El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, ha intensificado su ofensiva contra la Cuarta Transformación justo cuando enfrenta su momento financiero más crítico. Con juicios fiscales que superan los 30 mil millones de pesos, el magnate ha desplegado una estrategia mediática que combina populismo digital, confrontación política y victimismo empresarial, presentándose como el “anticandidato” del sistema que lo enriqueció.

A través de sus propios medios, Salinas promueve encuestas y entrevistas que lo posicionan como presidenciable rumbo a 2030, mientras crea el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), un frente opositor con figuras de TV Azteca y analistas conservadores. El discurso es claro: denunciar a Morena por “dictadura comunista” y ofrecerse como defensor de la propiedad y la libertad.

Sin embargo, el impulso político coincide con un cerco judicial que podría golpear su imperio. En México, el SAT mantiene abiertos procesos por evasión fiscal, y en Estados Unidos un juez ordenó a TV Azteca desistirse de amparos. En medio de estos reveses, Salinas intenta reposicionarse como empresario perseguido, construyendo un relato de resistencia frente al Estado.

Detrás del personaje del “Tío Richie”, irreverente y provocador en redes, se perfila una jugada política y mediática. Su aparente cruzada moral podría ser más una estrategia de autoprotección que una aspiración real de poder. Lo cierto es que su guerra con el gobierno redefine la frontera entre dinero, medios y política en México.

Mientras el gobierno enfrenta el escándalo por el huachicol fiscal y una creciente desconfianza ciudadana, el fenómeno de los “nepobabies” morenistas —los hijos e hijas de figuras clave de la llamada Cuarta Transformación— se ha convertido en el nuevo rostro del poder. Jóvenes que, desde el confort de estudios privados, viajes de lujo o negocios exclusivos, contrastan con el discurso de austeridad y justicia social que sus padres enarbolan.

El caso más reciente es el de Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces. La joven artista fue retratada por la revista Dwell en su estudio de arte ubicado en la casa familiar de Tlalpan, con acabados de diseño, iluminación personalizada y jardín privado. La publicación se viralizó justo cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia contra su madre por el presunto desvío de 50 millones de pesos, lo que desató cuestionamientos sobre el origen de los recursos familiares.

Jimena no es la única heredera de la 4T que ha acaparado titulares. De Andy López Beltrán a León Bartlett, pasando por hijos de secretarios y legisladores, una nueva generación de hijos del poder muestra un perfil público donde el lujo, las influencias y las oportunidades exclusivas parecen heredarse tanto como los apellidos.

Mientras millones de mexicanos sobreviven con menos de siete mil pesos mensuales, los nepobabies de Morena se mueven entre galerías y hoteles, alimentando la percepción de una élite política que se dice del pueblo, pero vive muy lejos de él.

En plena crisis por la corrupción en aduanas y el descrédito del “austericidio” republicano, los hijos de la 4T se han convertido en el reflejo más incómodo de un movimiento que prometía acabar con los privilegios… y terminó reproduciéndolos.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que CIBanco entró oficialmente en liquidación luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobara la revocación de su licencia para operar. La decisión ocurre tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en junio pasado vinculó al banco con posibles operaciones de lavado de dinero.

A partir de este viernes, todas las sucursales de la institución cerrarán de forma definitiva. El IPAB anunció que el próximo 13 de octubre iniciará el pago a los ahorradores, cubriendo las llamadas “obligaciones garantizadas”: cuentas de ahorro, cheques, pagarés y depósitos a plazo, sin necesidad de trámite por parte de los clientes. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de 90 días naturales.

Según la CNBV, la revocación fue solicitada de forma “voluntaria” por los accionistas, quienes consideraron que la liquidación era la mejor alternativa para proteger a los clientes. Sin embargo, el contexto internacional presionó la decisión: CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, había sido señalado por las autoridades estadounidenses por presuntas transferencias irregulares y operaciones opacas con terceros.

Antes de la liquidación, CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva y su cartera automotriz a Bancoppel, en un intento por reducir riesgos. Con este cierre, el sistema financiero mexicano enfrenta su primera liquidación bancaria en casi una década, un episodio que reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de la banca mediana ante flujos ilícitos y la efectividad de la supervisión financiera en México.

La Fiscalía General de la República documentó que Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encabezan una red de servidores públicos, empresarios y civiles implicados en lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción vinculados al llamado huachicol fiscal. Según la causa penal 325/2025, los hermanos utilizaron su posición dentro de la Marina para simular operaciones, mover efectivo y adquirir inmuebles y vehículos de lujo sin justificación legal.

Las pesquisas revelan que ambos realizaron miles de operaciones financieras en efectivo, con gastos que superan con creces sus ingresos por nómina. Entre 2020 y 2024, Manuel Farías recibió poco más de 12 millones de pesos como marino activo, pero adquirió propiedades por más de 9 millones y depósitos millonarios en aseguradoras privadas. Fernando, por su parte, gastó más de lo que declaró en un 300%, además de emitir cheques y comprar terrenos, autos y pólizas de vida con dinero no declarado.

La FGR también rastreó comunicaciones telefónicas georreferenciadas cerca de zonas y aduanas navales clave —Dos Bocas, Guaymas, Manzanillo y Ensenada—, puntos señalados como estratégicos en la red de contrabando de combustibles. Manuel Farías fue detenido en septiembre y permanece en el penal del Altiplano; su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre, acusado de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de hidrocarburos.

El caso sacude a la Marina, una de las instituciones más blindadas del país, y pone nuevamente en entredicho el discurso de “cero impunidad” del gobierno federal. La investigación revela cómo la corrupción se incrustó dentro de la estructura militar encargada de combatir el contrabando que ahora parece haber aprovechado.

A dos años del ataque de Hamas contra Israel, la Franja de Gaza vive uno de los capítulos más devastadores de su historia. Tanques, aviones y barcos israelíes bombardearon nuevamente la ciudad de Gaza, Jan Yunis y Rafah, mientras las autoridades locales denuncian que la ofensiva ha dejado más de 67 mil palestinos asesinados. Según el Ministerio de Salud de Gaza, la situación ha dejado de ser una crisis humanitaria para convertirse en un “colapso total y deliberado de la existencia humana”.

Israel mantiene los ataques pese a los llamados internacionales al cese al fuego. La ONU advierte que el sistema sanitario está colapsado: hospitales sin electricidad ni medicinas, incubadoras destruidas y recién nacidos que deben compartir oxígeno. “Estamos ante un genocidio sanitario”, señaló un funcionario de Unicef. La mayoría de los refugios del sur están desbordados y miles de familias viven ahora entre los escombros o en campamentos improvisados.

Desde su exilio en Jan Yunis, la escritora gazatí Saeda Hamdona describe un dolor cotidiano: “Nos vimos obligados a vender nuestros sueños, nuestro oro y nuestros recuerdos. Vendí mi anillo de compromiso para alimentar a mi hijo hambriento”. Su testimonio retrata el colapso emocional y material de una población que ha sido desplazada múltiples veces en solo dos años de guerra.

Hamas, por su parte, reafirma que la ofensiva del 7 de octubre de 2023 —que dejó 1,200 israelíes muertos y 250 secuestrados— fue una “respuesta histórica” a la ocupación. Pero en el terreno, la “respuesta” israelí se traduce en ruinas, hambre y desplazamiento masivo. Gaza se ha convertido en una herida abierta del siglo XXI: un territorio donde la esperanza apenas sobrevive entre las cenizas.

Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, las cifras oficiales muestran un contraste inquietante: los homicidios bajaron 23%, pero las desapariciones aumentaron 54% respecto al promedio anual del sexenio anterior. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 se reportaron 14,761 personas desaparecidas, la cifra más alta desde que existen registros.

Mientras tanto, los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública señalan 25,504 homicidios en el mismo periodo, siete mil menos que en el último año de Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades celebran esta baja, destacando que septiembre registró el menor número de asesinatos en nueve años. Sin embargo, especialistas advierten que la disminución de homicidios podría estar enmascarando otras formas de violencia letal.

El Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana advierte que los homicidios dolosos ya no bastan para medir la magnitud real de la violencia. Su estudio plantea que muchos crímenes se ocultan bajo categorías ambiguas como “homicidios culposos”, “fallecidos sin identificar” o directamente como desapariciones forzadas. Así, el supuesto descenso en asesinatos podría reflejar una transformación en los métodos de eliminación y ocultamiento de víctimas.

En promedio, 40 personas desaparecen cada día en México, frente a las 26 diarias del sexenio anterior. Para los colectivos de búsqueda, el fenómeno revela una continuidad de impunidad y descomposición institucional. En palabras de una madre buscadora: “Ya no matan para asustar, desaparecen para borrar”. El país vive menos asesinatos visibles, pero más ausencias que nadie explica.

A un año de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum enfrenta su primer gran escrutinio público. Durante su discurso en el Zócalo, la mandataria afirmó que el Estado no reprime, que Dos Bocas produce 270 mil barriles diarios y que México es el segundo país menos desigual del continente. Sin embargo, un análisis de El Sabueso y organismos independientes revela que varias de sus declaraciones son falsas o engañosas, reflejo de un gobierno que combina avances sociales con opacidad y control institucional.

El caso más evidente es la refinería Olmeca, en Dos Bocas. Lejos de la cifra presidencial, Pemex reporta una producción promedio de 102 mil barriles diarios, apenas 30 % de su capacidad. También resultó falso que “no se use la fuerza del Estado contra el pueblo”: el 2 de octubre, policías de la Ciudad de México agredieron a manifestantes y periodistas, mientras Artículo 19 y RSF documentaron siete asesinatos de periodistas durante su administración.

En materia económica, Sheinbaum sostuvo que México redujo la desigualdad y que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; lo segundo es cierto, pero el avance en equidad se matiza: la mayor parte de esa mejora ocurrió antes de su gobierno, y México no es el segundo país menos desigual del continente. La brecha de ingresos sigue siendo de las más amplias de la región.

En temas de seguridad y derechos de las mujeres, el panorama tampoco respalda el optimismo presidencial. Entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se registraron más de 16 mil homicidios y 645 feminicidios. Aunque Sheinbaum promete “un gobierno sin represión y con justicia social”, los datos muestran un país donde la violencia, la censura y las carencias estructurales aún marcan la realidad.

El crimen organizado ha encontrado en los influencers un nuevo canal para lavar dinero. A través de fiestas, contratos digitales, facturas infladas y donaciones opacas, los cárteles mueven recursos ilícitos disfrazados de ingresos legítimos. Expertos en finanzas digitales advierten que la falta de regulación y la opacidad del mercado de creadores de contenido han convertido a las redes sociales en un terreno fértil para el blanqueo.

De acuerdo con investigadores consultados, los métodos van desde pagos en efectivo por eventos y menciones “infladas” hasta transferencias en criptomonedas o bienes de lujo. Los contratos simulados con marcas ficticias y servicios intangibles como “consultorías creativas” permiten justificar ingresos imposibles de auditar. Plataformas como YouTube y Twitch, donde se manejan grandes volúmenes de donaciones, también son utilizadas para canalizar fondos criminales con apariencia de propinas o regalías.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya investiga casos de “narcoinfluencers” ligados a grupos como Los Chapitos. En México, la violencia ha alcanzado a creadores de contenido: seis han sido asesinados tras ser acusados públicamente de colaborar con el crimen organizado. A la par, el Tesoro estadounidense congeló cuentas de artistas vinculados al lavado, como el “narco-rapero” Makabelico.

La industria digital crece más rápido que las leyes que intentan regularla. Mientras Meta y YouTube aseguran colaborar con autoridades, especialistas alertan que los mecanismos de control son mínimos. La popularidad, las métricas falsas y las donaciones anónimas se han convertido en el nuevo rostro financiero del narco. El reto es urgente: frenar una economía criminal que, detrás de likes y patrocinios, sigue lavando millones.

Nuevos documentos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) señalan que personal naval bajo el mando de Rafael Ojeda Durán —entonces jefe de la Octava Región Naval— participó en la alteración del basurero de Cocula y del río San Juan en octubre de 2014. Según el informe, los marinos manipularon bolsas y encendieron hogueras dos días antes de que aparecieran restos atribuidos a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

La participación de la Marina en esas operaciones fue clave para cimentar la llamada “verdad histórica” presentada por la PGR de Jesús Murillo Karam y la AIC de Tomás Zerón. Esa versión oficial, hoy desacreditada, aseguró que los estudiantes fueron incinerados en Cocula y que no había pruebas de su paradero. La CoVAJ sostiene que se sembraron evidencias para sostener un relato que buscaba cerrar el caso con rapidez y deslindar al Ejército.

Un video entregado en 2021 muestra cómo marinos descargaron bultos en el basurero, los incineraron y después trasladaron restos al río San Juan. Pese a ello, la Secretaría de Marina respondió en 2020 que solo había dado seguridad perimetral a la PGR. Para los investigadores, la institución no solo vigiló, sino que intervino directamente en la manipulación del escenario del crimen.

Las revelaciones reavivan las dudas sobre la complicidad de mandos militares en el ocultamiento de la verdad. Aunque López Obrador defendió públicamente a Ojeda Durán en 2022, la CoVAJ advierte que la Marina aún guarda información crucial sobre lo ocurrido. A once años de la tragedia, la impunidad persiste y la exigencia de verdad y justicia sigue siendo una herida abierta para las familias y la sociedad mexicana.

Hoy se cumplen 57 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. La represión ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dejó una herida abierta en la memoria colectiva, marcada por el sonido de las balas y los gritos de estudiantes que buscaban refugio. Aquel día, la fuerza pública convirtió una protesta pacífica en uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México.

El movimiento estudiantil surgió en un clima de represión y autoritarismo, en el que las demandas de libertad política y fin a la violencia estatal fueron respondidas con persecuciones, detenciones y asesinatos. La matanza no se limitó a Tlatelolco: también la Ciudadela, el Casco de Santo Tomás, Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino fueron escenarios de choques y agresiones contra jóvenes que exigían derechos democráticos básicos.

Los testimonios de sobrevivientes relatan el terror de aquella tarde en la que militares dispararon contra miles de civiles. Los departamentos del edificio Chihuahua fueron cateados sin orden judicial y los manifestantes perseguidos en sus escondites. Hasta hoy, las cifras exactas de muertos y desaparecidos siguen siendo inciertas, pues el Estado mexicano nunca reconoció la magnitud real de la masacre.

A más de cinco décadas, la exigencia de justicia sigue vigente. Ningún responsable político o militar fue condenado, y la impunidad prevaleció. Recordar el 2 de octubre no es un acto ceremonial, sino un deber ciudadano: mantener viva la memoria de los estudiantes y sus luchas significa también defender la democracia y exigir que los crímenes del Estado nunca más se repitan.