La salida anticipada de Alejandro Gertz Manero convirtió a la Fiscalía General de la República en una nueva pieza del andamiaje político de Claudia Sheinbaum. Con un mensaje breve —“le ofrecí una embajada y aceptó”— la presidenta dejó claro que la decisión fue suya y que el reacomodo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer su margen de maniobra institucional. En paralelo, sumó a Ernestina Godoy, su colaboradora más cercana en temas jurídicos, como fiscal interina.

El movimiento se inscribe en un contexto de tensiones políticas acumuladas. La coordinación entre Sheinbaum y Adán Augusto López, jefe de la bancada de Morena en el Senado, sugiere que el relevo fue calculado para cerrar discrepancias internas, especialmente las derivadas de investigaciones sensibles dentro de la FGR. La oposición, en contraste, quedó desarticulada: llegó con ausencias a la votación, no articuló un diagnóstico del desempeño de Gertz y evitó cuestionar a fondo el impacto de la maniobra en la autonomía del Ministerio Público.

El ascenso de Godoy, arquitecta de investigaciones emblemáticas cuando encabezó la Fiscalía capitalina, refuerza el círculo de confianza presidencial. Su nombramiento como fiscal especial de Control Competencial, que la dejó como encargada de despacho, muestra un camino diseñado para asegurar continuidad política en una Fiscalía que nació bajo la promesa de independencia. Morena celebró el cambio; la oposición se limitó a advertir un retroceso institucional sin presentar alternativas.

El episodio cierra semanas de desgaste para el Gobierno, tras la crisis por el asesinato del alcalde de Uruapan y la movilización del 15-N. Con este golpe de autoridad, Sheinbaum recupera iniciativa, exhibe cohesión interna y coloca a la FGR dentro de un tablero donde el oficialismo ya controla Congreso, Poder Judicial renovado y la mayoría de los estados. El desafío será demostrar que esta concentración de poder no erosiona la justicia, sino que la fortalece.

El balance de la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República expone una institución con avances mínimos frente a los mayores casos de corrupción y una efectividad reducida en el combate al crimen organizado. Entre 2018 y 2024 la FGR abrió casi 500 mil carpetas de investigación, pero sólo judicializó 15 mil en el último año y obtuvo 7,742 sentencias condenatorias, ninguna vinculada a escándalos como Odebrecht, Segalmex, Estafa Maestra o el huachicol, lo que refleja el limitado alcance de su actuación frente a delitos de alto impacto.

Los datos oficiales muestran que buena parte de las carpetas se resolvieron mediante mecanismos alternativos y acuerdos reparatorios, estrategia útil para conflictos menores pero insuficiente como política anticorrupción. Mientras tanto, la FEMDO —encargada de delincuencia organizada— obtuvo apenas 65 órdenes de aprehensión y 273 sentencias condenatorias en 2024, cifras bajas frente al tamaño de la operación criminal en el país. En algunos casos, la fiscalía enfrentó reveses judiciales, como la orden de archivar investigaciones contra la familia Jenkins por considerar inválida la reapertura del caso.

En materias electoral y anticorrupción, la actuación tampoco logró avances contundentes. La Fisel sólo judicializó 52 carpetas en año electoral y dejó pendientes investigaciones relevantes, incluidas denuncias cruzadas entre actores políticos. La Fiscalía Anticorrupción inició más de 800 carpetas, pero determinó que en 233 no había mérito para ejercer acción penal, registrando pocos casos llevados ante juez y un número reducido de criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios efectivos.

Además de los pobres resultados, la FGR vivió conflictos internos, como la separación del titular del Órgano Interno de Control por presunta corrupción. Casos emblemáticos como el de Lozoya quedaron en acuerdos incompletos, mientras procesos como el de Rosario Robles se desmoronaron en tribunales. El saldo que deja Gertz Manero es una fiscalía debilitada, sin logros estructurales y con un desempeño insuficiente frente a los delitos que más afectan al país.

México registró en 2025 su mayor volumen histórico de importaciones de granos, con 40.7 millones de toneladas entre enero y octubre, según datos de la ANAM. El aumento, impulsado por un récord de compras de maíz amarillo y blanco, revela un fenómeno complejo que combina presión de la demanda interna, efectos de la sequía y distorsiones del mercado internacional. Aunque la Secretaría de Agricultura afirma que no hubo caída productiva significativa, expertos señalan que la sequía en estados clave como Sinaloa redujo rendimientos y elevó la dependencia del exterior.

El incremento del consumo de proteína animal —vinculado al alza del salario mínimo y a la salida de millones de personas de la pobreza— también elevó el uso de granos para forraje. A ello se suma la política de exención de aranceles del Pacic, que incentivó a grandes empresas a importar a menor costo. Analistas destacan que el maíz estadounidense, subsidiado y mayoritariamente transgénico, entra al país a precios más bajos que la producción nacional, creando una brecha que impacta a agricultores mexicanos y refuerza la dependencia de insumos externos.

Aunque México es autosuficiente en maíz blanco para consumo humano, la producción de maíz amarillo —clave para la industria alimentaria y pecuaria— no cubre la demanda. La falta de tecnificación y el bajo rendimiento por hectárea agravan este rezago: mientras Estados Unidos obtiene más de 11 toneladas por hectárea, México promedia menos de cuatro, con excepciones como Sinaloa. La vulnerabilidad hídrica también pesa: la escasez de agua para riego y el deterioro ambiental limitan la capacidad de expansión agrícola.

Especialistas coinciden en que, sin una estrategia de largo plazo que combine inversión en tecnificación, manejo sustentable del agua y fortalecimiento de pequeños y medianos productores, México seguirá expuesto a variaciones externas. El récord de importaciones, más que un dato aislado, es un síntoma de una dependencia estructural que el país aún no logra revertir.

El debate sobre el “fin del petróleo” ha estado marcado por proyecciones optimistas que no siempre coinciden con la realidad. Durante años, organismos internacionales insistieron en que la adopción de vehículos eléctricos reduciría de manera drástica la demanda de hidrocarburos. Sin embargo, el consumo absoluto de petróleo y gas ha seguido creciendo. La Agencia Internacional de la Energía, que hasta hace poco repetía escenarios basados en promesas y no en hechos, publicó en 2025 un escenario basado en políticas actuales: en él, la demanda global de petróleo no cae, sino que aumenta más allá de 2050.

La diferencia entre proporción y volumen total es clave para entender el fenómeno. Aunque el porcentaje del petróleo dentro del consumo mundial se ha reducido ligeramente, su uso absoluto creció 44% entre 2000 y 2024. Este aumento desmiente el discurso importado del Norte global que promovía abandonar la inversión en petróleo bajo el argumento de una supuesta inminente obsolescencia. Muchos países desarrollados continuaron expandiendo su producción mientras presionaban a economías en desarrollo para abandonar su sector energético, lo que hoy se interpreta como un intento de limitar su crecimiento y mantener control sobre las fuentes de energía.

El error central de aquella narrativa fue asumir que el futuro del petróleo dependía únicamente del transporte. Ignoró los usos estratégicos de mayor valor agregado: fertilizantes indispensables para la agricultura global y petroquímicos esenciales en plásticos, medicinas, fibras, detergentes y cauchos. Estos sectores seguirán impulsando la demanda global incluso con la expansión de los vehículos eléctricos, reflejando un mercado más complejo y menos predecible de lo que afirmaban los discursos oficialistas.

En este contexto, la política energética mexicana adquiere nueva relevancia. La consolidación de Pemex, la recuperación de la refinación y el relanzamiento de la producción de fertilizantes como áreas de seguridad nacional se alinean con un escenario energético donde el petróleo mantiene un papel estructural. Más que nostalgia por el pasado, la estrategia mexicana parece anticiparse a una realidad que la evidencia internacional confirma: el petróleo no desaparecerá pronto, y su control seguirá definiendo soberanía y desarrollo.

La decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de catalogar el espacio aéreo venezolano como “zona de riesgo” incrementó la tensión en un Caribe marcado por el despliegue militar estadounidense. La medida, vigente hasta febrero de 2026, atribuye la advertencia a supuesta “actividad militar” en la región, aunque los movimientos recientes provienen de embarcaciones y aeronaves de Washington. Gobiernos latinoamericanos cuestionaron la decisión por su impacto en la conectividad regional y por el precedente político que establece.

El anuncio provocó suspensiones de vuelos por parte de aerolíneas internacionales, afectando a miles de pasajeros en plena temporada de fin de año. En contraste, operadores regionales como Satena, Wingo y Láser Airlines mantuvieron sus rutas, respaldados por lineamientos internacionales que obligan a garantizar la seguridad aérea sin convertir advertencias en bloqueos encubiertos. Autoridades aeronáuticas subrayaron que Venezuela no ha realizado maniobras que comprometan la navegación y que la advertencia estadounidense genera efectos económicos más allá de sus fronteras.

Diversas voces del Caribe interpretaron la medida como un instrumento de presión política disfrazado de protocolo técnico. Señalan que, al limitar operaciones comerciales y sembrar incertidumbre entre líneas internacionales, la alerta opera como una “zona de exclusión de facto” sin fundamento legal. La lectura coincide con un contexto de creciente presencia marítima y aérea de Estados Unidos en la región, que no tiene precedentes recientes bajo el argumento de lucha antidrogas.

En el trasfondo aparece una disputa geopolítica más amplia. La medida se inscribe en un escenario donde Washington busca influir sobre corredores estratégicos y contener alianzas energéticas del sur global. El resultado es un clima de tensión que afecta movilidad, economía y diplomacia, reconfigurando el equilibrio político del Caribe.

Las conferencias de Donald Trump han vuelto a exhibir un estilo político que combina insultos, desinformación y una gestualidad marcada por el exceso. La escena —entre berrinches, descalificaciones y ataques a periodistas— revive un tipo de liderazgo que confunde volumen con autoridad. En paralelo, crece el interés por observar cómo ese modelo resuena en figuras latinoamericanas que han adoptado tácticas comunicativas similares para moldear la conversación pública y desactivar críticas incómodas.

En México, Ricardo Salinas Pliego ha construido un altavoz capaz de marcar agenda mediante provocaciones diarias en redes. Sus respuestas a cuestionamientos, en especial cuando provienen de mujeres, reproducen un patrón que recuerda la lógica trumpista: burla, desdén y descalificación rápida para desplazar el debate. Aunque sus posiciones de poder son distintas —uno expresidente, el otro magnate mediático— ambos operan bajo un mismo registro: convertir la esfera pública en un escenario personal donde el ataque es recurso cotidiano.

El uso reiterado de la desinformación fortalece este estilo. Tanto Trump como Salinas emplean narrativas fabricadas para moldear percepciones y sostener fidelidades políticas o corporativas. La estrategia se apoya en apodos, chistes y comentarios sarcásticos que buscan minimizar a quien cuestiona y amplificar su propia autoridad. Ese tono insolente, presentado como valentía, termina por normalizar dinámicas de hostilidad en el debate público y desplazar discusiones de fondo.

El resultado es un clima político saturado de ruido, donde la conversación queda reducida a confrontación y espectáculo. Para una ciudadanía cansada de la estridencia, surge la necesidad de exigir espacios donde el poder escuche más y grite menos. Frente a líderes que convierten cada micrófono en un ring, crece la demanda por recuperar un diálogo que no dependa del insulto ni del sarcasmo para sostenerse.

La difusión del llamado Manifiesto de Libertad en The Washington Post confirmó la orientación de un sector opositor venezolano alineado con la agenda geopolítica de Estados Unidos. Para investigadores consultados, el documento no es una propuesta de transición democrática, sino un programa que abriría la puerta a la privatización total de recursos estratégicos y al desmantelamiento del Estado social venezolano. Su publicación coincide con el despliegue militar estadounidense más agresivo en el Caribe en años recientes.

Analistas como Víctor Hugo Majano y Romain Migus advierten que el texto plantea un modelo de entrega soberana que afectaría no sólo a la industria petrolera, sino al control territorial y a las alianzas con países del bloque BRICS. La propuesta de “garantía plena de derechos de propiedad” sobre tierra, subsuelo y yacimientos implicaría la venta íntegra de los recursos nacionales. Para ambos especialistas, se trata de un esquema neocolonial que convertiría a las élites locales en administradoras de intereses externos.

El documento también propone reconfigurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A corto plazo, señalan los expertos, busca fracturar la institución y facilitar operaciones encubiertas o golpes de fuerza. En un eventual nuevo orden, su rol se reduciría a proteger corredores de extracción y activos corporativos. Esta redefinición militar sería parte de una estrategia más amplia destinada a preparar el terreno para privatizaciones masivas y una economía orientada al capital transnacional.

La disputa trasciende las fronteras venezolanas. Para los analistas, la operación política, diplomática y militar forma parte de un intento de Washington por frenar la expansión de China, Rusia y los BRICS en la región. La promesa de “libertad” encubre, sostienen, un modelo que busca quebrar la cohesión social venezolana, manipular a la diáspora y reinstalar un orden económico dependiente del poder estadounidense.

La idea de América Latina como “patio trasero” de Estados Unidos nunca desapareció del todo; sólo se volvió más discreta. Desde la Doctrina Monroe hasta el discurso de la era Trump, persiste una visión que reduce a la región a espacio subordinado y prescindible. Las expresiones “vecindario”, “backyard” o “barrio” funcionan como un disfraz amable para una política que concibe el hemisferio occidental como territorio bajo tutela, donde Washington corrige, interviene y castiga según sus intereses estratégicos.

Esa mirada reapareció con fuerza en las declaraciones de operadores trumpistas como Mauricio Claver-Carone, quien afirmó que Estados Unidos debe dominar la región para sostener su liderazgo global. La propuesta de Trump de renombrar el Golfo de México como “Golfo de América” va en esa misma dirección: no es una ocurrencia aislada, sino una forma de inscribir dominación en el mapa, de reivindicar propiedad simbólica sobre mares y territorios. Nombrar, históricamente, ha sido un acto de poder.

El lenguaje imperial se acompaña hoy de un despliegue militar creciente en el Caribe. Bajo el argumento de combatir el tráfico de fentanilo, operativos estadounidenses han atacado embarcaciones y ampliado su presencia naval con justificaciones que recuerdan los prólogos de intervenciones pasadas. En ese marco, Venezuela, Cuba y Nicaragua aparecen como objetivos funcionales para reordenar el “patio” y enviar un mensaje al resto de la región: el control del hemisferio sigue siendo prioridad estratégica para Washington.

El avance de este discurso reabre un dilema central: aceptar el mapa impuesto desde el norte o reivindicar la región como sujeto político. La disputa no es semántica; involucra soberanía territorial, recursos energéticos y alineamientos geopolíticos. América Latina sólo podrá dejar atrás el rol de corral si redefine quién decide sus fronteras, sus alianzas y su futuro común.

La derecha mexicana atraviesa una larga fase de desgaste electoral y organizativo que comenzó en 2015 y se ha profundizado con el avance de Morena. La pérdida sostenida de votos, cargos públicos y capacidad de articulación ha dejado al PAN, al PRI y a Movimiento Ciudadano sin un mensaje capaz de competir con el proyecto oficialista. Sus dirigencias no logran formular un discurso coherente ni reconstruir alianzas sociales, lo que alimenta la percepción de una etapa crepuscular en su influencia nacional.

Esa falta de rumbo se manifiesta con especial claridad en torno al tema de la seguridad, eje que la derecha intenta posicionar como bandera central desde hace dos décadas. Aunque lo ha utilizado para confrontar a gobiernos progresistas, sus propios gobiernos estatales y federales evitaron asumir responsabilidades durante los periodos de mayor violencia. Esta incongruencia debilita su narrativa y dificulta conectar con una ciudadanía que demanda respuestas duraderas, no consignas de ocasión planteadas en momentos de disputa política.

La marcha del 15 de noviembre ilustra ese desorden estratégico. Convocada bajo el emblema de “Generación Z”, mezcló contingentes opositores tradicionales con grupos que luego arremetieron contra vallas policiacas en el Zócalo. La ausencia de un templete y la decisión de convertir la confrontación en acto central mostraron una protesta sin conducción política clara y con objetivos difusos. El saldo fue de decenas de policías lesionados y manifestantes detenidos, alimentando el debate sobre tácticas y responsabilidad.

El episodio plantea una pregunta de fondo: ¿está la derecha dispuesta a reemplazar la disputa democrática por un recurso basado en la provocación y el choque? Su crisis actual no reside solo en la caída electoral, sino en la pérdida de una narrativa capaz de ordenar sus acciones. En un escenario donde Morena mantiene hegemonía y la oposición carece de proyecto, la definición de sus próximos pasos determinará si puede reconstruirse o profundizar su deterioro.

La presencia de Edson Saúl Andrade Lemus como uno de los principales convocantes de la marcha atribuida a la generación Z modificó la lectura inicial del evento. Documentos oficiales confirman que trabaja para el PAN de la Ciudad de México y recibe pagos del Congreso capitalino por manejar redes sociales de diputadas del blanquiazul. Su perfil profesional desmonta la idea de una convocatoria juvenil espontánea y apunta a una movilización impulsada desde estructuras partidistas.

Entre 2021 y 2024, Andrade acumuló contratos por más de 647 mil pesos, además de un convenio vigente por el que cobró más de 250 mil pesos en los primeros meses de 2025. Fuentes internas señalan que operaba una red de bots destinada a incrementar artificialmente el alcance digital de legisladoras. Fotografías y registros públicos lo muestran acompañando a figuras panistas en informes legislativos, actividades de Acción Juvenil y actos de campaña, incluidas las del exalcalde Santiago Taboada.

La dirigencia nacional del PAN admitió que Andrade mantiene contratos con el partido, aunque negó relación con la marcha del 15 de noviembre. Morena difundió información adicional sobre pagos superiores a dos millones de pesos anuales por servicios de estrategia digital, lo que amplió el debate sobre financiamiento, operación y coordinación política dentro del blanquiazul. Estos datos fortalecen la percepción de una intervención organizada y no de un llamado ciudadano aislado.

El caso abre una discusión más amplia sobre el uso de recursos públicos, la manipulación del entorno digital y la apropiación de identidades generacionales para fines partidistas. También evidencia la influencia creciente de operadores profesionales en la disputa política de la capital. Para una ciudadanía que consume información a gran velocidad, la opacidad en estas operaciones exige nuevas reglas de transparencia y monitoreo.