La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma a la Ley Minera de 2022 que establece al litio como patrimonio de la nación y reserva su explotación exclusivamente al Estado. El fallo desechó una acción promovida por legisladores que cuestionaban la validez de esta disposición.
Por unanimidad, el pleno determinó que la reforma no vulnera el marco constitucional vigente. La resolución consideró que los argumentos de la oposición quedaron sin sustento tras la modificación constitucional de 2024, que incorporó al litio como área estratégica y prohibió concesiones a particulares, reforzando la rectoría del Estado sobre este recurso.
Asimismo, el tribunal concluyó que no era necesaria una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, al tratarse de una norma general sin impacto directo. Indicó que este requisito se activa únicamente cuando existan proyectos específicos que puedan afectar a las comunidades en el territorio nacional.