La promesa de Donald Trump de deportar a todos los migrantes indocumentados, ahora catalogados como criminales para acelerar su captura, se vuelve cada vez más difícil de ejecutar. El reto ya no es únicamente financiero o logístico. Se ha desatado una resistencia social creciente que cuestiona las redadas, las detenciones arbitrarias y la invasión de propiedades privadas que acompañan los operativos del ICE.

Los actos de solidaridad que antes parecían aislados se han transformado, en diversos puntos del país, en respuestas colectivas para frenar los abusos. Ese proceso alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good, madre de familia y reconocida por apoyar causas migrantes. Los videos de la escena la muestran conversando con los agentes, sin señales de confrontación ni riesgo. Aun así, un insulto del oficial antecede a tres disparos que la matan de inmediato. No hay evidencia visual que respalde la versión oficial que acusa a Renee de intento de atropellamiento.

La narración federal presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y reforzada por el vicepresidente J. D. Vance y el propio Trump, clasifica el hecho como terrorismo doméstico. En contraste, el alcalde de Mineápolis y el gobernador de Minesota sostienen que se trató de un asesinato injustificable. Estas posiciones enfrentadas revelan la profundidad de la polarización política en Estados Unidos, así como la creciente impunidad que cobija a los agentes migratorios bajo el argumento de la seguridad nacional.

También emergen historias que subrayan la fuerza de los lazos culturales y comunitarios. Muchas personas estadunidenses expresan su apoyo a los migrantes porque crecieron, convivieron o formaron familias en comunidades de origen latino. Esa cercanía ha forjado una solidaridad que se traduce en movilización cívica, especialmente en momentos en que la población migrante enfrenta un hostigamiento sin precedentes.

La realidad, sin embargo, no es uniforme. Numerosos agentes del ICE son de origen latino y muestran un rigor incluso mayor que sus colegas estadounidenses, como si necesitaran confirmar su lealtad institucional. A ello se suma una actitud arraigada en sectores de la sociedad que se sienten obligados a denunciar cualquier comportamiento considerado sospechoso, desde estacionarse en un barrio ajeno hasta simplemente hablar otro idioma.

La política antinmigrante de Trump aviva estos reflejos y alimenta una dinámica de miedo en ambos lados. En un país donde la racialización de la sospecha ha sido una constante, la figura del migrante ha sido incorporada al mismo imaginario que históricamente ha criminalizado a otras minorías. La solidaridad y la resistencia avanzan, pero se enfrentan a un aparato estatal y a una cultura social que legitiman la sospecha y normalizan la violencia.

El conflicto sobre Groenlandia ha obligado a Europa a enfrentarse con una realidad que intentó evitar durante meses: Estados Unidos, bajo Donald Trump, está dispuesto a someter a sus aliados a golpes económicos y amenazas territoriales para imponer su voluntad. Lo que comenzó como una extravagancia geopolítica —la idea de “comprar” Groenlandia a Dinamarca— se ha convertido en una crisis estratégica que revela la fragilidad del poder europeo.

Las nuevas amenazas arancelarias de Trump, que iniciarían con un 10 por ciento en febrero y escalarían a 25 por ciento en junio, han dejado claro que Washington no se conforma con presionar; quiere doblegar. El argumento del secretario del Tesoro, Scott Bessent —según el cual Europa debe aceptar el sacrificio para mantenerse bajo el paraguas de seguridad estadounidense— expone la naturaleza coercitiva del momento: Estados Unidos exige territorio, lealtad y sumisión con el lenguaje del chantaje económico.

Ante esto, la Unión Europea apenas comienza a comprender lo que implica la disuasión en un mundo donde la fuerza económica se usa como arma estratégica. Ocho países europeos enviaron un pequeño contingente militar a Groenlandia, no para defenderla, sino para colocar un “cable trampa” político: si Estados Unidos invade un territorio respaldado por aliados de la OTAN, el costo diplomático explotaría de inmediato. Esa presencia funcionó. Washington abandonó las insinuaciones militares y pasó a sanciones comerciales.

Sin embargo, en el terreno económico Europa sigue paralizada. Desde 2023 tiene un instrumento anticoerción que, en teoría, puede imponer cuotas, cortar acceso a mercados financieros y bloquear inversiones a cualquier país que intente forzarla. Es su “bazuca comercial”. Pero nunca la ha usado. La herramienta existe, pero solo como amenaza vacía: demasiado lenta, demasiado condicionada por vetos internos y demasiado limitada por el miedo de algunos Estados —especialmente Alemania— a una escalada que afecte sus exportaciones.

Trump ya ha cruzado la línea. La coerción está en marcha. Europa, si quiere conservar autonomía estratégica, debe demostrar que está dispuesta a responder. La disuasión solo funciona cuando la amenaza de represalia es creíble. Hoy, para la Unión Europea, el desafío no es diseñar nuevas herramientas, sino encontrar la voluntad política para usarlas.

Davos vuelve a funcionar este año como un ritual global donde élites políticas y corporativas se exhiben en un paisaje alpino que pretende neutralidad, pero que opera como escenografía ideológica. Antes que un foro, Davos es un signo: un recordatorio visual de que las soluciones a la crisis global siguen discutiéndose lejos de quienes la padecen. Su lema de 2026, “A spirit of dialogue”, promete conversación franca en un mundo dividido, aunque el diálogo real sigue siendo un circuito cerrado entre poderosos.

El foro se describe como un encuentro “al borde del abismo”, pero ese abismo aparece deshistorizado, sin responsables. No se mencionan las guerras planificadas, los ciclos de saqueo financiero o las políticas que profundizan la desigualdad. Se habla de “riesgos” y “tensiones”, como si fueran fenómenos climáticos. Davos anestesia el conflicto de clase bajo una prosa tecnocrática que convierte la crisis del capitalismo en un problema de gestión y no en un resultado estructural.

En los salones alfombrados, los comerciantes de guerras no llevan botas, sino trajes oscuros y presentaciones impecables. Redefinen la destrucción como “estabilidad regional” y la muerte como “externalidad”. Donde la tragedia exige justicia, el foro detecta oportunidades de inversión. Junto a ellos actúan los intérpretes mediáticos del poder, encargados de traducir privilegio en liderazgo y desigualdad en reforma. El pluralismo que se exhibe es esencialmente decorativo; detrás de la diversidad de acentos opera una homogeneidad ideológica férrea.

Los magnates financieros completan el panorama. Su lenguaje son los mercados, que en Davos convierten países enteros en gráficas y poblaciones en variables descartables. Para ellos, la crisis no es un peligro, sino una oportunidad: cuanto más profundo el abismo, más barata la compra. El foro no emite decisiones formales, pero produce narrativas que ordenan prioridades globales: qué problema importa, cuál se posterga, quién habla con autoridad y quién queda fuera de cuadro.

Lo que Davos ofrece no son soluciones estructurales, sino relatos tranquilizadores. No justicia, sino filantropía cosmética. Observado críticamente, revela la distancia entre el poder global y la vida de los pueblos, y la importancia de disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. Porque Davos no evita el abismo: lo administra. Y vivir bajo su narrativa significa aceptarlo como destino.

La revocación de mandato ha sido, desde su creación, un campo minado para la oposición mexicana. Durante años, Ricardo Anaya fue uno de los críticos más duros del mecanismo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una trampa inspirada en modelos latinoamericanos de corte autoritario y llamó abiertamente a la abstención. Para él, participar significaba entrar en un juego diseñado para dividir al país y alimentar la permanencia del presidente. Aquella postura —tajante, doctrinaria— parecía definitiva.

Sin embargo, a finales de 2025, Anaya sorprendió al adoptar una narrativa opuesta. De cuestionar la legitimidad del mecanismo pasó a promoverlo con entusiasmo. Retó a Morena a incluir a Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027 y aseguró que, esta vez, la ciudadanía votaría para retirarla. Donde antes veía manipulación, ahora asegura ver una oportunidad democrática. Su defensa llegó al extremo de proponer que la revocación se extienda a los gobernadores, sin reparar en que su activación depende de legislaciones estatales donde Acción Nacional carece de fuerza suficiente.

El cambio no es menor. Durante la revocación de López Obrador, Anaya confió en un desplome de apoyo que jamás llegó. El expresidente obtuvo más votos en ese ejercicio que los que el propio panista consiguió como candidato presidencial. Aun así, el hoy coordinador del PAN en el Senado insiste en que Morena vive un deterioro profundo y que Sheinbaum sería derrotada por el “juicio ciudadano”. Esa lectura contrasta con los números actuales y con la evaluación positiva que mantiene la presidenta en buena parte del país.

El viraje de Anaya también expone las tensiones internas de la oposición. Mientras algunos partidos y liderazgos reconocen la revocación como un instrumento democrático utilizado en numerosos países, otros siguen viéndolo con suspicacia. Lo que parece incomodar más no es el mecanismo en sí, sino la necesidad de movilizar votantes en territorios donde la presencia opositora se ha erosionado.

En ese contexto, la metamorfosis política de Anaya luce menos como una convicción profunda y más como un intento de apropiarse de una herramienta que antes rechazaba, con la esperanza de convertirla en una palanca electoral futura.

El segundo mandato de Donald Trump cumple un año envuelto en una mezcla de vértigo político y agotamiento social. La sensación dominante, dentro y fuera de Estados Unidos, es la de haber transitado doce meses en los que las reglas que antes parecían inamovibles se deshicieron al ritmo de un presidente que gobierna desde el impulso, la confrontación y un afán personalista que ha permeado todas las instituciones. Lo que comenzó el 20 de enero de 2025, con un regreso improbable después de haber negado su derrota electoral cuatro años antes, terminó convirtiéndose en una prueba constante para el sistema democrático estadounidense y un foco de inestabilidad global.

La primera señal del rumbo que tomaría su gobierno llegó el mismo día de su investidura, cuando indultó a más de un millar de participantes en el asalto al Capitolio. Luego vinieron decisiones simbólicas —pero reveladoras del tono del nuevo mandato— y otras de profundo calado: despidos masivos en la burocracia federal, recortes abruptos a programas internacionales, presiones incesantes sobre la Reserva Federal y el uso de aranceles como arma política. Para un sector de la población, ese estilo representaba la promesa cumplida de “sacudir” Washington. Para el resto del país, significó la confirmación de que la presidencia se movía al ritmo de un líder empeñado en borrar límites institucionales.

En el frente interno, la tensión alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal. La respuesta de la Casa Blanca, minimizando el hecho como un acto “en defensa propia”, avivó el debate sobre la instrumentalización política de las fuerzas de seguridad. Simultáneamente, la política migratoria marcó un antes y un después: deportaciones masivas, detenciones indiscriminadas y redadas que llevaron a miles de ciudadanos a cargar su pasaporte para evitar ser confundidos con migrantes irregulares. Más de 600.000 personas fueron expulsadas en un año, mientras otras dos millones dejaron el país por miedo o agotamiento.

La escena internacional tampoco quedó al margen. Aunque Trump había prometido reducir el papel de Estados Unidos como gendarme global, su primer año estuvo marcado por decisiones que reforzaron la presencia militar. Ordenó bombardeos en Oriente Medio, tensó los vínculos con Europa y ejecutó la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, un movimiento que alteró por completo el equilibrio regional. La atención mundial se desplaza ahora hacia sus amenazas contra Irán y hacia la disputa por Groenlandia, convertida en un símbolo de su visión geopolítica: maximalista, impredecible y diseñada para mover la conversación pública lejos de sus frentes internos.

A lo largo del año, la Casa Blanca se transformó también en un escenario de extravagancias diplomáticas y maniobras de control narrativo. Trump ha recibido desde honores simbólicos hasta regalos que buscan congraciarse con su vanidad política. Ha impulsado la construcción de un salón de baile en la residencia presidencial, rebautizado espacios públicos y tratado con insistencia de ser considerado candidato al Nobel de la Paz. Cada episodio alimenta la sensación de que la política estadounidense opera, hoy más que nunca, bajo una lógica de espectáculo continuo.

El segundo año del mandato arranca con desafíos ineludibles. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, decisivas para definir si el Congreso seguirá funcionando como un dique débil ante su agenda o si la oposición recuperará un espacio que le permita restablecer ciertos contrapesos. Trump ha insinuado que quizá esos comicios “no deberían celebrarse”, comentario que la Casa Blanca matizó como una broma, pero que se suma a un patrón inquietante en su relación con las normas democráticas.

Mientras el país se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, la pregunta que atraviesa cada conversación política es si la fractura social y la erosión institucional pueden revertirse o si este año ha marcado un punto de no retorno. Para una parte considerable de la ciudadanía, la democracia estadounidense ha entrado en territorio desconocido. Para otra, Trump encarna la única respuesta posible ante un sistema que consideran agotado. Lo que está claro es que, tras doce meses de sobresaltos, el mundo observa a Washington con una mezcla de desconcierto y cautela. Y que los meses por venir, lejos de ofrecer estabilidad, prometen ser igual de intensos.

La figura de Eduardo Verástegui llegó a 2026 inmersa en un torbellino político que redefinió su posición dentro de la derecha mexicana y desdibujó parte de su influencia internacional. Entre el cierre de 2025 y el inicio del año en curso, el fundador del Movimiento Viva México acumuló desencuentros: la ruptura con el presidente argentino Javier Milei, la renuncia a convertir su organización en partido político y una controversia por libertad de expresión que reavivó tensiones con instituciones públicas y con otros actores del conservadurismo.

El primer golpe vino desde el ámbito electoral. Tras no reunir las firmas necesarias para competir como candidato independiente a la Presidencia de México, Verástegui había trasladado su apuesta hacia la conformación de un partido. Sin embargo, el 31 de diciembre anunció su retiro del proceso, alegando que no estaba dispuesto a reproducir prácticas que, a su juicio, alimentaban la corrupción y la simulación en el sistema político. La decisión frenó de manera abrupta su intento de instalarse como fuerza orgánica dentro del tablero partidista nacional.

Mientras ese repliegue tomaba forma en México, otro conflicto mayor estallaba en la arena internacional. La relación de Verástegui con Javier Milei, tejida desde 2022 y convertida en uno de los puentes más visibles entre el conservadurismo mexicano y la derecha radical emergente en América Latina, terminó quebrándose en público. El detonante no fue un diferendo puntual, sino una acumulación de tensiones políticas e ideológicas dentro del propio proyecto libertario argentino.

Milei había construido su ascenso acompañado de Victoria Villarruel, figura central del ala más conservadora de su coalición. Verástegui contribuyó a impulsar esa dupla en foros internacionales, especialmente cuando invitó al entonces diputado argentino a CPAC México 2022, donde lo presentó como “el próximo presidente de Argentina”. Aquel primer espaldarazo abrió la puerta a la proyección global del economista libertario y lo situó, poco después, en el escenario de CPAC Washington junto a figuras de la derecha estadounidense.

Pero ya en el poder, la relación entre Milei y Villarruel se erosionó con rapidez. La vicepresidenta quedó relegada de las áreas clave de Seguridad y Defensa y, más tarde, fue acusada de “traición” tras avalar en el Senado una discusión legislativa que contravenía la política fiscal del presidente. La disputa adquirió pronto un matiz religioso, impulsado desde sectores conservadores que comenzaron a cuestionar a Milei por su cercanía al judaísmo y por la perspectiva de una futura conversión formal.

Ese giro simbólico modificó el terreno. El debate dejó de centrarse en la orientación ideológica del gobierno argentino para desplazarse hacia la identidad religiosa de Milei, y allí Verástegui tomó partido por Villarruel. El 25 de octubre de 2025 publicó una serie de mensajes en los que acusó al mandatario de deslealtad, ingratitud y engaño. En esos textos reivindicó su papel en la proyección internacional del argentino y llamó abiertamente a imaginar una futura presidencia encabezada por la actual vicepresidenta.

Las críticas no tardaron en generar fricciones dentro de la propia derecha hispanoamericana. Agustín Laje, uno de los pensadores cercanos a Milei, se deslindó de Verástegui y rechazó que su nombre fuera utilizado para confrontar al presidente. Y desde México, el Consejo Nacional de la Nueva Derecha, liderado por Raúl Tortolero, marcó distancia: mantuvo su apoyo político a Milei sin convertir la religión en criterio de legitimidad, y se apartó explícitamente del discurso antisemita que emergió tras la ruptura.

En ese contexto se produjo otro quiebre simbólico. La edición mexicana de CPAC 2025 fue cancelada después de que la organización retirara su respaldo a Verástegui, quien respondió convocando la Cumbre Viva México. El encuentro incorporó ponencias que reforzaron la línea discursiva antimileísta y que incluyeron expresiones contra el judaísmo identificadas como antisemitas por analistas en ambos países.

La secuencia de tropiezos no terminó ahí. En los primeros días de enero de 2026, una entrevista que Sabina Berman realizó a Verástegui para televisión pública fue bloqueada por las defensorías de audiencias de Canal Once y Canal Catorce, que argumentaron que sus declaraciones podían constituir discurso de odio y vulnerar la legislación en materia de radiodifusión. La decisión derivó en un enfrentamiento directo sobre límites y garantías de la libertad de expresión. La entrevista terminó difundiéndose en YouTube, aunque fue retirada en varias ocasiones antes de ser restituida por la plataforma.

Verástegui acusó al gobierno federal de censurarlo y sostuvo que el lenguaje de derechos y diversidad se estaba utilizando para inhibir voces críticas del conservadurismo. Sus señalamientos fueron recibidos con cautela incluso dentro de la derecha organizada, donde la controversia reavivó viejos recelos sobre la viabilidad de construir un proyecto político nacional alrededor de la figura del activista.

Así, en pocas semanas, Eduardo Verástegui vivió una reconfiguración brusca de su posicionamiento político. Perdió el soporte institucional para su proyecto partidista, fracturó un vínculo estratégico con uno de los gobiernos emblemáticos de la nueva derecha latinoamericana y abrió una disputa pública sobre los límites del discurso conservador en los medios. En conjunto, estos episodios delinean un nuevo momento en su trayectoria: menos anclado en alianzas internacionales y más expuesto a las tensiones internas del conservadurismo mexicano, en un escenario donde la religión, la identidad y la legitimidad política se entreveran con creciente frecuencia.

Cuando Estados Unidos elevó la voz en 2020 por el avance del fentanilo en su territorio, la Casa Blanca identificó a los carteles mexicanos como el eslabón clave de la crisis. Cinco años después, con Donald Trump nuevamente en la presidencia y bajo una presión inédita sobre su vecino del sur, los datos cuentan una historia distinta: la campaña mexicana contra los opioides sintéticos no solo se ha intensificado, sino que ha comenzado a alterar la tendencia que durante años parecía irreversible. Tras una década en ascenso, el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense se ha reducido de forma drástica y las muertes por sobredosis muestran un retroceso que no se veía en mucho tiempo.

Desde la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, el Gobierno mexicano apostó por una estrategia que rompiera con el paradigma de contención y patrullaje. Con la llamada Operación Frontera Norte —impulsada como respuesta a las exigencias de Trump de mostrar “resultados verificables”—, México dio paso a una ofensiva centrada en inteligencia, destrucción de laboratorios, incautaciones masivas y golpes quirúrgicos contra la estructura de los carteles. El movimiento incluyó un componente político delicado: aceptar una cooperación más estrecha en seguridad a cambio de moderar las amenazas arancelarias que la nueva Administración estadounidense colocó sobre la mesa desde su primer día.

El cambio fue inmediato. En el primer año de Gobierno de Sheinbaum, las fuerzas federales mexicanas aseguraron 1,8 toneladas de fentanilo, desmantelaron cerca de 1.900 laboratorios y detuvieron a más de 40.000 personas vinculadas con el crimen organizado. Entre los capturados figuran operadores centrales de los dos grupos que dominan el tráfico de drogas sintéticas: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Paralelamente, México extraditó a Estados Unidos a figuras de alto perfil cuyas operaciones mantenían redes activas incluso desde prisión.

Las cifras militares son contundentes. El Ejército decomisó en 2025 alrededor de 560 kilos de fentanilo, un aumento de más del 60% respecto al año anterior. Los aseguramientos de metanfetamina, heroína y goma de opio crecieron en proporciones todavía mayores. La Marina protagonizó uno de los golpes más significativos: la incautación de 1,5 toneladas de fentanilo a finales de 2024, el mayor cargamento interceptado en la historia reciente.

En Estados Unidos, los efectos comenzaron a sentirse del otro lado de la frontera. La CBP reportó una caída del 52% en las incautaciones de fentanilo en 2025 en comparación con el año previo. Aunque aún es una cifra considerable, representa el desplome más pronunciado desde que el opioide se instaló como la mayor amenaza sanitaria del país. También disminuyeron las confiscaciones de cocaína, mientras que las de metanfetamina registraron un leve repunte. La tendencia más significativa, sin embargo, está en los datos de salud pública: en 2024 murieron por sobredosis de fentanilo 47.735 personas, casi un 35% menos que en 2022, el peor año de la crisis. Esa reducción interanual no se veía desde 2019.

La política migratoria mexicana también experimentó un giro decisivo. Bajo la lógica del acuerdo con la Casa Blanca, Sheinbaum ordenó desplegar a 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la franja fronteriza para cortar el paso tanto a drogas como a migrantes irregulares. El resultado fue una caída del 95% en las detenciones dentro de territorio mexicano. Los registros estadounidenses reflejan un fenómeno similar: los arrestos en la frontera pasaron de casi 38.000 en 2024 a apenas 4.300 en 2025.

El descenso de la violencia en México acompaña estos cambios. Tras años de cifras que parecían haberse estancado en niveles críticos, 2025 cerró con 22.415 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2015. Aunque múltiples factores inciden en el fenómeno, el Gobierno atribuye buena parte de la disminución al desmantelamiento de estructuras criminales enfocadas en la producción y distribución de drogas sintéticas.

Este giro contrasta con la estrategia de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior. Mientras López Obrador privilegiaba la contención para evitar confrontaciones directas con los carteles, Sheinbaum ha apostado por la fuerza selectiva guiada por inteligencia. La coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía —bajo el liderazgo operativo de Omar García Harfuch— ha permitido cerrar circuitos que antes permanecían intactos. Cada operación se comunica al detalle en conferencias diarias, un intento deliberado de construir narrativa pública y posicionarse frente a Washington.

Aun así, la respuesta del Gobierno estadounidense ha sido ambivalente. La Casa Blanca reconoció “avances”, pero calificó los progresos como “insuficientes”. Trump insiste en que la raíz del problema está en México, mientras que la presidenta mexicana le ha recordado públicamente que Estados Unidos no ha atacado con la misma contundencia a las redes de distribución, lavado de dinero y adicción que alimentan su propia crisis. Tanto en privado como en público, Sheinbaum ha subrayado que ningún esfuerzo será sostenible si el país consumidor no atiende el corazón del problema dentro de sus fronteras.

Con el tráfico de fentanilo a la baja, la migración reducida y la violencia replanteada, México llega a 2026 con indicadores que, por primera vez en mucho tiempo, dibujan un horizonte distinto. Pero el entorno político bilateral sigue cargado de tensiones. Mientras Trump hace del combate al narcotráfico un eje de su narrativa electoral, México insiste en que la cooperación, y no la intervención, debe ser la lógica dominante. La pregunta central es si estos resultados —que objetivamente favorecen a ambos países— bastarán para contener las presiones de la Casa Blanca en un año que promete más confrontación que calma.

Los acontecimientos en torno al futuro de Groenlandia y la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela han revelado una alarmante lentitud de respuesta en la Unión Europea, así como la ausencia de una postura común. La crisis ha puesto en evidencia fisuras internas que comienzan a manifestarse públicamente en Bruselas, donde incluso altos mandos de la Comisión Europea expresan desacuerdo sobre el rumbo estratégico del bloque. La vicepresidenta Teresa Ribera pidió “no seguir en silencio” y urgió a “plantar cara” ante la escalada de presiones estadounidenses, un mensaje leído como advertencia a la inacción de Ursula von der Leyen, cada vez más ausente del debate público.

Algunas capitales europeas también han marcado distancia. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, exigió la destitución de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, por la falta de reacción ante los acontecimientos en Venezuela. A ello se suman nuevas tensiones por el millonario paquete de préstamos para Ucrania, donde Hungría, Chequia y Eslovaquia se negaron a aportar recursos, evidenciando el desgaste del consenso europeo y la creciente fatiga frente a la prolongada guerra en el este.

En medio de esta fragmentación, Bruselas intenta proyectar apoyo a Dinamarca, que enfrenta un escenario inédito: un territorio OTAN amenazado por Washington sin que la Alianza Atlántica pueda activar mecanismos de defensa. Alemania, Francia, Suecia y otros países han enviado efectivos militares a Groenlandia, aunque de manera limitada y sin capacidad de disuasión real. Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha propuesto destinar 200 millones de euros en apoyo a este territorio ártico, un gesto insuficiente ante la magnitud de la crisis.

Para diversos analistas europeos, el problema no radica en una agresión reciente, sino en un patrón prolongado: la UE se encuentra debilitada tras décadas de subordinación estratégica a Estados Unidos y sin una política de defensa propia capaz de equilibrar la relación. La ruptura del diálogo con Rusia, que históricamente funcionó como contrapeso, dejó al bloque sin alternativas reales para diversificar alianzas o reforzar su autonomía. La consecuencia es una Europa que debe responder a desafíos geopolíticos crecientes con herramientas limitadas y sin una visión común.

A estas tensiones se suma el impacto del conflicto en Ucrania, que ha dejado a varios países europeos con arsenales exhaustos. Dinamarca, por ejemplo, figura entre los mayores donadores de armamento a Kiev, comprometiendo su capacidad defensiva en un momento crítico. La paradoja es evidente: un continente que se definía como potencia normativa enfrenta ahora una crisis de seguridad sin precedentes y con recursos mermados por decisiones alineadas al interés estadounidense.

En Bruselas se reconoce que el vínculo transatlántico atraviesa su momento más frágil en décadas. La expectativa gira ahora hacia las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde podría definirse si la relación se recompone o si la fractura se profundiza. Entretanto, la UE enfrenta el reto de reconstruir liderazgo, cohesión interna y credibilidad estratégica antes de que la crisis la rebase por completo.

La incursión de Estados Unidos en Venezuela exhibió con contundencia el retorno de viejas lógicas imperiales. El petróleo volvió a colocarse como la motivación central, pero no es el único combustible de la ofensiva. La disputa entre el dólar y el yuan por el control del mercado energético, la presión de la industria armamentista y la reconfiguración del poder global forman parte de una misma ecuación en la que el narcotráfico ha adquirido un papel inesperado.

Durante años se trató al narcotráfico como una distorsión del capitalismo tardío. Sin embargo, al observar su comportamiento dentro de las estrategias de Washington, emerge no como anomalía sino como engranaje útil para expandir control territorial, legitimar intervenciones y someter políticas de seguridad de países del sur a la agenda estadunidense. La retórica de Trump lo deja claro: el narcotráfico es el justificante perfecto para intervenir militarmente donde convenga, desde Caracas hasta cualquier punto de México.

Ese discurso no opera en el vacío. Allí donde avanza la extracción minera, forestal o hídrica, suelen aparecer grupos criminales que contribuyen a asegurar territorios, silenciar resistencias locales y modificar la correlación de fuerzas. El costo de operaciones violentas se incorpora a los presupuestos de empresas transnacionales, mientras los estados debilitados destinan recursos crecientes a combatir organizaciones que erosionan su propia soberanía. Cada peso dedicado a seguridad se sustrae de educación, salud o vivienda, perpetuando la desigualdad que alimenta la violencia.

El narcotráfico también es una autopista financiera. Produce flujos multimillonarios que se mueven fuera de cualquier supervisión, con beneficiarios mucho más diversos que los grupos criminales latinoamericanos. Una red de operadores financieros, políticos y funcionarios estadunidenses obtiene ganancias que difícilmente podrían generarse en un mercado regulado. Ese dinero circula en paralelo al sistema fiscal y sostiene intereses que rara vez aparecen en el debate público.

A ello se suma la dimensión cultural. La demanda de drogas no es un fenómeno aislado: responde a un modelo económico que fomenta el agotamiento laboral y la evasión como válvula de escape. La propia Estrategia de Seguridad Nacional estadunidense reconoce que las batallas culturales son esenciales para mantener su hegemonía. En ese marco, la adicción funciona como síntoma y a la vez como parte funcional de un sistema que produce consumidores y legitimaciones para la intervención.

El resultado es un fenómeno que opera como herramienta de control, justificación política y mecanismo económico. La funcionalidad del narcotráfico dentro de la arquitectura de poder impulsada por Trump es demasiado evidente para considerarla accidental. Si este fenómeno no existiera, el aparato que lo explota tendría que fabricarlo para sostener la estructura geopolítica que hoy se despliega en el hemisferio.

El clima político en Estados Unidos ha entrado en una fase de máxima tensión. Tras intervenir en Venezuela y lanzar advertencias sobre Groenlandia y acciones armadas en México, Donald Trump ha acelerado un ciclo de decisiones que erosiona el orden internacional y revive viejas formas de dominación geopolítica. Organismos multilaterales como la ONU y la OTAN lucen incapaces de contener esta deriva, mientras Europa enfrenta la posibilidad de que una crisis en el Ártico fracture su principal alianza defensiva.

En este contexto surge la pregunta central: ¿quién puede frenar a Trump? La diplomacia ha logrado pequeños contenciones, como ocurrió con el presidente Petro en Colombia o con Claudia Sheinbaum en México, quien buscó desescalar tensiones destacando la cooperación bilateral. Pero la eficacia de los llamados diplomáticos disminuye cuando la política exterior de Washington se alinea con la lógica interna del trumpismo, cada vez más desconectada de los contrapesos tradicionales y orientada a demostrar poder antes que a administrar estabilidad.

Por ello, el verdadero freno podría provenir del interior del propio país. El próximo 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará elecciones de medio término que funcionarán como un plebiscito nacional sobre el segundo mandato no consecutivo de Trump. Más que una renovación legislativa, será una decisión sobre el modelo de gobierno que el presidente intenta consolidar y sobre su capacidad de moldear la política exterior sin resistencias. El control del Congreso y de 39 gubernaturas definirá si Trump gobierna con margen para profundizar su agenda o si enfrenta un contrapeso institucional capaz de limitarlo.

El escenario interno es convulso. La aprobación presidencial está por debajo del cincuenta por ciento y el país se encuentra conmocionado por el asesinato de Renee Good en Mineápolis, una observadora civil muerta por un agente migratorio en un episodio que ha despertado paralelos con el caso Floyd y reactivado protestas. La respuesta oficial, lejos de apaciguar la indignación, ha alimentado una narrativa de impunidad que polariza aún más a la sociedad y se entrelaza con la campaña electoral. En paralelo, candidatos demócratas buscan capitalizar el clima de hartazgo, mientras el gerrymandering y la segregación política reducen la posibilidad de alternancia.

Los meses previos a la elección pueden convertirse en el periodo más riesgoso para la estabilidad global. Trump enfrenta incentivos claros para recurrir a decisiones de alto impacto con el fin de recuperar popularidad y apuntalar a sus candidatos: medidas migratorias drásticas, choques comerciales, escalamientos retóricos o acciones militares que proyecten control inmediato. El riesgo creciente es que la política interior de Estados Unidos se convierta en el motor principal de la inestabilidad internacional.