El fenómeno de desapariciones en México no puede entenderse sin revisar el punto de quiebre que representó la estrategia de seguridad iniciada en 2006. Durante el sexenio de Felipe Calderón, las cifras se dispararon de forma exponencial, pasando de menos de mil casos en el periodo anterior a más de 17 mil víctimas. El incremento no fue aislado, sino paralelo al despliegue militar y al aumento de la violencia.
Los datos oficiales evidencian una correlación directa entre la intensificación de la guerra contra el narcotráfico y el crecimiento de desapariciones. En apenas cuatro años, el problema se multiplicó por veinte, alcanzando su punto más alto en 2011. Este periodo también marcó el inicio de una respuesta social organizada, con movimientos que denunciaron la normalización de la violencia y la falta de reconocimiento de las víctimas.
Más allá de las cifras, el saldo dejó una transformación estructural en la dinámica del crimen y la seguridad. La fragmentación de los grupos criminales, la disputa territorial y la debilidad institucional generaron un entorno propicio para las desapariciones. Lo que comenzó como una estrategia de combate frontal derivó en un fenómeno persistente que trascendió administraciones.
Hoy, el problema sigue vigente y sin una solución integral. La crisis de desapariciones plantea cuestionamientos sobre el modelo de seguridad adoptado y sus consecuencias a largo plazo. Entender su origen es clave para el debate actual: ¿puede México replantear su estrategia o continuará administrando una crisis que se volvió permanente?