La diputada Maribel Martínez propuso una reforma para sancionar la violencia sexual cometida por conductores de transporte público y de plataformas digitales, estableciendo como infracción grave actos de acoso, hostigamiento o abuso contra usuarios, con el fin de fortalecer la seguridad y proteger derechos en el servicio.
Asimismo, la iniciativa plantea cancelar licencias, revocar concesiones e inhabilitar permanentemente a los responsables, además de imponer sanciones penales más severas cuando se acrediten delitos como abuso sexual o violación, especialmente si las víctimas son niñas o adolescentes, aplicando el máximo rigor conforme al interés superior de la niñez.
Finalmente, se establece que empresas y concesionarios deberán activar protocolos de atención, brindar auxilio inmediato, colaborar con autoridades y capacitar a conductores en derechos humanos y perspectiva de género, ya que la violencia en el transporte afecta la movilidad, limita la participación social y profundiza desigualdades estructurales.