El gobierno federal anunció el envío al Senado del llamado plan B de reforma electoral, que plantea reducir privilegios en el sistema político y fortalecer mecanismos de participación ciudadana. La propuesta incluye modificaciones constitucionales y legales, así como ajustes a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vigentes.
Entre los principales cambios se contempla la reducción de regidurías en municipios y la limitación de una sindicatura por ayuntamiento. Asimismo, se establecen topes presupuestales para congresos locales y límites salariales para funcionarios electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores al titular del Ejecutivo federal en funciones.
Además, el proyecto plantea fortalecer la revocación de mandato, permitiendo su realización en el tercer o cuarto año del sexenio. También incorpora medidas de transparencia financiera para partidos políticos, como el uso obligatorio del sistema bancario, la prohibición de recursos en efectivo y restricciones a financiamiento extranjero.