La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El informe de actividades 2025, presentado por su presidenta Rosario Piedra Ibarra ante el Congreso, volvió a exhibir las tensiones entre el mandato constitucional de autonomía del organismo y su alineación discursiva con el oficialismo. En un contexto de violencia persistente, macrocriminalidad e impunidad estructural, la rendición de cuentas de la CNDH no puede evaluarse únicamente a partir de cifras, sino de su impacto real en la protección de las víctimas.

Durante la presentación, la titular de la CNDH destacó números elevados de atención, recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, así como una reducción de quejas por violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, esta narrativa optimista contrasta con la percepción de amplios sectores de la sociedad civil y de víctimas que señalan un debilitamiento del organismo. La disminución de quejas no necesariamente refleja menos violaciones, sino podría evidenciar un distanciamiento institucional frente a las violencias actuales.

Más allá de los datos, preocupa la postura asumida por la CNDH frente a políticas públicas cuestionadas desde estándares internacionales, como la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Estas posiciones han colocado al organismo en una situación incómoda: la de justificar decisiones estatales en lugar de ejercer un papel crítico y contrapeso frente al poder, como le corresponde por mandato legal.

El debate sobre el futuro de la CNDH no debe reducirse a una disputa partidista. Está en juego la credibilidad de un mecanismo clave de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Recuperar la confianza de las víctimas exige autonomía real, imparcialidad y voluntad de confrontar al poder cuando éste vulnera derechos. Sin ello, la CNDH corre el riesgo de profundizar sus adeudos históricos con quienes más la necesitan.

A inicios del siglo XIX, la revolución haitiana envió un mensaje que estremeció al orden atlántico: los esclavos podían convertirse en ciudadanos libres. El eco de ese precedente influyó en la mirada estadounidense sobre Cuba, donde la economía esclavista y el interés geopolítico terminaron entrelazándose durante más de un siglo. Tras la independencia de la isla en 1902, Washington consolidó su influencia económica y política mediante acuerdos comerciales que facilitaron el control del sector azucarero y convirtieron a Cuba, en la práctica, en un enclave subordinado a sus intereses.

La revolución de 1959 alteró de raíz ese esquema. La nacionalización de empresas estadounidenses y la alianza con la Unión Soviética minaron una hegemonía que Estados Unidos daba por garantizada. Desde entonces, Washington desplegó una combinación de hostilidad política, intentos de invasión, operaciones encubiertas y un embargo económico que, hasta hoy, impacta directamente en la vida cotidiana de la población cubana. El bloqueo persiste a pesar de ser incompatible con los principios de soberanía y no injerencia de la Carta de la ONU.

El reciente decreto de Donald Trump, que declara a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” y sanciona a los países que suministren petróleo a la isla, intensifica ese legado de presión. México ha expresado su rechazo y advierte del riesgo de una crisis humanitaria, reafirmando una política histórica de apoyo a Cuba.

Detrás de la disputa diplomática permanece una memoria social poderosa. Para amplios sectores de la población cubana, la intervención estadounidense se asocia a un pasado marcado por desigualdad extrema, analfabetismo, falta de servicios básicos y concentración de riqueza en una élite estrecha. Esa experiencia alimenta una voluntad de resistencia que trasciende al propio régimen: un temor colectivo a regresar a un orden previo a 1959.

La crisis actual, sin embargo, vuelve a plantear una pregunta de fondo: cómo sostener la soberanía sin que la población pague el costo de un asedio prolongado. Cuba enfrenta, una vez más, la tensión entre sus desafíos internos y la presión externa que define buena parte de su historia moderna.

Claudia Sheinbaum llegará a la primavera con un objetivo claro: desmontar la percepción de que la economía mexicana está inmóvil. Tras un 2025 con un crecimiento de apenas 0.7 por ciento y estimaciones que apuntan a un modesto 1.3 por ciento para 2026, la presidenta ha iniciado una ofensiva discursiva y operativa para cambiar la conversación. Su apuesta recuerda la cruzada que emprendió en seguridad: más que resultados inmediatos, busca instalar una narrativa de acción y un método distinto de gestión.

El nuevo consejo de planeación económica, encabezado por ella misma, será el vehículo para presentar proyectos estratégicos, con énfasis en energía y en infraestructura financiada por dos puntos adicionales del gasto público. La estrategia incluye un gesto inusual para este Gobierno: un acercamiento directo y frecuente con sectores clave. Las reuniones recientes con banqueros, automotrices y economistas externos han mostrado un tono más ejecutivo, con propuestas concretas para destrabar inversiones y ajustar regulaciones.

El giro, sin embargo, llega tarde y abre preguntas significativas. ¿Podrá la administración coordinar a un gabinete poco habituado a operar con velocidad? ¿El propio protagonismo presidencial no alentará la parálisis mientras todo se consulta en la cima? Y, sobre todo, ¿será capaz el Gobierno de desmontar el sentimiento antiempresarial que ha permeado entre figuras de Morena y que ha alimentado la desconfianza del sector privado?

Sheinbaum abrió la puerta a esquemas mixtos de inversión, pero al hacerlo insistió en marcar distancia de los modelos del pasado, un gesto destinado a la base de Morena que, paradójicamente, dificulta convencer al capital de sumarse. La credibilidad también depende de frenar focos rojos como la corrupción en permisos y trámites, especialmente en ciudades donde construir puede tomar años.

Para cuando llegue abril o mayo, la presidenta espera que la frase recurrente ya no sea “no hay inversión”, sino “la inversión empieza a moverse”. Pero el éxito dependerá menos de Washington —y de una revisión del TMEC aún incierta— que de la capacidad de su Gobierno para dar certeza jurídica, agilizar procesos y demostrar que puede gobernar con eficiencia. De lo contrario, México seguirá atrapado en un crecimiento que no rebasa un punto porcentual por año.

El proceso electoral rumbo a 2027 todavía parece lejano en el calendario, pero en las capitales del país ya comienzan a verse con claridad los primeros movimientos de fondo. No se trata aún de definiciones cerradas ni de tendencias irreversibles, sino de señales tempranas que permiten observar cómo se reacomodan los partidos y qué perfiles empiezan a construir ventajas en escenarios urbanos cada vez más competitivos y fragmentados.

Lo que muestran hoy las principales capitales es un tablero político lejos de cualquier uniformidad. MORENA aparece con presencia relevante en varias plazas, pero sin condiciones de dominio absoluto. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lejos de estar desplazados, conservan estructuras, voto duro y margen de maniobra suficiente para disputar con seriedad alcaldías clave. La elección municipal, más que una réplica de la contienda nacional, comienza a perfilarse como una suma de batallas locales donde pesan más los nombres, las trayectorias y el control territorial que las marcas partidistas por sí solas.

Puebla ilustra bien esta lógica. El PAN, con Eduardo Rivera Pérez, mantiene una ventaja relevante frente a MORENA y José Chedraui Budib, en una contienda que concentra atención nacional y donde el resultado dependerá tanto de la capacidad de movilización como de la lectura fina del electorado urbano. Algo similar ocurre en Toluca, donde MORENA encabeza con Ricardo Moreno Bastida, pero enfrenta una oposición activa del PAN y el PRI, que aún conservan espacios competitivos.

Monterrey confirma que algunas capitales no se definirán por mayorías claras, sino por equilibrios inestables. MORENA, PAN y Movimiento Ciudadano compiten en un esquema de tercios con Judith Díaz Delgado, Fernando Margáin Sada y Martha Herrera González, respectivamente. Es un escenario típico de una ciudad con electorado volátil, donde cualquier error de campaña puede resultar determinante. En Mexicali, aunque MORENA aparece bien posicionada, el PAN y un PRI aún competitivo mantienen abierta la contienda.

Querétaro sigue siendo un bastión panista, con Felipe Fernando Macías al frente, pero Movimiento Ciudadano y MORENA no están fuera del juego, lo que obliga a leer la elección más como una defensa del poder local que como un trámite. En San Luis Potosí, MORENA encabeza la contienda, aunque el PAN y el PVEM se mantienen lo suficientemente cerca como para anticipar una disputa cerrada y altamente sensible a las decisiones internas de los partidos.

Morelia y Tlaxcala refuerzan una constante: el peso de los perfiles locales. En ambas capitales, MORENA aparece competitiva con Juan Carlos Barragán y Alfonso Sánchez García, respectivamente, pero el PAN y el PRI conservan capacidad de competencia en electorados urbanos que reaccionan con rapidez a campañas mal ejecutadas o candidaturas débiles.

Mérida confirma que incluso los bastiones más sólidos no están exentos de tensión. El PAN, con Cecilia Patrón Laviada, mantiene ventaja, pero MORENA, con Rommel Pacheco, y el PRI disputan espacios relevantes en una contienda que no puede darse por cerrada. En Tepic, el avance de terceras fuerzas empieza a alterar los equilibrios tradicionales, con MORENA bien posicionada y Movimiento Ciudadano ganando terreno frente al PAN.

Zacatecas presenta un escenario relativamente más estable para MORENA, con Rodrigo Reyes Mugüerza como su referente mejor posicionado, mientras el PAN, con Miguel Ángel Varela, y PRI y Movimiento Ciudadano se mantienen en competencia en una capital donde el oficialismo conserva ventaja estructural y capacidad de contención.

En conjunto, lo que empieza a dibujarse no es una ola, sino un mosaico. Las capitales rumbo a 2027 se perfilan como espacios de competencia fina, donde la improvisación puede costar caro y donde cada decisión partidista —desde la selección de candidaturas hasta la disciplina interna— tendrá un impacto directo en el resultado. El poder local vuelve a colocarse en el centro de la disputa política, y quien no lo lea a tiempo llegará tarde a la contienda.

La advertencia del jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, sobre “el momento en que todo explote” sintetiza un clima político que avanza hacia un punto crítico. Cuatro derrumbes simultáneos alimentan esa sensación: el debilitamiento del orden internacional de posguerra, la erosión de la tranquilidad interna bajo operativos crecientemente abusivos del ICE, la degradación del orden democrático y, en el centro de todo, el deterioro mental y conductual del presidente Donald Trump.

Ese declive personal actúa como fuerza motriz. Los rasgos narcisistas se intensifican con el poder y la edad: más grandilocuencia, menos empatía, más reacciones violentas ante cualquier desafío. En 2025 Estados Unidos participó o ejecutó más de 600 misiones de bombardeo, una cifra coherente con un mandatario que recurre a la fuerza con rapidez creciente, dentro y fuera del país.

La historia clásica ilumina el proceso. Salustio, Tácito y más tarde Gibbon describieron cómo la tiranía distorsiona no solo la conducta de los gobernantes, sino también la moral de la sociedad que los rodea. La sed de dominación sustituye a la ambición pública y desata un ciclo de aislamiento, paranoia y exceso de poder. Los seguidores compiten por ofrecer una adulación cada vez más servil, mientras la población, expuesta a atrocidades constantes, se vuelve insensible. La democracia se vacía desde dentro: se debilita la confianza, se normaliza la corrupción, se abandona el hábito del compromiso.

Estados Unidos no es la Roma en decadencia. Sus instituciones siguen siendo sólidas y gran parte de la ciudadanía conserva valores democráticos. Pero estamos ante un peligro real: el curso de la tiranía raramente se revierte. La historia muestra que quienes caen en esta espiral no recuperan de pronto la moderación. Al contrario, profundizan en la arbitrariedad, la desconfianza y la confrontación.

Los fundadores lo entendieron bien: ninguna estructura institucional basta cuando un líder sin frenos internos decide probar los límites del poder. Hoy, gran parte del rumbo nacional está ligado a la psique deteriorada de un solo hombre, y ese es el núcleo del colapso que se aproxima.

El peso mexicano inició 2026 con una apreciación notable, favorecido por la debilidad global del dólar y por el retorno de capitales hacia economías emergentes. Esta semana la moneda llegó a cotizar por debajo de 17,10 unidades por dólar, su mejor nivel desde mediados de 2024, antes de cerrar en 17,46. La caída del billete verde responde al aumento del riesgo político en Estados Unidos, al creciente endeudamiento federal y a las fricciones entre Donald Trump y la Reserva Federal. A ello se suma el nerviosismo de los inversionistas ante los nuevos aranceles impulsados por Washington.

El entorno actual favorece a divisas como el peso, que se apoyan en tasas de interés relativamente altas. Aunque el Banco de México ha reducido su tasa a 7 por ciento, el diferencial respecto al rango de 3,5 a 3,75 por ciento de la Fed mantiene atractivo el carry trade. Para analistas como Gabriela Siller, este diferencial explica buena parte del avance mensual del peso, mientras el dólar se encamina a uno de sus peores arranques de año desde 2025.

El mercado cambiario también sigue con atención el inicio de la revisión del TMEC. Esta semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones en Washington para preparar el proceso, que incluirá discusiones sobre reglas de origen, minerales críticos y prácticas de comercio desleal. Una resolución rápida y favorable podría fortalecer aún más al peso, aunque los analistas consideran poco probable que el proceso concluya este año, lo que mantendría la volatilidad.

La apreciación del peso ofrece beneficios al reducir presiones inflacionarias, pero también genera tensiones sectoriales. Exportadores y regiones que dependen de remesas comienzan a resentir un tipo de cambio por debajo de 17,20 unidades, que reduce márgenes y limita ingresos. Si el impulso actual proviene sobre todo de flujos financieros de corto plazo, la principal preocupación no es la fortaleza del peso, sino la posibilidad de una reversión abrupta.

En un entorno internacional incierto, el peso mantiene ventaja, pero su trayectoria dependerá de la revisión del TMEC, la estabilidad del dólar y la capacidad de México para sostener fundamentos macroeconómicos sólidos.

Gobernar consume tanto tiempo que deja poco margen para preparar a quien gobernará después. Sin embargo, para Claudia Sheinbaum y para el movimiento que encabeza, la sucesión no es un asunto lejano. Si Morena acepta que Omar García Harfuch o Marcelo Ebrard encabecen la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en 2030, la inercia bastaría para llevar a uno de ellos a la candidatura. La correlación de fuerzas dentro del partido deja ver que no existe, por ahora, una tercera figura capaz de competirles en una encuesta abierta, el método preferido por Morena para sus designaciones.

Pero hay indicios de que una parte del movimiento, incluido su fundador, no ve con buenos ojos que la contienda quede entre esos dos nombres. Si así fuera, el reloj corre más rápido de lo que parece.

La historia reciente demuestra que las definiciones no ocurren en la fecha formal, sino mucho antes. Sheinbaum y Ebrard comenzaron a posicionarse desde 2023, año y medio previo a la elección. Para 2029, Morena estará ya en pleno proceso de selección, y la oposición difícilmente tendrá una figura capaz de alterar ese terreno.

El problema se reproduce dentro del propio oficialismo. Las corrientes que no se sienten representadas por Ebrard o por García Harfuch tienen menos de tres años para construir alternativas viables. La tarea es titánica porque ambos integrantes del gabinete de Sheinbaum seguirán capitalizando una enorme visibilidad durante el sexenio.

García Harfuch se encamina a convertirse en el ministro más exitoso del gobierno, justo en el tema que más inquieta a la ciudadanía. Las reducciones en criminalidad fortalecen su perfil y lo convierten en el antídoto ideal contra un eventual candidato opositor que pretenda explotar el miedo. Esto lo hace prácticamente invencible en una encuesta interna, salvo que no participe. Si hubiera interés en evitar que sea candidato, tendría que acordarse su ausencia. El riesgo sería empujarlo hacia otra plataforma si la operación política falla.

Ebrard, por su parte, mantendrá reflector propio debido al conflicto comercial con Estados Unidos y la renegociación del TMEC. Sus relaciones en Washington y su experiencia en crisis internacionales garantizan que seguirá siendo relevante hasta el final del sexenio.

El resto del gabinete se encuentra muy lejos de ese nivel de exposición. La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, espacio que antes impulsaba carreras presidenciales, no parece ahora producir una figura con posibilidades nacionales. En la capital, García Harfuch ya demostró su fuerza al ganar con holgura la interna.

Nada de esto significa que Morena carezca de cuadros presidenciables. Existen gobernadores, secretarios y subsecretarios con capacidad técnica y política. Pero los tiempos en los que un presidente podía designar unilateralmente a su sucesor quedaron atrás. La lógica interna de Morena se ha vuelto más autónoma y el electorado, más exigente.

Si el movimiento desea una alternativa distinta a los dos punteros, debe comenzar a construirla ya. Dar visibilidad a nuevos perfiles, incorporar gobernadores al gabinete o desarrollar liderazgos emergentes. El retraso solo hará más amplia la ventaja acumulada por quienes ya dominan el escenario.

Si, por el contrario, se ha aceptado que cualquiera de ellos es opción cómoda y viable, la sucesión será tersa. Lo realmente peligroso para Morena sería improvisar al final. Un cambio tardío de señales desde Palacio podría resultar devastador para la cohesión del movimiento y para la continuidad de su proyecto.

Las recientes acciones de Estados Unidos en Irak y Venezuela revelan un patrón cada vez más nítido: el uso del petróleo y de la arquitectura financiera global como instrumentos de coerción en la rivalidad estratégica con China e Irán. Lo ocurrido en Bagdad y en Caracas no responde a crisis aisladas, sino a una estrategia que emplea el control sobre los flujos petroleros y los mecanismos de pago en dólares para influir en gobiernos, alterar alianzas y condicionar la capacidad de maniobra de actores adversarios.

En Irak, Washington ha advertido que podría restringir el acceso del gobierno a sus ingresos petroleros, un recurso del que depende casi noventa por ciento del presupuesto nacional. Las amenazas surgieron tras el avance electoral de figuras vinculadas a milicias respaldadas por Irán, incluido Adnan Faihan, quien obtuvo la primera vicepresidencia del Parlamento. El origen de esta vulnerabilidad se remonta a 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición colocó los ingresos petroleros iraquíes bajo administración en la Reserva Federal de Nueva York. Lo que alguna vez fue un mecanismo de protección se ha convertido en un punto crítico de control que permite a Washington influir directamente en la formación de gobierno y en el equilibrio geopolítico entre Irak, Irán y Estados Unidos.

El caso venezolano muestra una dinámica aún más explícita. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, Washington ha interrumpido los envíos de crudo destinados a pagar la deuda venezolana con China. Los ingresos se canalizan ahora hacia una cuenta en Qatar administrada bajo supervisión estadounidense, lo que reordena la prioridad de acreedores y limita la continuidad de los acuerdos de petróleo por deuda. Este movimiento no busca acceso energético, dado que Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo; su objetivo es restringir la capacidad de Beijing para expandir su arquitectura crediticia en el Sur Global y, con ello, moderar la influencia económica y política china en América Latina.

Ambos casos comparten un elemento estructural: la centralidad del dólar como columna vertebral del comercio energético. La capacidad de Washington para redirigir pagos, bloquear transferencias y condicionar exportaciones le otorga una influencia que trasciende a los países involucrados. Para China, se trata de un recordatorio de que sus mecanismos de financiamiento respaldados por recursos naturales pueden verse vulnerados por decisiones tomadas fuera de su control. Para los países del Sur Global, es una señal de que la búsqueda de autonomía financiera y energética requiere nuevas redes de protección frente a formas sofisticadas de coerción económica.

La geoeconomía del petróleo confirma así que la competencia entre grandes potencias se libra menos en el terreno militar que en el control de flujos: de energía, de divisas, de deuda. Irak y Venezuela ilustran cómo esos flujos se han convertido en herramientas para moldear comportamientos estatales, disciplinar alianzas y sostener jerarquías monetarias en un sistema internacional crecientemente fragmentado.

La nueva Suprema Corte nació bajo la promesa de encarnar la austeridad republicana que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había exigido durante años a los ministros. La reforma judicial les dio origen en las urnas y, con ello, la expectativa de erradicar los símbolos de privilegio que marcaron a sus predecesores. Para reforzar ese mensaje, los ministros iniciaron su mandato con una reducción salarial que los situaba apenas por debajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la adquisición y devolución exprés de nueve camionetas blindadas reactivó el debate sobre la coherencia entre su discurso y sus decisiones administrativas.

Ese episodio puso en evidencia un problema más profundo: cada gasto del Alto Tribunal se examina ahora como una prueba de congruencia. Al caso de las camionetas se sumaron críticas por la contratación de un retrato institucional para la ministra Lenia Batres, que finalmente no se realizó, así como cuestionamientos a la compra de togas ceremoniales cuyo costo se mantiene en niveles similares desde integraciones anteriores de la Corte. Para una institución que ha hecho de la austeridad su carta de presentación, cualquier gasto se convierte de inmediato en un punto de fricción pública.

La Corte intenta avanzar entre presiones políticas, escrutinio social y necesidades operativas. La reasignación de las camionetas a jueces con mayor riesgo ilustra esa tensión: la operación se justificó por motivos técnicos de seguridad, pero ahora no queda claro si los propios ministros quedarán expuestos a los mismos riesgos que, en principio, motivaron la compra. La velocidad con la que la institución intenta corregir el rumbo añade incertidumbre y alimenta la percepción de improvisación.

En este escenario, Sheinbaum exige explicaciones y recuerda que la legitimidad de la nueva Corte depende tanto del cumplimiento de la austeridad como de su funcionamiento eficaz. El desafío, para los ministros, consiste en definir con precisión dónde termina la prudencia presupuestaria y comienza el deterioro institucional. Ese límite, aún difuso, será decisivo para sostener la credibilidad de un Poder Judicial que prometió renovarse desde sus cimientos.

El futuro del TMEC se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington, Ottawa y Ciudad de México. Mientras Donald Trump mantiene su retórica de desdén hacia el acuerdo y amenaza con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en su continuidad, consciente de que la integración económica de América del Norte es uno de los pilares de la estabilidad regional. En medio de este choque político, un actor inesperado emerge como aliado de México: las empresas estadounidenses instaladas en su territorio.

Sheinbaum subrayó esta semana que los mayores defensores del TMEC no son únicamente los sectores productivos mexicanos, sino las firmas norteamericanas con operaciones en la región. Desde plantas automotrices hasta farmacéuticas, la posición de la iniciativa privada quedó clara durante las audiencias celebradas por la Oficina del Representante Comercial de EE UU en diciembre, donde abogaron por la vigencia del acuerdo que respalda 13 millones de empleos estadounidenses y sostiene a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Las empresas reconocen, sin embargo, que los tres países han incumplido partes del tratado. Críticos con México en áreas como energía, agricultura o comercio digital, coinciden en que cualquier revisión debe ofrecer certidumbre regulatoria y un proceso ordenado. Para ellas, el riesgo mayor no es el diferendo técnico, sino la incertidumbre generada por la retórica del propio Trump. Como explica Pedro Casas Alatriste, director de AmCham México, las voces empresariales estadounidenses se han convertido en una fuente clave de influencia para el presidente, especialmente bajo la lógica de America First.

En este contexto, México busca preservar los beneficios arancelarios del tratado y revertir los gravámenes sectoriales que afectan a las cadenas productivas regionales. Expertos como Luis de la Calle insisten en que los aranceles al acero, aluminio y cobre lastiman directamente al propio mercado estadounidense. La revisión del TMEC, programada para julio, pondrá a prueba la capacidad de los tres países para sostener más de tres décadas de integración. Y, en esta negociación, el peso del empresariado estadounidense podría ser decisivo para contener los impulsos disruptivos de Trump y asegurar la continuidad del acuerdo.