La trayectoria de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sintetiza uno de los casos más complejos de corrupción estructural en la política reciente. Con ascenso acelerado dentro del PRI y un gobierno marcado por irregularidades financieras, su administración dejó investigaciones abiertas por desvíos millonarios, adquisiciones de bienes presuntamente ilícitos y el funcionamiento de una red de pagos ilegales conocida como la “Nómina Secreta”. Las autoridades estatales y federales emitieron más de veinte órdenes de aprehensión en su contra antes de su detención inicial en Estados Unidos en 2020 y posterior extradición a México.

El expediente contra Duarte no describe únicamente presuntos desfalcos, sino la existencia de un ecosistema político sostenido en transferencias discretas de recursos a actores públicos y privados. Entre los beneficiarios señalados se encuentra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cuya relación con estos expedientes ha sido objeto de procesos judiciales y controversia política. Esta red de protección política y jurídica permitió que, pese a las acusaciones, Duarte mantuviera márgenes de operación durante años.

El reciente operativo federal que condujo a su nueva captura marca un punto de quiebre. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, el Gobierno federal ha asumido un papel central en un caso donde, argumenta, la justicia local mostró límites estructurales para proceder. El arresto coincidió con la ausencia de Campos del país, hecho que reavivó cuestionamientos sobre el papel de la autoridad estatal en los procesos contra el exmandatario.

La reaprehensión de Duarte reabre también escenarios para otros involucrados en la presunta red de desvíos, incluidos operadores de la llamada Operación Zafiro. Para analistas, el caso representa una prueba de estrés para el sistema judicial y político: si el Estado logra avanzar con eficacia en un expediente de esta magnitud, podría sentar un precedente para la rendición de cuentas en los niveles más altos del poder público.

La tensión en la frontera entre México y Guatemala volvió a escalar tras recientes enfrentamientos entre fuerzas guatemaltecas y grupos criminales mexicanos. El choque, que dejó un militar herido y un civil muerto, detonó la decisión de ambos Gobiernos de reforzar su coordinación operativa. México anunció “operaciones coincidentes” con Guatemala, una modalidad que implica despliegues paralelos en cada territorio para contener a los cárteles que dominan la región, particularmente facciones vinculadas al Cártel de Sinaloa y al llamado Cártel de Chiapas-Guatemala.

Aunque los dos países insisten en que estas acciones se realizarán sin intervención externa, el contexto regional complica la ecuación. Estados Unidos mantiene un despliegue militar creciente en el Caribe bajo el argumento de combatir al narcotráfico, y la narrativa de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas ha abierto la puerta a la expansión de sus facultades extraterritoriales. Para Washington, cualquier indicio de incapacidad estatal en Centroamérica adquiere valor estratégico: debilita resistencias diplomáticas y facilita negociaciones para extender su presencia militar.

La región ofrece precedentes. Países como Costa Rica, Ecuador, Guyana o Antigua y Barbuda han aceptado grados variables de cooperación militar estadounidense ante presiones internas y externas. En ese marco, la frontera sur de México aparece como un punto crítico, no solo por el trasiego de drogas, armas y migración irregular, sino porque históricamente nunca ha existido un acuerdo de seguridad bilateral sólido entre México y Guatemala. Esa ausencia deja espacio para interpretaciones y oportunidades para actores externos.

Los incidentes recientes —incluidos 12 ataques contra el Ejército guatemalteco en Agua Zarca y una incursión accidental de fuerzas mexicanas en junio— evidencian un deterioro que ambos Gobiernos buscan contener. Pero el riesgo mayor, advierten especialistas en seguridad regional, es que el escalamiento criminal termine alineando a países latinoamericanos con la agenda militar de Washington. Si eso ocurre, las “operaciones coincidentes” podrían convertirse en el primer eslabón de un reacomodo estratégico mucho más amplio en la región.

Estados Unidos presentó una actualización de su Estrategia de Seguridad Nacional que busca reposicionar su poder en un escenario internacional fragmentado. El documento endurece su visión del hemisferio occidental y revive, en términos contemporáneos, la lógica de la Doctrina Monroe, al plantear un control más estricto sobre migración, cadenas de suministro y presencia de potencias extrarregionales. La idea de un “dominio exclusivo” regional vuelve al centro del discurso estratégico de Washington.

La Casa Blanca afirma que “la era de las migraciones masivas ha terminado” y eleva la seguridad fronteriza a prioridad nacional. La paradoja, señalan especialistas, es que la política económica impulsada por Estados Unidos suele incentivar la expulsión de población en países dependientes de exportaciones primarias. A ello se suma el endurecimiento del combate transnacional al narcotráfico, que ahora se enmarca en una visión más abierta al uso extraterritorial de la fuerza.

El documento también marca distancias con Europa. Aunque exige al continente asumir la “responsabilidad primaria” de su defensa, impulsa una salida rápida al conflicto en Ucrania y un realineamiento estratégico hacia el Indo-Pacífico. La OTAN, se anticipa, deberá operar cada vez más como un instrumento de presión sobre China, a la par de la búsqueda de una “estabilidad estratégica” con Rusia que reduzca tensiones sin debilitar la primacía estadounidense.

Washington asegura que pretende “paz mediante fortaleza”, pero la práctica reciente —desde operaciones letales en el Caribe hasta amenazas de intervención en América Latina— contradice ese mensaje. La pregunta de fondo es si Estados Unidos puede sostener un orden global renovado sin recurrir al uso expansivo de la fuerza, o si esta estrategia es, más bien, un intento de reconstruir una unipolaridad que ya no corresponde al mundo actual.

El anuncio del Gobierno mexicano para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas desató una oleada de advertencias sobre presuntos daños a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, especialistas señalan que el temor responde más a percepciones arraigadas que a un análisis económico integral. La propuesta, planteada de forma gradual hasta 2030, busca amortiguar ajustes y evitar choques abruptos en los sectores más sensibles.

Aunque líderes empresariales aseguran que la medida elevará costos operativos entre 15% y 20%, los economistas matizan este diagnóstico. Una parte sustancial del universo mipyme opera en esquemas de informalidad que ya funcionan al margen de regulaciones laborales básicas. Esto diluye el impacto real de la reforma, mientras concentra el desafío en compañías formales de servicios y comercio que dependen de horarios extendidos y rotaciones rígidas.

La discusión, coinciden los expertos, no puede reducirse a la contabilidad inmediata del costo laboral. Estudios internacionales apuntan a que jornadas más cortas suelen incrementar la eficiencia, y México enfrenta una brecha histórica en productividad que no se resolverá prolongando horas de trabajo. La reforma introduce justamente un periodo de transición para incentivar mejoras tecnológicas, reorganización de flujos y profesionalización administrativa, factores que hace décadas quedaron rezagados bajo un modelo anclado en la sobreexplotación de la mano de obra.

En paralelo, el país reordena su mercado interno y confronta la informalidad, que distorsiona la competencia y limita el bienestar. En ese marco, la reducción de jornada abre una oportunidad para replantear la relación entre costos, eficiencia y derechos laborales. Más que un golpe a las mipymes, el reto —dicen los analistas— es convertir la transición en un impulso hacia una productividad sostenida.

La ofensiva retórica del PRI y del PAN contra el Gobierno de la Cuarta Transformación ha escalado a niveles que rozan la caricatura. Acusaciones de autoritarismo, corrupción o incluso vínculos criminales emergen ahora de quienes edificaron su poder histórico precisamente sobre esas prácticas. El fenómeno exhibe un viejo mecanismo psicológico –la proyección– trasladado directamente al terreno político: atribuir al adversario las propias miserias para evitar asumirlas y, de paso, erosionar su legitimidad ante el electorado.

La estrategia se sostiene en la desinformación, que permite reescribir la memoria pública y borrar responsabilidades históricas. Así, los priístas proclaman que “construyeron el país” que en realidad se desarrolló a pesar de ellos, mientras los panistas adjudican a Vicente Fox la paternidad de los programas sociales que hoy intentan desmantelar. Esta reapropiación de méritos acompaña la campaña de injurias que circula en redes y medios, donde los ataques buscan sustituir el debate por el escándalo y la discusión argumentada por insultos multiplicados.

En ese terreno se articula la influencia de la ultraderecha internacional, cuyos discursos misóginos, clasistas y xenófobos han sido acogidos con entusiasmo por la reacción local. Frases como “basura inmigrante” o “zurdos de mierda” ya forman parte del repertorio opositor, alimentado por figuras como Salinas Pliego, Lilly Téllez o Alejandro Moreno, que replican el estilo estridente de Trump y Milei para amplificar su presencia mediática.

La apuesta es clara: desplazar la política y colonizar el espacio público con odio, burla y desprecio. Su eficacia no reside en convencer, sino en contaminar, provocando que otros actores respondan en el mismo tono. Si la disputa pública se reduce al intercambio de improperios, la ultraderecha habrá logrado su objetivo: vaciar la política de contenido y convertirla en un espectáculo de violencia verbal.

La alianza entre Morena, PVEM y PT entra a una fase decisiva rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logró, por ahora, contener el riesgo de ruptura, el bloque oficialista se mueve sobre un terreno marcado por recelos, cálculos de poder y tensiones por la reforma electoral. Las dirigencias han aceptado salir en enero con un mensaje de unidad, pero detrás del anuncio aún queda por resolverse la letra fina del acuerdo.

La discusión más sensible gira en torno al contenido de la reforma electoral que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso. La posible eliminación de plurinominales, la reducción del financiamiento partidista y la reconfiguración del INE generan resistencias en el Verde y el PT, que ven amenazadas sus actuales rutas de supervivencia. Entre exigencias y advertencias veladas, los aliados esperan conocer el proyecto final antes de comprometer su respaldo.

Mientras el PVEM apuesta por una coalición parcial que le permita competir solo en distritos estratégicos, el PT presiona por un acuerdo total, temeroso de repetir el escenario de 2021, cuando la división interna debilitó al bloque y frenó reformas clave. En Morena, la instrucción presidencial es clara: unidad, pero sin ceder a prácticas de nepotismo o arreglos que comprometan la narrativa de renovación política.

La negociación real comenzará en 2026, cuando se definan las candidaturas y el reparto de espacios en las 17 gubernaturas en disputa. Si bien el oficialismo insiste en mostrarse cohesionado, la reforma electoral, los intereses encontrados y los tiempos reducidos pondrán a prueba la capacidad de la coalición para mantenerse intacta. El mensaje de unidad llegará; su viabilidad, en cambio, sigue en construcción.

El primer encuentro presencial entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump llega no por cauces diplomáticos tradicionales, sino al amparo del sorteo del Mundial. La presidenta mexicana viaja a Washington para una breve reunión trilateral junto al primer ministro canadiense, Mark Carney, en un momento en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más frágiles desde el retorno de Trump a la Casa Blanca. La retórica del mandatario estadounidense, que insiste en justificar intervenciones militares contra cárteles en territorio extranjero, mantiene a México en estado de alerta.

Sheinbaum ha respondido con firmeza ante las insinuaciones de Trump. Defiende el intercambio de inteligencia, pero rechaza cualquier despliegue de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano y recuerda que la historia del país obliga a blindar la soberanía. La mandataria insiste en que “cooperación no implica subordinación”, aun cuando el propio Trump ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas y presume prerrogativas para actuar más allá de sus fronteras.

El TMEC ocupa otro punto sensible de la agenda. Desde su regreso al poder, Trump ha sacudido la relación comercial con nuevos aranceles, mientras insinúa la posibilidad de abandonar el acuerdo trilateral para sustituirlo por pactos bilaterales. México enfrenta así una negociación compleja con un socio que usa tarifas y presiones en seguridad como fichas del mismo tablero. La revisión del tratado, obligatoria en 2026, aumenta la urgencia del encuentro.

En paralelo, el clima político mexicano suma ruido. Sectores ultraconservadores próximos al movimiento MAGA buscan amplificar la narrativa de inestabilidad, mientras Washington presiona por nuevas extradiciones de capos del narcotráfico. Con el telón de fondo deportivo, Sheinbaum y Trump medirán distancias en una relación que combina cooperación forzada, tensiones persistentes y un equilibrio diplomático cada vez más delicado.

La actual movilización de productores rurales marca una ruptura histórica: es la primera revuelta del campo mexicano en la era postneoliberal. A diferencia de las insurrecciones campesinas de los años noventa y dos mil, centradas en el rechazo al libre mercado y al despojo, esta protesta es más diversa y contradictoria. Agricultores medianos y grandes marchan no solo contra los rezagos heredados, sino también contra nuevas políticas estatales que buscan regular sectores estratégicos como el agua.

El detonante inicial fue el pago pendiente por granos básicos, pero pronto la reforma hídrica tomó el centro del descontento. La iniciativa, diseñada para frenar décadas de depredación y ordenar el uso del agua, fue comunicada de forma deficiente. En ese vacío avanzaron acaparadores, políticos opositores y gestores del negocio del agua, sembrando la idea —falsa, pero eficaz— de que peligraban concesiones y derechos de trasmisión. Este clima alimentó una movilización emocional más que racional, impulsada por la sensación de pérdida inminente.

La presión surtió efecto: Ejecutivo y Legislativo instalaron mesas para atender pagos atrasados, revisar precios de garantía y ajustar la iniciativa hídrica para disipar incertidumbres. El acuerdo más relevante será una revisión profunda del modelo agroalimentario, una oportunidad para debatir el mosaico de agriculturas del país y el rezago histórico que arrastran. Las políticas previas privilegiaron a grandes productores, mientras que la 4T se enfocó en los más pequeños, dejando a sectores intermedios en un limbo que hoy se expresa en las calles.

El desafío es monumental. La migración rural, el envejecimiento del campo, el dominio transnacional de alimentos e insumos, el cambio climático y la violencia exigen repensar integralmente el rumbo agrícola. Un nuevo pacto rural deberá incluir a agriculturas indígenas, campesinas, familiares y comerciales, ordenar mercados, ampliar financiamiento y garantizar derechos laborales. Solo así podrá construirse un pluralismo agrícola sostenible, justo y productivo.

La advertencia del presidente Donald Trump de iniciar operaciones terrestres contra supuestos narcotraficantes en América Latina marca una escalada inédita en su política de seguridad. Hasta ahora, la campaña letal de Washington se había concentrado en ataques marítimos que han dejado más de 80 muertos. Con su anuncio de que “cualquier país donde se produzcan drogas está sujeto a ataques”, el presidente abrió la posibilidad de incursiones en múltiples territorios, mencionando expresamente a Colombia y Venezuela.

El mensaje llega en un momento de fuerte presión interna para la Casa Blanca. En Washington crece el escrutinio sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de revelaciones periodísticas que lo vinculan con órdenes para rematar sobrevivientes tras un ataque naval en el Caribe. Aunque Hegseth lo niega, calificando los reportes como “historias falsas”, legisladores demócratas han solicitado una supervisión estricta de las operaciones militares y han denunciado posibles violaciones graves al derecho internacional.

La reunión convocada por Trump con figuras de línea dura como Hegseth y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugiere que la Administración busca cohesionar su narrativa y medir los costos de profundizar la militarización regional. Una intervención más agresiva podría imponer un enorme desgaste político en Estados Unidos, donde el rechazo ciudadano a una guerra con Venezuela supera el 70%, y donde republicanos y demócratas temen las implicaciones económicas y humanitarias de un conflicto de gran escala.

Mientras la Casa Blanca ensaya mensajes y evalúa escenarios, el resto del continente observa con inquietud la posibilidad de que la lucha antidrogas se utilice como pretexto para operaciones más amplias. Si ataques terrestres se normalizan como acciones “técnicas” o de “seguridad”, advierten especialistas, la región podría entrar en una etapa de inestabilidad sostenida con consecuencias profundas para su soberanía y su equilibrio político.

A siete años del ascenso de Morena, México vive un reacomodo estructural que difícilmente puede describirse como continuidad pura. La llegada de López Obrador en 2018 marcó una ruptura con el modelo neoliberal, mientras que la presidencia de Claudia Sheinbaum consolidó un proyecto que hoy controla buena parte del mapa político. El meteórico avance electoral del partido —de no existir a gobernar 24 estados— explica parte del nuevo escenario, pero no agota las preguntas que surgen en torno a sus resultados.

En materia económica, los gobiernos de Morena impulsaron aumentos sostenidos al salario mínimo y expandieron la política social, lo que redujo la pobreza según cifras del Inegi y la Cepal. Sin embargo, el crecimiento económico no ha acompañado al ritmo de esa mejora y persisten dudas sobre la dependencia comercial con Estados Unidos y los retos que implica el Plan México, la apuesta de Sheinbaum por reindustrializar al país. La discusión técnica, coinciden especialistas, sigue atrapada entre lecturas ideológicas y diagnósticos parciales.

En seguridad, el contraste entre discurso y realidad continúa siendo uno de los puntos más sensibles. López Obrador prometió una estrategia distinta, pero heredó a Sheinbaum un país con más homicidios y desaparecidos que en 2018. El viraje operado por la actual mandataria, con Omar García Harfuch al frente, apunta a un énfasis en inteligencia y coordinación, aunque los problemas estructurales —corrupción, impunidad, cuerpos policiales débiles— siguen sin resolverse de fondo.

La política exterior muestra un equilibrio complejo entre defensa de la soberanía y pragmatismo frente a Washington, especialmente con el regreso de Donald Trump. El cambio más profundo, no obstante, ocurrió en casa: la reforma que sometió al voto popular al Poder Judicial. Con ello, Morena completó un ciclo de transformación institucional cuyo alcance, beneficios y riesgos apenas empiezan a perfilarse en el México que viene.