Donald Trump defendió los ataques del ejército estadounidense en el Caribe asegurando que las embarcaciones destruidas transportaban “narcoterroristas”. Pero una investigación de The Associated Press revela una historia distinta: entre los más de 60 muertos hay pescadores, obreros y jóvenes sin experiencia en el mar, reclutados por necesidad.

En la península venezolana de Paria, una de las zonas más pobres del país, hombres como Robert Sánchez —pescador y padre de cuatro hijos— aceptaron trabajos de transporte marítimo a cambio de 500 dólares por viaje. Buscaban sobrevivir. Sánchez, que ganaba apenas 100 dólares al mes, murió en una lancha alcanzada por misiles estadounidenses. Otros, como Juan Carlos Fuentes, un chofer desempleado, o Dushak Milovcic, ex cadete militar, también cayeron en ataques recientes.

Washington justifica la ofensiva declarando que los cárteles son “combatientes ilegales” y que Estados Unidos está en “guerra” contra ellos. Sin embargo, las embarcaciones hundidas transportaban cocaína —no opioides, los responsables de las sobredosis que Trump dice querer evitar—. En total, el ejército ha realizado 18 ataques, con cerca de 70 muertos.

Familiares denuncian que sus seres queridos fueron ejecutados sin juicio ni aviso, mientras las autoridades venezolanas callan. En Güiria, las madres reconocen a sus hijos por relojes o tatuajes en cuerpos mutilados que arriban a las costas de Trinidad. Las muertes, aseguran los pobladores, no fueron una batalla contra el narcotráfico: fueron una masacre de pobres que eligieron el mar como último recurso para vivir.

Donald Trump ha iniciado su segundo mandato con un mensaje claro: la era del imperio estadounidense no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Su proyecto ya no busca proteger, sino expandirse. Desde su llegada a la Casa Blanca, ha reivindicado el discurso de la “restitución de Estados Unidos”, renombrando la Secretaría de Defensa como “Secretaría de Guerra” y nombrando a un veterano de Irak al frente.

Trump entiende el poder como velocidad: imponer una dinámica que impida reflexionar o rectificar. Su estrategia es mantener a la sociedad en movimiento constante, entre crisis mediáticas y decisiones inmediatas. En esa lógica, busca desmantelar los contrapesos institucionales, sembrar dudas en los jueces y convertir el caos en herramienta política.

Sin embargo, las recientes elecciones del 4 de noviembre mostraron grietas. Estados como Virginia, Nueva Jersey y California votaron en su contra, y Nueva York eligió como alcalde a Zohran Mamdani, musulmán y socialista de 34 años, símbolo de una nueva generación que desafía el poder financiero y la desigualdad.

Aun así, la “América profunda”, armada y radicalizada, sigue siendo su base más fiel. Trump apuesta por redibujar los condados para asegurarse el control del Congreso y garantizar un poder estructural que resista cualquier alternancia.

Mientras el país se divide entre costas liberales y un interior cada vez más autoritario, una verdad persiste: los cimientos republicanos de Estados Unidos siguen de pie, aunque sometidos a una prueba histórica. El imperio no muere; solo cambia de forma y de dueño.

El episodio de acoso que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum no solo conmociona por dirigirse a la jefa del Estado mexicano, sino porque refleja una realidad cotidiana: la violencia sexual que enfrentan millones de mujeres en el país. Un hombre de 33 años intentó abrazarla, besarla y tocar su pecho sin consentimiento. La escena, ocurrida a plena luz del día y frente a cámaras, resume una verdad incómoda: casi ninguna mujer en México ha escapado de una situación similar.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 45% de las mexicanas ha sufrido acoso en espacios públicos; son 23 millones de mujeres. El 94% no denuncia. Lo que para los agresores “no tiene importancia”, para las víctimas representa miedo, indignación y resignación aprendida. La falta de pedagogía sobre el consentimiento mantiene viva una cultura donde muchos hombres aún creen que tienen derecho sobre los cuerpos ajenos.

A diferencia de la mayoría, Sheinbaum decidió denunciar. Su acción la coloca entre el 4% de mujeres que enfrentan judicialmente a su agresor. Lo hizo desde su investidura, pero también como ciudadana, enviando un mensaje de cero tolerancia. Su respuesta marca un precedente político y simbólico en un país donde el acoso es tan común como la impunidad.

El reto ahora es convertir el caso en política pública. La presidenta ha anunciado una campaña nacional contra el acoso callejero, pero el cambio profundo exigirá tiempo, educación y una revolución cultural. Porque no fue un gesto aislado: fue el espejo de México.

En Michoacán, la violencia no solo se mide por los asesinatos, sino por la forma en que el crimen organizado recluta y utiliza a niños y adolescentes como herramienta de guerra. Los cárteles han convertido a los jóvenes en carne de cañón: los emplean como halcones, cobradores de cuotas o asaltantes, fogueándolos para tareas mayores, como el sicariato. El miedo y la falta de oportunidades son el terreno fértil de este ejército silencioso.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, los delitos menores —robos, extorsiones o cobros— son la puerta de entrada al crimen. Los muchachos que asaltan tiendas o roban motocicletas son, en realidad, piezas de un sistema criminal que los entrena para operaciones más violentas. En Apatzingán, exintegrantes de la Mesa de Seguridad confirman que los cárteles los usan como desechables: los más jóvenes son los primeros en morir o ser capturados.

El fiscal estatal reconoció que el asesino del alcalde de Uruapan podría tener entre 17 y 19 años. No es excepción, sino reflejo de una práctica extendida. En Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza engaños laborales para atraer a jóvenes desempleados: publica ofertas falsas en redes, los cita en restaurantes y los desaparece tras recogerlos en vehículos de aplicación.

La combinación de pobreza, impunidad y reclutamiento forzado sostiene una maquinaria criminal que se renueva constantemente. En Michoacán, los adolescentes ya no sueñan con escapar del miedo: se ven obligados a servirlo.

Hace apenas un año, América Latina parecía teñida de rojo. Gobiernos de izquierda ocupaban el poder en México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y otros países. Hoy, la oleada se despinta. En Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, el péndulo gira hacia la derecha; en Colombia y Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric cierran su mandato con índices de aprobación críticos. Solo López Obrador conserva fuerza al final de su ciclo.

El desgaste tiene explicación económica y emocional. Los gobiernos progresistas lograron redistribuir riqueza, pero no expandirla. Mejoraron la vida de millones, pero con un “pastel” que dejó de crecer. Los límites fiscales, la inflación y la fuga de capitales minaron los logros iniciales. Aun con subsidios y aumentos salariales, el estancamiento económico y la inseguridad cotidiana erosionaron la confianza popular.

El gran dilema de la izquierda regional sigue siendo reconciliar justicia social con crecimiento sostenido. Sin inversión ni empleo, la redistribución se vuelve insostenible. Esa fatiga económica y simbólica ha abierto espacio para nuevos populismos “inversos”: líderes de derecha que capitalizan la frustración y la rabia, apropiándose del lenguaje del descontento que antes pertenecía a la izquierda.

La paradoja es que los votantes que exigieron igualdad ahora buscan estabilidad, aunque venga envuelta en autoritarismo. La oleada roja no ha desaparecido, pero enfrenta su límite más profundo: el de las expectativas que no logró cumplir, y la urgencia de reinventarse para no volverse parte del desencanto que prometió transformar.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo fracturó el relato de control que el Gobierno federal había tejido en materia de seguridad. En Michoacán, la violencia no se mide ya en balas, sino en la captura silenciosa de economías locales por parte del crimen organizado. Los cárteles han mutado: del narcotráfico pasaron a la extorsión, y de ahí a un modelo económico que sustituye al Estado.

Los grupos criminales como Los Viagra cobran cuotas, controlan los días de cosecha y se presentan como “proveedores” de insumos agrícolas. En regiones como Tierra Caliente, ya no solo imponen miedo: regulan mercados, fijan precios y definen quién puede trabajar. Las víctimas rara vez denuncian; la autoridad, sin información, presume estabilidad. Pero esa “tranquilidad” estadística esconde sometimiento.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los delitos de alto impacto disminuyen, aunque el fenómeno extorsivo crece en silencio. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha construido su discurso sobre datos favorables, pero Michoacán desmonta esa narrativa: los criminales han suplantado al Estado en sus funciones básicas, cobrando impuestos y aplicando su propia fuerza pública.

La crisis exhibe la fragilidad del modelo que privilegia las cifras sobre el control territorial. Mientras el Ejecutivo celebra la baja de homicidios, los grupos armados avanzan en la economía cotidiana. En Michoacán, las estadísticas son irrelevantes: la violencia ya no se libra en las calles, sino en los precios del limón, en las cuotas, en el miedo.

El veto de Donald Trump al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el encarecimiento de la deuda pública y la caída del PIB en 0.3% encendieron las alarmas económicas y ofrecieron a la oposición una inesperada ventana de desgaste para el Gobierno. En una misma semana, los nubarrones financieros se acumularon y revivieron el debate sobre los costos del modelo económico de la 4T.

El golpe al AIFA es simbólico: el proyecto emblema de López Obrador y bandera de continuidad de Claudia Sheinbaum enfrenta su primer veto internacional. Washington canceló 13 rutas aéreas hacia Estados Unidos por presuntas violaciones al acuerdo bilateral de 2015. La medida afecta a Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, y frena la expansión del aeropuerto que, de los 20 millones de pasajeros prometidos, apenas mueve seis millones al año.

Al mismo tiempo, el costo financiero de la deuda pública alcanzó su nivel más alto en casi una década: 1.6 billones de pesos solo en intereses, más que el presupuesto conjunto de salud, educación e infraestructura. Desde Hacienda, Édgar Amador insiste en que la deuda total se mantiene estable, pero reconoce que los mayores tipos de interés y la caída del peso han encarecido su servicio.

El retroceso del PIB refuerza la sensación de estancamiento. Aunque el Gobierno sostiene que el impacto está “focalizado”, los analistas advierten una pérdida de impulso en manufactura, inversión y empleo formal. Si la economía no rebota en diciembre, el relato de “resiliencia” podría ser el primer frente de vulnerabilidad política para el sexenio.

Entre los escombros de Damasco, Ahmad y Basel, dos niños sirios, recogen chatarra para sobrevivir. Lo que extraen con sus manos termina, quizá, convertido en varillas que levantarán edificios en Estambul o estadios en Europa. Su trabajo infantil es el primer eslabón de una cadena global que transforma la devastación en negocio: la industria del acero que se alimenta de guerras.

Durante un año de seguimiento, diversas fuentes, imágenes satelitales y datos comerciales revelan cómo toneladas de metal extraído de Siria, Libia o Ucrania acaban en fundiciones turcas. Milicias, regímenes y empresarios sancionados financian sus operaciones saqueando el hierro de los países en conflicto. De allí, la chatarra viaja en barco a Turquía, donde se funde y se vende al mundo.

El acero reciclado representa hasta el 85% de la producción turca. Europa y Oriente Próximo compran sin preguntar por su origen. No existe un sistema que certifique la procedencia ética de la chatarra, ni siquiera en el marco de las políticas climáticas de la Unión Europea. Los compradores finales —constructoras, gobiernos, fabricantes— desconocen si el material proviene de la destrucción de un hospital en Alepo o de un tanque ruso en Ucrania.

En el nuevo mapa del capitalismo del hierro, las guerras son minas abiertas. Cada edificio demolido se convierte en materia prima, cada proyectil en oportunidad de negocio. Ahmad y Basel no lo saben, pero su jornada bajo el polvo mantiene encendidos los hornos del mundo.

El bloqueo de más de 30 carreteras por productores agrícolas encendió una alarma que lleva años sonando en silencio. El maíz, base alimentaria y cultural de México, enfrenta un deterioro profundo: caída en la producción, aumento de importaciones y precios que ya no cubren los costos de siembra. Los agricultores no sólo protestan por el dinero, sino por un sistema que los deja fuera del futuro rural.

Desde 2015, la producción nacional de maíz se redujo 3.7%, mientras las importaciones crecieron 78%. En 2025, México comprará más maíz que nunca: 16.8 millones de toneladas, casi todo proveniente de Estados Unidos y en su mayoría transgénico. El precio al productor cayó de 7,000 a 5,200 pesos por tonelada, mientras los costos subieron 50%. La ecuación es insostenible y el campo lo está gritando en las carreteras.

El Gobierno ofreció un apoyo de 850 pesos por tonelada; los productores exigen al menos 1,000 más. No es solo una disputa económica: el conflicto expone el desajuste entre un mercado global que dicta precios desde Chicago y una economía rural que se ahoga entre deudas, sequías e inseguridad. La protesta es el síntoma de un modelo agotado.

Detener las importaciones de maíz estadounidense sería un error comercial, pero mantener la dependencia actual también lo es. En el fondo, el país enfrenta una pregunta incómoda: ¿quién va a sembrar nuestro futuro cuando el campo deje de ser viable? El bloqueo terminó, pero el problema apenas comienza.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara una ofensiva sin precedentes contra las principales plataformas digitales que operan en México. De acuerdo con sus propias revisiones, Netflix, Disney+, Uber y Airbnb habrían reportado ingresos menores a los reales en sus declaraciones mensuales. Si no corrigen las discrepancias antes de 2026, el organismo no descarta llevar los casos a juicio por evasión fiscal.

El administrador general de Recaudación, Gari Flores, explicó que las auditorías han detectado diferencias de hasta 50% entre las operaciones declaradas y las efectivamente realizadas. “En algunos casos reportan 30 transacciones por un millón de pesos, cuando en realidad fueron 50 y sumaron un millón y medio”, señaló. Para el próximo año, el SAT tendrá la facultad de fiscalizar directamente las bases de datos de las plataformas mediante el nuevo artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación.

El objetivo, según el SAT, es “cerrar los huecos de evasión” y asegurar que las tecnológicas extranjeras paguen impuestos acordes con sus ganancias reales. Sin embargo, la Asociación de Internet MX (AIMX) advierte que el acceso en tiempo real del fisco a la información digital podría vulnerar la privacidad de usuarios y prestadores de servicios.

En medio del debate, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una reconfiguración fiscal digital que busca hacer frente al modelo global de negocios en línea. El mensaje del SAT es claro: los gigantes del streaming y las apps de transporte deberán rendir cuentas ante el Estado mexicano o enfrentar los tribunales.