El gobierno de Donald Trump endureció el proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos al establecer que la mayoría de los migrantes deberán regresar a sus países de origen para tramitar la green card, salvo en “circunstancias extraordinarias”. La nueva política, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, genera incertidumbre entre solicitantes, abogados y organizaciones defensoras de migrantes.
La medida representa un cambio significativo en el sistema migratorio estadounidense, ya que históricamente cientos de miles de personas podían ajustar su estatus migratorio mientras permanecían en territorio estadounidense junto a sus familias. Tan solo en 2024, más de 800.000 personas obtuvieron la residencia permanente sin salir del país.
Abogados especialistas consideran que la decisión complicará especialmente los casos de migrantes casados con ciudadanos estadounidenses y podría desalentar nuevas solicitudes de residencia. También advierten que muchos solicitantes enfrentarán largos periodos de separación familiar, mayores costos legales y riesgos de quedar atrapados fuera de Estados Unidos durante años.
Organizaciones de derechos migratorios sostienen que la medida busca reducir la inmigración legal mediante mayores obstáculos administrativos y presiones indirectas para abandonar el país. Analistas prevén que el cambio aumentará la vulnerabilidad de miles de migrantes que permanecerán sin regularizar su situación y expuestos a explotación laboral y procesos de deportación.