El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, presentó una iniciativa para castigar la explotación reproductiva mediante gestación subrogada con penas de 10 a 20 años de prisión. La propuesta contempla sancionar a quienes celebren, promuevan, financien o intermedien acuerdos de gestación, incluso cuando no exista un beneficio económico, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Las penas aumentarían de 15 a 25 años cuando las víctimas sean menores de edad, exista coacción, engaño o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad. También se aplicarían sanciones agravadas cuando participen redes criminales o se restrinja la libertad de las mujeres gestantes. La iniciativa contempla penas de cinco a 15 años para profesionales que intervengan en estos acuerdos bajo las condiciones señaladas.
El proyecto establece que los contratos de gestación subrogada serían nulos y que las mujeres gestantes no enfrentarían responsabilidad penal, sino que serían reconocidas como víctimas con derecho a protección y reparación integral. La propuesta también contempla salvaguardar los derechos de los recién nacidos y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis.
