La reaparición del gusano barrenador, Cochliomyia hominivorax, ha reactivado una alerta sanitaria con implicaciones económicas profundas. La suspensión de importaciones de ganado mexicano por parte de Estados Unidos, vigente desde 2025, representa un golpe directo a uno de los sectores más dinámicos del comercio bilateral. Más allá del impacto inmediato, el avance del parásito hacia el norte del país revela debilidades estructurales en los controles sanitarios y en la vigilancia del movimiento de animales.

Las pérdidas estimadas superan los mil millones de dólares en exportaciones, afectando no solo a grandes productores, sino a miles de empleos vinculados a la cadena ganadera. Los costos veterinarios, las mortalidades en rebaños y la presión sobre los precios internos de la carne amplifican el problema. A ello se suma el riesgo sanitario: el gusano barrenador no solo afecta al ganado, también puede infectar a humanos, lo que convierte la crisis en un asunto de salud pública regional.

Las autoridades mexicanas han anunciado el fortalecimiento de la liberación de moscas estériles y revisiones técnicas conjuntas con Estados Unidos. El antecedente histórico demuestra que la erradicación es posible, pero exige coordinación binacional sostenida, transparencia en la información epidemiológica y controles estrictos contra el contrabando de ganado. Sin una estrategia integral, los cierres fronterizos podrían prolongarse y erosionar la competitividad del sector.

El desafío trasciende lo comercial. La contención del gusano barrenador obliga a replantear la resiliencia sanitaria del campo mexicano y la cooperación científica entre ambos países. La pregunta central no es solo cuándo se reabrirá la frontera, sino si se aprovechará esta crisis para fortalecer de manera permanente los sistemas de prevención y respuesta. En ello se juega la estabilidad económica y sanitaria de la región.

La idea de que Claudia Sheinbaum gobierna sitiada por los sectores más duros del obradorismo parte de una premisa cuestionable: asumir que el liderazgo del movimiento sigue fuera de Palacio Nacional. A cuatro meses de iniciada su administración, las decisiones estratégicas muestran lo contrario. La presidenta no actúa como figura de transición ni como rehén de corrientes internas; ejerce conducción política sobre un proyecto que se concibe transexenal y que ahora encabeza formal y operativamente.

Las diferencias de estilo respecto a Andrés Manuel López Obrador son evidentes. Sheinbaum privilegia indicadores técnicos, estructuras administrativas y control de resultados medibles. Sin embargo, en el núcleo ideológico mantiene continuidad en política social, soberanía energética y posicionamientos internacionales. Esa combinación —método distinto, fondo coincidente— ha sido interpretada por algunos como moderación forzada, cuando en realidad responde a una estrategia de consolidación interna sin ruptura discursiva.

Las decisiones recientes refuerzan esa lectura. Desde ajustes en el gabinete hasta el incremento en envíos de crudo a Cuba, la mandataria ha dejado claro que no existe desplazamiento del eje político del movimiento. Las correcciones a errores heredados no implican distanciamiento ideológico, sino reafirmación de control. Lejos de ser acorralada por “puros” o “duros”, Sheinbaum opera como árbitro y conductora de esas corrientes.

El debate sobre su autonomía revela más sobre la persistencia de la figura de López Obrador en el imaginario público que sobre la realidad del poder actual. El verdadero análisis no es si la presidenta está cercada, sino cómo administra la cohesión interna sin fracturar el proyecto. En esa tensión se juega la viabilidad política de la Cuarta Transformación en su segunda etapa, y ahí radica la discusión que merece atención pública.

La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, representa uno de los movimientos más contundentes del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. El operativo no solo expuso la profundidad de la infiltración criminal en estructuras municipales, sino que envió una señal política clara: la nueva administración está dispuesta a actuar incluso cuando los involucrados pertenecen a su propio partido. En un contexto de violencia persistente, la decisión marca un punto de inflexión.

El caso de Tequila ilustra el tamaño del desafío. Durante años, distintos analistas han documentado la existencia de una simbiosis entre autoridades locales y grupos criminales que, bajo condiciones de debilidad institucional, permitió una forma precaria de gobernabilidad. Romper esos arreglos implica costos políticos y riesgos de seguridad. La presidenta optó por asumirlos, mostrando una estrategia que privilegia el uso del poder del Estado sobre la tolerancia implícita a pactos ilegales.

La acción adquiere mayor relevancia por su carácter simbólico y práctico. Golpear a un alcalde en funciones no erradica por sí solo las redes criminales, pero sí altera los incentivos de políticos locales y grupos delictivos. El mensaje es inequívoco: ningún cargo público es intocable y la afiliación partidista no garantiza impunidad. Esta postura redefine el margen de maniobra del crimen en el ámbito municipal, históricamente uno de los más vulnerables.

El reto ahora es sostener esta línea de acción. Sin fortalecimiento institucional, protección a autoridades locales y control de economías ilegales, los golpes selectivos pueden diluirse. Sin embargo, la decisión tomada en Tequila abre una conversación necesaria sobre cómo enfrentar la hidra político-criminal sin concesiones. La pregunta pública no es si habrá resistencia, sino si el Estado mantendrá la firmeza para avanzar más allá de un solo caso.

El nuevo desplome del precio de bitcoin reactivó un debate recurrente sobre su naturaleza económica y su función como activo financiero. En un contexto global marcado por altos niveles de deuda pública, inflación persistente y creciente incertidumbre geopolítica, los inversionistas han buscado alternativas para preservar valor. Sin embargo, la fuerte volatilidad del principal criptoactivo vuelve a cuestionar su papel como refugio frente al riesgo sistémico.

Tras alcanzar máximos históricos en octubre de 2025, el precio de bitcoin cayó a niveles no vistos desde finales de 2024. El ajuste no solo afectó a los inversionistas minoristas, sino también a empresas con exposición significativa a criptoactivos, cuyas acciones se han desplomado. Este comportamiento contradice la narrativa que presentaba a bitcoin como cobertura frente a la inflación, la depreciación del dólar o las tensiones internacionales, funciones que en esta ocasión cumplió el oro, pero no el activo digital.

La crisis también volvió a poner bajo escrutinio al conjunto del ecosistema cripto. Stablecoins como Tether han mostrado vulnerabilidades relevantes, alimentando temores sobre prácticas de respaldo insuficiente y riesgos de corridas financieras. Analistas advierten que la interconexión entre emisores privados, bancos tradicionales y mercados de deuda podría amplificar un choque de liquidez si se pierde la confianza en estos instrumentos.

Más allá de episodios puntuales, el problema es estructural. El mercado cripto mantiene un componente especulativo elevado, basado en expectativas de apreciación más que en valores subyacentes verificables. Si bien es improbable un colapso total de la industria, los ciclos de auge y caída evidencian que estas innovaciones financieras no son inocuas. En ausencia de regulación sólida y transparencia, la expansión desmedida del crédito digital incrementa el riesgo de desbordamientos con consecuencias sistémicas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El informe de actividades 2025, presentado por su presidenta Rosario Piedra Ibarra ante el Congreso, volvió a exhibir las tensiones entre el mandato constitucional de autonomía del organismo y su alineación discursiva con el oficialismo. En un contexto de violencia persistente, macrocriminalidad e impunidad estructural, la rendición de cuentas de la CNDH no puede evaluarse únicamente a partir de cifras, sino de su impacto real en la protección de las víctimas.

Durante la presentación, la titular de la CNDH destacó números elevados de atención, recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad, así como una reducción de quejas por violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, esta narrativa optimista contrasta con la percepción de amplios sectores de la sociedad civil y de víctimas que señalan un debilitamiento del organismo. La disminución de quejas no necesariamente refleja menos violaciones, sino podría evidenciar un distanciamiento institucional frente a las violencias actuales.

Más allá de los datos, preocupa la postura asumida por la CNDH frente a políticas públicas cuestionadas desde estándares internacionales, como la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Estas posiciones han colocado al organismo en una situación incómoda: la de justificar decisiones estatales en lugar de ejercer un papel crítico y contrapeso frente al poder, como le corresponde por mandato legal.

El debate sobre el futuro de la CNDH no debe reducirse a una disputa partidista. Está en juego la credibilidad de un mecanismo clave de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Recuperar la confianza de las víctimas exige autonomía real, imparcialidad y voluntad de confrontar al poder cuando éste vulnera derechos. Sin ello, la CNDH corre el riesgo de profundizar sus adeudos históricos con quienes más la necesitan.

A inicios del siglo XIX, la revolución haitiana envió un mensaje que estremeció al orden atlántico: los esclavos podían convertirse en ciudadanos libres. El eco de ese precedente influyó en la mirada estadounidense sobre Cuba, donde la economía esclavista y el interés geopolítico terminaron entrelazándose durante más de un siglo. Tras la independencia de la isla en 1902, Washington consolidó su influencia económica y política mediante acuerdos comerciales que facilitaron el control del sector azucarero y convirtieron a Cuba, en la práctica, en un enclave subordinado a sus intereses.

La revolución de 1959 alteró de raíz ese esquema. La nacionalización de empresas estadounidenses y la alianza con la Unión Soviética minaron una hegemonía que Estados Unidos daba por garantizada. Desde entonces, Washington desplegó una combinación de hostilidad política, intentos de invasión, operaciones encubiertas y un embargo económico que, hasta hoy, impacta directamente en la vida cotidiana de la población cubana. El bloqueo persiste a pesar de ser incompatible con los principios de soberanía y no injerencia de la Carta de la ONU.

El reciente decreto de Donald Trump, que declara a Cuba una “amenaza inusual y extraordinaria” y sanciona a los países que suministren petróleo a la isla, intensifica ese legado de presión. México ha expresado su rechazo y advierte del riesgo de una crisis humanitaria, reafirmando una política histórica de apoyo a Cuba.

Detrás de la disputa diplomática permanece una memoria social poderosa. Para amplios sectores de la población cubana, la intervención estadounidense se asocia a un pasado marcado por desigualdad extrema, analfabetismo, falta de servicios básicos y concentración de riqueza en una élite estrecha. Esa experiencia alimenta una voluntad de resistencia que trasciende al propio régimen: un temor colectivo a regresar a un orden previo a 1959.

La crisis actual, sin embargo, vuelve a plantear una pregunta de fondo: cómo sostener la soberanía sin que la población pague el costo de un asedio prolongado. Cuba enfrenta, una vez más, la tensión entre sus desafíos internos y la presión externa que define buena parte de su historia moderna.

Claudia Sheinbaum llegará a la primavera con un objetivo claro: desmontar la percepción de que la economía mexicana está inmóvil. Tras un 2025 con un crecimiento de apenas 0.7 por ciento y estimaciones que apuntan a un modesto 1.3 por ciento para 2026, la presidenta ha iniciado una ofensiva discursiva y operativa para cambiar la conversación. Su apuesta recuerda la cruzada que emprendió en seguridad: más que resultados inmediatos, busca instalar una narrativa de acción y un método distinto de gestión.

El nuevo consejo de planeación económica, encabezado por ella misma, será el vehículo para presentar proyectos estratégicos, con énfasis en energía y en infraestructura financiada por dos puntos adicionales del gasto público. La estrategia incluye un gesto inusual para este Gobierno: un acercamiento directo y frecuente con sectores clave. Las reuniones recientes con banqueros, automotrices y economistas externos han mostrado un tono más ejecutivo, con propuestas concretas para destrabar inversiones y ajustar regulaciones.

El giro, sin embargo, llega tarde y abre preguntas significativas. ¿Podrá la administración coordinar a un gabinete poco habituado a operar con velocidad? ¿El propio protagonismo presidencial no alentará la parálisis mientras todo se consulta en la cima? Y, sobre todo, ¿será capaz el Gobierno de desmontar el sentimiento antiempresarial que ha permeado entre figuras de Morena y que ha alimentado la desconfianza del sector privado?

Sheinbaum abrió la puerta a esquemas mixtos de inversión, pero al hacerlo insistió en marcar distancia de los modelos del pasado, un gesto destinado a la base de Morena que, paradójicamente, dificulta convencer al capital de sumarse. La credibilidad también depende de frenar focos rojos como la corrupción en permisos y trámites, especialmente en ciudades donde construir puede tomar años.

Para cuando llegue abril o mayo, la presidenta espera que la frase recurrente ya no sea “no hay inversión”, sino “la inversión empieza a moverse”. Pero el éxito dependerá menos de Washington —y de una revisión del TMEC aún incierta— que de la capacidad de su Gobierno para dar certeza jurídica, agilizar procesos y demostrar que puede gobernar con eficiencia. De lo contrario, México seguirá atrapado en un crecimiento que no rebasa un punto porcentual por año.

El proceso electoral rumbo a 2027 todavía parece lejano en el calendario, pero en las capitales del país ya comienzan a verse con claridad los primeros movimientos de fondo. No se trata aún de definiciones cerradas ni de tendencias irreversibles, sino de señales tempranas que permiten observar cómo se reacomodan los partidos y qué perfiles empiezan a construir ventajas en escenarios urbanos cada vez más competitivos y fragmentados.

Lo que muestran hoy las principales capitales es un tablero político lejos de cualquier uniformidad. MORENA aparece con presencia relevante en varias plazas, pero sin condiciones de dominio absoluto. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, lejos de estar desplazados, conservan estructuras, voto duro y margen de maniobra suficiente para disputar con seriedad alcaldías clave. La elección municipal, más que una réplica de la contienda nacional, comienza a perfilarse como una suma de batallas locales donde pesan más los nombres, las trayectorias y el control territorial que las marcas partidistas por sí solas.

Puebla ilustra bien esta lógica. El PAN, con Eduardo Rivera Pérez, mantiene una ventaja relevante frente a MORENA y José Chedraui Budib, en una contienda que concentra atención nacional y donde el resultado dependerá tanto de la capacidad de movilización como de la lectura fina del electorado urbano. Algo similar ocurre en Toluca, donde MORENA encabeza con Ricardo Moreno Bastida, pero enfrenta una oposición activa del PAN y el PRI, que aún conservan espacios competitivos.

Monterrey confirma que algunas capitales no se definirán por mayorías claras, sino por equilibrios inestables. MORENA, PAN y Movimiento Ciudadano compiten en un esquema de tercios con Judith Díaz Delgado, Fernando Margáin Sada y Martha Herrera González, respectivamente. Es un escenario típico de una ciudad con electorado volátil, donde cualquier error de campaña puede resultar determinante. En Mexicali, aunque MORENA aparece bien posicionada, el PAN y un PRI aún competitivo mantienen abierta la contienda.

Querétaro sigue siendo un bastión panista, con Felipe Fernando Macías al frente, pero Movimiento Ciudadano y MORENA no están fuera del juego, lo que obliga a leer la elección más como una defensa del poder local que como un trámite. En San Luis Potosí, MORENA encabeza la contienda, aunque el PAN y el PVEM se mantienen lo suficientemente cerca como para anticipar una disputa cerrada y altamente sensible a las decisiones internas de los partidos.

Morelia y Tlaxcala refuerzan una constante: el peso de los perfiles locales. En ambas capitales, MORENA aparece competitiva con Juan Carlos Barragán y Alfonso Sánchez García, respectivamente, pero el PAN y el PRI conservan capacidad de competencia en electorados urbanos que reaccionan con rapidez a campañas mal ejecutadas o candidaturas débiles.

Mérida confirma que incluso los bastiones más sólidos no están exentos de tensión. El PAN, con Cecilia Patrón Laviada, mantiene ventaja, pero MORENA, con Rommel Pacheco, y el PRI disputan espacios relevantes en una contienda que no puede darse por cerrada. En Tepic, el avance de terceras fuerzas empieza a alterar los equilibrios tradicionales, con MORENA bien posicionada y Movimiento Ciudadano ganando terreno frente al PAN.

Zacatecas presenta un escenario relativamente más estable para MORENA, con Rodrigo Reyes Mugüerza como su referente mejor posicionado, mientras el PAN, con Miguel Ángel Varela, y PRI y Movimiento Ciudadano se mantienen en competencia en una capital donde el oficialismo conserva ventaja estructural y capacidad de contención.

En conjunto, lo que empieza a dibujarse no es una ola, sino un mosaico. Las capitales rumbo a 2027 se perfilan como espacios de competencia fina, donde la improvisación puede costar caro y donde cada decisión partidista —desde la selección de candidaturas hasta la disciplina interna— tendrá un impacto directo en el resultado. El poder local vuelve a colocarse en el centro de la disputa política, y quien no lo lea a tiempo llegará tarde a la contienda.

La advertencia del jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, sobre “el momento en que todo explote” sintetiza un clima político que avanza hacia un punto crítico. Cuatro derrumbes simultáneos alimentan esa sensación: el debilitamiento del orden internacional de posguerra, la erosión de la tranquilidad interna bajo operativos crecientemente abusivos del ICE, la degradación del orden democrático y, en el centro de todo, el deterioro mental y conductual del presidente Donald Trump.

Ese declive personal actúa como fuerza motriz. Los rasgos narcisistas se intensifican con el poder y la edad: más grandilocuencia, menos empatía, más reacciones violentas ante cualquier desafío. En 2025 Estados Unidos participó o ejecutó más de 600 misiones de bombardeo, una cifra coherente con un mandatario que recurre a la fuerza con rapidez creciente, dentro y fuera del país.

La historia clásica ilumina el proceso. Salustio, Tácito y más tarde Gibbon describieron cómo la tiranía distorsiona no solo la conducta de los gobernantes, sino también la moral de la sociedad que los rodea. La sed de dominación sustituye a la ambición pública y desata un ciclo de aislamiento, paranoia y exceso de poder. Los seguidores compiten por ofrecer una adulación cada vez más servil, mientras la población, expuesta a atrocidades constantes, se vuelve insensible. La democracia se vacía desde dentro: se debilita la confianza, se normaliza la corrupción, se abandona el hábito del compromiso.

Estados Unidos no es la Roma en decadencia. Sus instituciones siguen siendo sólidas y gran parte de la ciudadanía conserva valores democráticos. Pero estamos ante un peligro real: el curso de la tiranía raramente se revierte. La historia muestra que quienes caen en esta espiral no recuperan de pronto la moderación. Al contrario, profundizan en la arbitrariedad, la desconfianza y la confrontación.

Los fundadores lo entendieron bien: ninguna estructura institucional basta cuando un líder sin frenos internos decide probar los límites del poder. Hoy, gran parte del rumbo nacional está ligado a la psique deteriorada de un solo hombre, y ese es el núcleo del colapso que se aproxima.

El peso mexicano inició 2026 con una apreciación notable, favorecido por la debilidad global del dólar y por el retorno de capitales hacia economías emergentes. Esta semana la moneda llegó a cotizar por debajo de 17,10 unidades por dólar, su mejor nivel desde mediados de 2024, antes de cerrar en 17,46. La caída del billete verde responde al aumento del riesgo político en Estados Unidos, al creciente endeudamiento federal y a las fricciones entre Donald Trump y la Reserva Federal. A ello se suma el nerviosismo de los inversionistas ante los nuevos aranceles impulsados por Washington.

El entorno actual favorece a divisas como el peso, que se apoyan en tasas de interés relativamente altas. Aunque el Banco de México ha reducido su tasa a 7 por ciento, el diferencial respecto al rango de 3,5 a 3,75 por ciento de la Fed mantiene atractivo el carry trade. Para analistas como Gabriela Siller, este diferencial explica buena parte del avance mensual del peso, mientras el dólar se encamina a uno de sus peores arranques de año desde 2025.

El mercado cambiario también sigue con atención el inicio de la revisión del TMEC. Esta semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones en Washington para preparar el proceso, que incluirá discusiones sobre reglas de origen, minerales críticos y prácticas de comercio desleal. Una resolución rápida y favorable podría fortalecer aún más al peso, aunque los analistas consideran poco probable que el proceso concluya este año, lo que mantendría la volatilidad.

La apreciación del peso ofrece beneficios al reducir presiones inflacionarias, pero también genera tensiones sectoriales. Exportadores y regiones que dependen de remesas comienzan a resentir un tipo de cambio por debajo de 17,20 unidades, que reduce márgenes y limita ingresos. Si el impulso actual proviene sobre todo de flujos financieros de corto plazo, la principal preocupación no es la fortaleza del peso, sino la posibilidad de una reversión abrupta.

En un entorno internacional incierto, el peso mantiene ventaja, pero su trayectoria dependerá de la revisión del TMEC, la estabilidad del dólar y la capacidad de México para sostener fundamentos macroeconómicos sólidos.