial enfrenta mayor escepticismo, y las reformas administrativas han provocado incertidumbre entre sectores productivos. Para Ebrard, este diferencial de resultados opera como presión adicional.

2026 será decisivo. La inminente revisión del T-MEC, la urgencia por detonar inversiones y la necesidad de simplificar trámites definirán si el secretario logra reposicionar el ánimo económico del país. Si Ebrard consigue articular resultados visibles, reforzará su figura política. Si no, su proyección futura se verá limitada en un gabinete donde la competencia interna ya comenzó.

El Grupo Salinas deberá cubrir en enero próximo una deuda fiscal por 51 mil millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación agotó todas las instancias de impugnación, informó el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia presidencial.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un procedimiento estrictamente legal y administrativo. Explicó que, conforme al Código Fiscal, las empresas podrán solicitar descuentos o esquemas de pago una vez que sean notificadas formalmente, lo cual ocurrirá en enero. De no cumplirse, se activarán los procesos legales correspondientes.

El SAT recordó que el adeudo deriva de resoluciones emitidas desde 2013 por impuestos sobre la renta de varios ejercicios fiscales. Martínez Dagnino reiteró que contribuir al gasto público es una obligación constitucional y llamó a la empresa a cumplir con el pago conforme a la ley.