Gobernar consume tanto tiempo que deja poco margen para preparar a quien gobernará después. Sin embargo, para Claudia Sheinbaum y para el movimiento que encabeza, la sucesión no es un asunto lejano. Si Morena acepta que Omar García Harfuch o Marcelo Ebrard encabecen la siguiente etapa de la Cuarta Transformación en 2030, la inercia bastaría para llevar a uno de ellos a la candidatura. La correlación de fuerzas dentro del partido deja ver que no existe, por ahora, una tercera figura capaz de competirles en una encuesta abierta, el método preferido por Morena para sus designaciones.

Pero hay indicios de que una parte del movimiento, incluido su fundador, no ve con buenos ojos que la contienda quede entre esos dos nombres. Si así fuera, el reloj corre más rápido de lo que parece.

La historia reciente demuestra que las definiciones no ocurren en la fecha formal, sino mucho antes. Sheinbaum y Ebrard comenzaron a posicionarse desde 2023, año y medio previo a la elección. Para 2029, Morena estará ya en pleno proceso de selección, y la oposición difícilmente tendrá una figura capaz de alterar ese terreno.

El problema se reproduce dentro del propio oficialismo. Las corrientes que no se sienten representadas por Ebrard o por García Harfuch tienen menos de tres años para construir alternativas viables. La tarea es titánica porque ambos integrantes del gabinete de Sheinbaum seguirán capitalizando una enorme visibilidad durante el sexenio.

García Harfuch se encamina a convertirse en el ministro más exitoso del gobierno, justo en el tema que más inquieta a la ciudadanía. Las reducciones en criminalidad fortalecen su perfil y lo convierten en el antídoto ideal contra un eventual candidato opositor que pretenda explotar el miedo. Esto lo hace prácticamente invencible en una encuesta interna, salvo que no participe. Si hubiera interés en evitar que sea candidato, tendría que acordarse su ausencia. El riesgo sería empujarlo hacia otra plataforma si la operación política falla.

Ebrard, por su parte, mantendrá reflector propio debido al conflicto comercial con Estados Unidos y la renegociación del TMEC. Sus relaciones en Washington y su experiencia en crisis internacionales garantizan que seguirá siendo relevante hasta el final del sexenio.

El resto del gabinete se encuentra muy lejos de ese nivel de exposición. La jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, espacio que antes impulsaba carreras presidenciales, no parece ahora producir una figura con posibilidades nacionales. En la capital, García Harfuch ya demostró su fuerza al ganar con holgura la interna.

Nada de esto significa que Morena carezca de cuadros presidenciables. Existen gobernadores, secretarios y subsecretarios con capacidad técnica y política. Pero los tiempos en los que un presidente podía designar unilateralmente a su sucesor quedaron atrás. La lógica interna de Morena se ha vuelto más autónoma y el electorado, más exigente.

Si el movimiento desea una alternativa distinta a los dos punteros, debe comenzar a construirla ya. Dar visibilidad a nuevos perfiles, incorporar gobernadores al gabinete o desarrollar liderazgos emergentes. El retraso solo hará más amplia la ventaja acumulada por quienes ya dominan el escenario.

Si, por el contrario, se ha aceptado que cualquiera de ellos es opción cómoda y viable, la sucesión será tersa. Lo realmente peligroso para Morena sería improvisar al final. Un cambio tardío de señales desde Palacio podría resultar devastador para la cohesión del movimiento y para la continuidad de su proyecto.

Las recientes acciones de Estados Unidos en Irak y Venezuela revelan un patrón cada vez más nítido: el uso del petróleo y de la arquitectura financiera global como instrumentos de coerción en la rivalidad estratégica con China e Irán. Lo ocurrido en Bagdad y en Caracas no responde a crisis aisladas, sino a una estrategia que emplea el control sobre los flujos petroleros y los mecanismos de pago en dólares para influir en gobiernos, alterar alianzas y condicionar la capacidad de maniobra de actores adversarios.

En Irak, Washington ha advertido que podría restringir el acceso del gobierno a sus ingresos petroleros, un recurso del que depende casi noventa por ciento del presupuesto nacional. Las amenazas surgieron tras el avance electoral de figuras vinculadas a milicias respaldadas por Irán, incluido Adnan Faihan, quien obtuvo la primera vicepresidencia del Parlamento. El origen de esta vulnerabilidad se remonta a 2003, cuando la Autoridad Provisional de la Coalición colocó los ingresos petroleros iraquíes bajo administración en la Reserva Federal de Nueva York. Lo que alguna vez fue un mecanismo de protección se ha convertido en un punto crítico de control que permite a Washington influir directamente en la formación de gobierno y en el equilibrio geopolítico entre Irak, Irán y Estados Unidos.

El caso venezolano muestra una dinámica aún más explícita. Tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense sobre las exportaciones petroleras, Washington ha interrumpido los envíos de crudo destinados a pagar la deuda venezolana con China. Los ingresos se canalizan ahora hacia una cuenta en Qatar administrada bajo supervisión estadounidense, lo que reordena la prioridad de acreedores y limita la continuidad de los acuerdos de petróleo por deuda. Este movimiento no busca acceso energético, dado que Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo; su objetivo es restringir la capacidad de Beijing para expandir su arquitectura crediticia en el Sur Global y, con ello, moderar la influencia económica y política china en América Latina.

Ambos casos comparten un elemento estructural: la centralidad del dólar como columna vertebral del comercio energético. La capacidad de Washington para redirigir pagos, bloquear transferencias y condicionar exportaciones le otorga una influencia que trasciende a los países involucrados. Para China, se trata de un recordatorio de que sus mecanismos de financiamiento respaldados por recursos naturales pueden verse vulnerados por decisiones tomadas fuera de su control. Para los países del Sur Global, es una señal de que la búsqueda de autonomía financiera y energética requiere nuevas redes de protección frente a formas sofisticadas de coerción económica.

La geoeconomía del petróleo confirma así que la competencia entre grandes potencias se libra menos en el terreno militar que en el control de flujos: de energía, de divisas, de deuda. Irak y Venezuela ilustran cómo esos flujos se han convertido en herramientas para moldear comportamientos estatales, disciplinar alianzas y sostener jerarquías monetarias en un sistema internacional crecientemente fragmentado.

La nueva Suprema Corte nació bajo la promesa de encarnar la austeridad republicana que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había exigido durante años a los ministros. La reforma judicial les dio origen en las urnas y, con ello, la expectativa de erradicar los símbolos de privilegio que marcaron a sus predecesores. Para reforzar ese mensaje, los ministros iniciaron su mandato con una reducción salarial que los situaba apenas por debajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la adquisición y devolución exprés de nueve camionetas blindadas reactivó el debate sobre la coherencia entre su discurso y sus decisiones administrativas.

Ese episodio puso en evidencia un problema más profundo: cada gasto del Alto Tribunal se examina ahora como una prueba de congruencia. Al caso de las camionetas se sumaron críticas por la contratación de un retrato institucional para la ministra Lenia Batres, que finalmente no se realizó, así como cuestionamientos a la compra de togas ceremoniales cuyo costo se mantiene en niveles similares desde integraciones anteriores de la Corte. Para una institución que ha hecho de la austeridad su carta de presentación, cualquier gasto se convierte de inmediato en un punto de fricción pública.

La Corte intenta avanzar entre presiones políticas, escrutinio social y necesidades operativas. La reasignación de las camionetas a jueces con mayor riesgo ilustra esa tensión: la operación se justificó por motivos técnicos de seguridad, pero ahora no queda claro si los propios ministros quedarán expuestos a los mismos riesgos que, en principio, motivaron la compra. La velocidad con la que la institución intenta corregir el rumbo añade incertidumbre y alimenta la percepción de improvisación.

En este escenario, Sheinbaum exige explicaciones y recuerda que la legitimidad de la nueva Corte depende tanto del cumplimiento de la austeridad como de su funcionamiento eficaz. El desafío, para los ministros, consiste en definir con precisión dónde termina la prudencia presupuestaria y comienza el deterioro institucional. Ese límite, aún difuso, será decisivo para sostener la credibilidad de un Poder Judicial que prometió renovarse desde sus cimientos.

El futuro del TMEC se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington, Ottawa y Ciudad de México. Mientras Donald Trump mantiene su retórica de desdén hacia el acuerdo y amenaza con dinamitarlo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en su continuidad, consciente de que la integración económica de América del Norte es uno de los pilares de la estabilidad regional. En medio de este choque político, un actor inesperado emerge como aliado de México: las empresas estadounidenses instaladas en su territorio.

Sheinbaum subrayó esta semana que los mayores defensores del TMEC no son únicamente los sectores productivos mexicanos, sino las firmas norteamericanas con operaciones en la región. Desde plantas automotrices hasta farmacéuticas, la posición de la iniciativa privada quedó clara durante las audiencias celebradas por la Oficina del Representante Comercial de EE UU en diciembre, donde abogaron por la vigencia del acuerdo que respalda 13 millones de empleos estadounidenses y sostiene a más de 100.000 pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Las empresas reconocen, sin embargo, que los tres países han incumplido partes del tratado. Críticos con México en áreas como energía, agricultura o comercio digital, coinciden en que cualquier revisión debe ofrecer certidumbre regulatoria y un proceso ordenado. Para ellas, el riesgo mayor no es el diferendo técnico, sino la incertidumbre generada por la retórica del propio Trump. Como explica Pedro Casas Alatriste, director de AmCham México, las voces empresariales estadounidenses se han convertido en una fuente clave de influencia para el presidente, especialmente bajo la lógica de America First.

En este contexto, México busca preservar los beneficios arancelarios del tratado y revertir los gravámenes sectoriales que afectan a las cadenas productivas regionales. Expertos como Luis de la Calle insisten en que los aranceles al acero, aluminio y cobre lastiman directamente al propio mercado estadounidense. La revisión del TMEC, programada para julio, pondrá a prueba la capacidad de los tres países para sostener más de tres décadas de integración. Y, en esta negociación, el peso del empresariado estadounidense podría ser decisivo para contener los impulsos disruptivos de Trump y asegurar la continuidad del acuerdo.

La promesa de Donald Trump de deportar a todos los migrantes indocumentados, ahora catalogados como criminales para acelerar su captura, se vuelve cada vez más difícil de ejecutar. El reto ya no es únicamente financiero o logístico. Se ha desatado una resistencia social creciente que cuestiona las redadas, las detenciones arbitrarias y la invasión de propiedades privadas que acompañan los operativos del ICE.

Los actos de solidaridad que antes parecían aislados se han transformado, en diversos puntos del país, en respuestas colectivas para frenar los abusos. Ese proceso alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good, madre de familia y reconocida por apoyar causas migrantes. Los videos de la escena la muestran conversando con los agentes, sin señales de confrontación ni riesgo. Aun así, un insulto del oficial antecede a tres disparos que la matan de inmediato. No hay evidencia visual que respalde la versión oficial que acusa a Renee de intento de atropellamiento.

La narración federal presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y reforzada por el vicepresidente J. D. Vance y el propio Trump, clasifica el hecho como terrorismo doméstico. En contraste, el alcalde de Mineápolis y el gobernador de Minesota sostienen que se trató de un asesinato injustificable. Estas posiciones enfrentadas revelan la profundidad de la polarización política en Estados Unidos, así como la creciente impunidad que cobija a los agentes migratorios bajo el argumento de la seguridad nacional.

También emergen historias que subrayan la fuerza de los lazos culturales y comunitarios. Muchas personas estadunidenses expresan su apoyo a los migrantes porque crecieron, convivieron o formaron familias en comunidades de origen latino. Esa cercanía ha forjado una solidaridad que se traduce en movilización cívica, especialmente en momentos en que la población migrante enfrenta un hostigamiento sin precedentes.

La realidad, sin embargo, no es uniforme. Numerosos agentes del ICE son de origen latino y muestran un rigor incluso mayor que sus colegas estadounidenses, como si necesitaran confirmar su lealtad institucional. A ello se suma una actitud arraigada en sectores de la sociedad que se sienten obligados a denunciar cualquier comportamiento considerado sospechoso, desde estacionarse en un barrio ajeno hasta simplemente hablar otro idioma.

La política antinmigrante de Trump aviva estos reflejos y alimenta una dinámica de miedo en ambos lados. En un país donde la racialización de la sospecha ha sido una constante, la figura del migrante ha sido incorporada al mismo imaginario que históricamente ha criminalizado a otras minorías. La solidaridad y la resistencia avanzan, pero se enfrentan a un aparato estatal y a una cultura social que legitiman la sospecha y normalizan la violencia.

El conflicto sobre Groenlandia ha obligado a Europa a enfrentarse con una realidad que intentó evitar durante meses: Estados Unidos, bajo Donald Trump, está dispuesto a someter a sus aliados a golpes económicos y amenazas territoriales para imponer su voluntad. Lo que comenzó como una extravagancia geopolítica —la idea de “comprar” Groenlandia a Dinamarca— se ha convertido en una crisis estratégica que revela la fragilidad del poder europeo.

Las nuevas amenazas arancelarias de Trump, que iniciarían con un 10 por ciento en febrero y escalarían a 25 por ciento en junio, han dejado claro que Washington no se conforma con presionar; quiere doblegar. El argumento del secretario del Tesoro, Scott Bessent —según el cual Europa debe aceptar el sacrificio para mantenerse bajo el paraguas de seguridad estadounidense— expone la naturaleza coercitiva del momento: Estados Unidos exige territorio, lealtad y sumisión con el lenguaje del chantaje económico.

Ante esto, la Unión Europea apenas comienza a comprender lo que implica la disuasión en un mundo donde la fuerza económica se usa como arma estratégica. Ocho países europeos enviaron un pequeño contingente militar a Groenlandia, no para defenderla, sino para colocar un “cable trampa” político: si Estados Unidos invade un territorio respaldado por aliados de la OTAN, el costo diplomático explotaría de inmediato. Esa presencia funcionó. Washington abandonó las insinuaciones militares y pasó a sanciones comerciales.

Sin embargo, en el terreno económico Europa sigue paralizada. Desde 2023 tiene un instrumento anticoerción que, en teoría, puede imponer cuotas, cortar acceso a mercados financieros y bloquear inversiones a cualquier país que intente forzarla. Es su “bazuca comercial”. Pero nunca la ha usado. La herramienta existe, pero solo como amenaza vacía: demasiado lenta, demasiado condicionada por vetos internos y demasiado limitada por el miedo de algunos Estados —especialmente Alemania— a una escalada que afecte sus exportaciones.

Trump ya ha cruzado la línea. La coerción está en marcha. Europa, si quiere conservar autonomía estratégica, debe demostrar que está dispuesta a responder. La disuasión solo funciona cuando la amenaza de represalia es creíble. Hoy, para la Unión Europea, el desafío no es diseñar nuevas herramientas, sino encontrar la voluntad política para usarlas.

Davos vuelve a funcionar este año como un ritual global donde élites políticas y corporativas se exhiben en un paisaje alpino que pretende neutralidad, pero que opera como escenografía ideológica. Antes que un foro, Davos es un signo: un recordatorio visual de que las soluciones a la crisis global siguen discutiéndose lejos de quienes la padecen. Su lema de 2026, “A spirit of dialogue”, promete conversación franca en un mundo dividido, aunque el diálogo real sigue siendo un circuito cerrado entre poderosos.

El foro se describe como un encuentro “al borde del abismo”, pero ese abismo aparece deshistorizado, sin responsables. No se mencionan las guerras planificadas, los ciclos de saqueo financiero o las políticas que profundizan la desigualdad. Se habla de “riesgos” y “tensiones”, como si fueran fenómenos climáticos. Davos anestesia el conflicto de clase bajo una prosa tecnocrática que convierte la crisis del capitalismo en un problema de gestión y no en un resultado estructural.

En los salones alfombrados, los comerciantes de guerras no llevan botas, sino trajes oscuros y presentaciones impecables. Redefinen la destrucción como “estabilidad regional” y la muerte como “externalidad”. Donde la tragedia exige justicia, el foro detecta oportunidades de inversión. Junto a ellos actúan los intérpretes mediáticos del poder, encargados de traducir privilegio en liderazgo y desigualdad en reforma. El pluralismo que se exhibe es esencialmente decorativo; detrás de la diversidad de acentos opera una homogeneidad ideológica férrea.

Los magnates financieros completan el panorama. Su lenguaje son los mercados, que en Davos convierten países enteros en gráficas y poblaciones en variables descartables. Para ellos, la crisis no es un peligro, sino una oportunidad: cuanto más profundo el abismo, más barata la compra. El foro no emite decisiones formales, pero produce narrativas que ordenan prioridades globales: qué problema importa, cuál se posterga, quién habla con autoridad y quién queda fuera de cuadro.

Lo que Davos ofrece no son soluciones estructurales, sino relatos tranquilizadores. No justicia, sino filantropía cosmética. Observado críticamente, revela la distancia entre el poder global y la vida de los pueblos, y la importancia de disputar el lenguaje con el que se nombra el mundo. Porque Davos no evita el abismo: lo administra. Y vivir bajo su narrativa significa aceptarlo como destino.

La revocación de mandato ha sido, desde su creación, un campo minado para la oposición mexicana. Durante años, Ricardo Anaya fue uno de los críticos más duros del mecanismo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una trampa inspirada en modelos latinoamericanos de corte autoritario y llamó abiertamente a la abstención. Para él, participar significaba entrar en un juego diseñado para dividir al país y alimentar la permanencia del presidente. Aquella postura —tajante, doctrinaria— parecía definitiva.

Sin embargo, a finales de 2025, Anaya sorprendió al adoptar una narrativa opuesta. De cuestionar la legitimidad del mecanismo pasó a promoverlo con entusiasmo. Retó a Morena a incluir a Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027 y aseguró que, esta vez, la ciudadanía votaría para retirarla. Donde antes veía manipulación, ahora asegura ver una oportunidad democrática. Su defensa llegó al extremo de proponer que la revocación se extienda a los gobernadores, sin reparar en que su activación depende de legislaciones estatales donde Acción Nacional carece de fuerza suficiente.

El cambio no es menor. Durante la revocación de López Obrador, Anaya confió en un desplome de apoyo que jamás llegó. El expresidente obtuvo más votos en ese ejercicio que los que el propio panista consiguió como candidato presidencial. Aun así, el hoy coordinador del PAN en el Senado insiste en que Morena vive un deterioro profundo y que Sheinbaum sería derrotada por el “juicio ciudadano”. Esa lectura contrasta con los números actuales y con la evaluación positiva que mantiene la presidenta en buena parte del país.

El viraje de Anaya también expone las tensiones internas de la oposición. Mientras algunos partidos y liderazgos reconocen la revocación como un instrumento democrático utilizado en numerosos países, otros siguen viéndolo con suspicacia. Lo que parece incomodar más no es el mecanismo en sí, sino la necesidad de movilizar votantes en territorios donde la presencia opositora se ha erosionado.

En ese contexto, la metamorfosis política de Anaya luce menos como una convicción profunda y más como un intento de apropiarse de una herramienta que antes rechazaba, con la esperanza de convertirla en una palanca electoral futura.

El segundo mandato de Donald Trump cumple un año envuelto en una mezcla de vértigo político y agotamiento social. La sensación dominante, dentro y fuera de Estados Unidos, es la de haber transitado doce meses en los que las reglas que antes parecían inamovibles se deshicieron al ritmo de un presidente que gobierna desde el impulso, la confrontación y un afán personalista que ha permeado todas las instituciones. Lo que comenzó el 20 de enero de 2025, con un regreso improbable después de haber negado su derrota electoral cuatro años antes, terminó convirtiéndose en una prueba constante para el sistema democrático estadounidense y un foco de inestabilidad global.

La primera señal del rumbo que tomaría su gobierno llegó el mismo día de su investidura, cuando indultó a más de un millar de participantes en el asalto al Capitolio. Luego vinieron decisiones simbólicas —pero reveladoras del tono del nuevo mandato— y otras de profundo calado: despidos masivos en la burocracia federal, recortes abruptos a programas internacionales, presiones incesantes sobre la Reserva Federal y el uso de aranceles como arma política. Para un sector de la población, ese estilo representaba la promesa cumplida de “sacudir” Washington. Para el resto del país, significó la confirmación de que la presidencia se movía al ritmo de un líder empeñado en borrar límites institucionales.

En el frente interno, la tensión alcanzó un punto crítico con el asesinato de Renee Good en Minneapolis a manos de un agente federal. La respuesta de la Casa Blanca, minimizando el hecho como un acto “en defensa propia”, avivó el debate sobre la instrumentalización política de las fuerzas de seguridad. Simultáneamente, la política migratoria marcó un antes y un después: deportaciones masivas, detenciones indiscriminadas y redadas que llevaron a miles de ciudadanos a cargar su pasaporte para evitar ser confundidos con migrantes irregulares. Más de 600.000 personas fueron expulsadas en un año, mientras otras dos millones dejaron el país por miedo o agotamiento.

La escena internacional tampoco quedó al margen. Aunque Trump había prometido reducir el papel de Estados Unidos como gendarme global, su primer año estuvo marcado por decisiones que reforzaron la presencia militar. Ordenó bombardeos en Oriente Medio, tensó los vínculos con Europa y ejecutó la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, un movimiento que alteró por completo el equilibrio regional. La atención mundial se desplaza ahora hacia sus amenazas contra Irán y hacia la disputa por Groenlandia, convertida en un símbolo de su visión geopolítica: maximalista, impredecible y diseñada para mover la conversación pública lejos de sus frentes internos.

A lo largo del año, la Casa Blanca se transformó también en un escenario de extravagancias diplomáticas y maniobras de control narrativo. Trump ha recibido desde honores simbólicos hasta regalos que buscan congraciarse con su vanidad política. Ha impulsado la construcción de un salón de baile en la residencia presidencial, rebautizado espacios públicos y tratado con insistencia de ser considerado candidato al Nobel de la Paz. Cada episodio alimenta la sensación de que la política estadounidense opera, hoy más que nunca, bajo una lógica de espectáculo continuo.

El segundo año del mandato arranca con desafíos ineludibles. En noviembre se celebrarán las elecciones de medio término, decisivas para definir si el Congreso seguirá funcionando como un dique débil ante su agenda o si la oposición recuperará un espacio que le permita restablecer ciertos contrapesos. Trump ha insinuado que quizá esos comicios “no deberían celebrarse”, comentario que la Casa Blanca matizó como una broma, pero que se suma a un patrón inquietante en su relación con las normas democráticas.

Mientras el país se prepara para conmemorar los 250 años de su independencia, la pregunta que atraviesa cada conversación política es si la fractura social y la erosión institucional pueden revertirse o si este año ha marcado un punto de no retorno. Para una parte considerable de la ciudadanía, la democracia estadounidense ha entrado en territorio desconocido. Para otra, Trump encarna la única respuesta posible ante un sistema que consideran agotado. Lo que está claro es que, tras doce meses de sobresaltos, el mundo observa a Washington con una mezcla de desconcierto y cautela. Y que los meses por venir, lejos de ofrecer estabilidad, prometen ser igual de intensos.

La figura de Eduardo Verástegui llegó a 2026 inmersa en un torbellino político que redefinió su posición dentro de la derecha mexicana y desdibujó parte de su influencia internacional. Entre el cierre de 2025 y el inicio del año en curso, el fundador del Movimiento Viva México acumuló desencuentros: la ruptura con el presidente argentino Javier Milei, la renuncia a convertir su organización en partido político y una controversia por libertad de expresión que reavivó tensiones con instituciones públicas y con otros actores del conservadurismo.

El primer golpe vino desde el ámbito electoral. Tras no reunir las firmas necesarias para competir como candidato independiente a la Presidencia de México, Verástegui había trasladado su apuesta hacia la conformación de un partido. Sin embargo, el 31 de diciembre anunció su retiro del proceso, alegando que no estaba dispuesto a reproducir prácticas que, a su juicio, alimentaban la corrupción y la simulación en el sistema político. La decisión frenó de manera abrupta su intento de instalarse como fuerza orgánica dentro del tablero partidista nacional.

Mientras ese repliegue tomaba forma en México, otro conflicto mayor estallaba en la arena internacional. La relación de Verástegui con Javier Milei, tejida desde 2022 y convertida en uno de los puentes más visibles entre el conservadurismo mexicano y la derecha radical emergente en América Latina, terminó quebrándose en público. El detonante no fue un diferendo puntual, sino una acumulación de tensiones políticas e ideológicas dentro del propio proyecto libertario argentino.

Milei había construido su ascenso acompañado de Victoria Villarruel, figura central del ala más conservadora de su coalición. Verástegui contribuyó a impulsar esa dupla en foros internacionales, especialmente cuando invitó al entonces diputado argentino a CPAC México 2022, donde lo presentó como “el próximo presidente de Argentina”. Aquel primer espaldarazo abrió la puerta a la proyección global del economista libertario y lo situó, poco después, en el escenario de CPAC Washington junto a figuras de la derecha estadounidense.

Pero ya en el poder, la relación entre Milei y Villarruel se erosionó con rapidez. La vicepresidenta quedó relegada de las áreas clave de Seguridad y Defensa y, más tarde, fue acusada de “traición” tras avalar en el Senado una discusión legislativa que contravenía la política fiscal del presidente. La disputa adquirió pronto un matiz religioso, impulsado desde sectores conservadores que comenzaron a cuestionar a Milei por su cercanía al judaísmo y por la perspectiva de una futura conversión formal.

Ese giro simbólico modificó el terreno. El debate dejó de centrarse en la orientación ideológica del gobierno argentino para desplazarse hacia la identidad religiosa de Milei, y allí Verástegui tomó partido por Villarruel. El 25 de octubre de 2025 publicó una serie de mensajes en los que acusó al mandatario de deslealtad, ingratitud y engaño. En esos textos reivindicó su papel en la proyección internacional del argentino y llamó abiertamente a imaginar una futura presidencia encabezada por la actual vicepresidenta.

Las críticas no tardaron en generar fricciones dentro de la propia derecha hispanoamericana. Agustín Laje, uno de los pensadores cercanos a Milei, se deslindó de Verástegui y rechazó que su nombre fuera utilizado para confrontar al presidente. Y desde México, el Consejo Nacional de la Nueva Derecha, liderado por Raúl Tortolero, marcó distancia: mantuvo su apoyo político a Milei sin convertir la religión en criterio de legitimidad, y se apartó explícitamente del discurso antisemita que emergió tras la ruptura.

En ese contexto se produjo otro quiebre simbólico. La edición mexicana de CPAC 2025 fue cancelada después de que la organización retirara su respaldo a Verástegui, quien respondió convocando la Cumbre Viva México. El encuentro incorporó ponencias que reforzaron la línea discursiva antimileísta y que incluyeron expresiones contra el judaísmo identificadas como antisemitas por analistas en ambos países.

La secuencia de tropiezos no terminó ahí. En los primeros días de enero de 2026, una entrevista que Sabina Berman realizó a Verástegui para televisión pública fue bloqueada por las defensorías de audiencias de Canal Once y Canal Catorce, que argumentaron que sus declaraciones podían constituir discurso de odio y vulnerar la legislación en materia de radiodifusión. La decisión derivó en un enfrentamiento directo sobre límites y garantías de la libertad de expresión. La entrevista terminó difundiéndose en YouTube, aunque fue retirada en varias ocasiones antes de ser restituida por la plataforma.

Verástegui acusó al gobierno federal de censurarlo y sostuvo que el lenguaje de derechos y diversidad se estaba utilizando para inhibir voces críticas del conservadurismo. Sus señalamientos fueron recibidos con cautela incluso dentro de la derecha organizada, donde la controversia reavivó viejos recelos sobre la viabilidad de construir un proyecto político nacional alrededor de la figura del activista.

Así, en pocas semanas, Eduardo Verástegui vivió una reconfiguración brusca de su posicionamiento político. Perdió el soporte institucional para su proyecto partidista, fracturó un vínculo estratégico con uno de los gobiernos emblemáticos de la nueva derecha latinoamericana y abrió una disputa pública sobre los límites del discurso conservador en los medios. En conjunto, estos episodios delinean un nuevo momento en su trayectoria: menos anclado en alianzas internacionales y más expuesto a las tensiones internas del conservadurismo mexicano, en un escenario donde la religión, la identidad y la legitimidad política se entreveran con creciente frecuencia.