La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido asumir el costo político de su reforma electoral sin esperar el consenso pleno de sus aliados. El proyecto, que será enviado al Congreso la próxima semana, apunta directamente a uno de los núcleos de poder más resistentes del sistema político mexicano: las dirigencias partidistas. Reducir 25% el financiamiento público a los partidos, eliminar los 32 senadores de lista nacional y modificar el mecanismo de elección de los 200 diputados plurinominales no son ajustes menores; implican alterar la arquitectura de representación construida en las últimas tres décadas.
El eje central de la propuesta es restar discrecionalidad a las cúpulas. Las listas cerradas de representación proporcional han permitido a los liderazgos partidistas asegurar posiciones estratégicas sin pasar por el escrutinio directo del electorado. La idea de listas abiertas y de incorporar primeras minorías redefine la lógica de acceso al Congreso, trasladando parte del poder de decisión a los votantes. En paralelo, la reducción del Senado de 128 a 96 integrantes elimina un espacio históricamente utilizado por las élites partidarias para asegurar escaños.
El segundo componente es financiero. En 2026, los partidos recibirán alrededor de 7.800 millones de pesos en prerrogativas. La propuesta presidencial recortaría cerca de 1.950 millones anuales. Más allá del ahorro presupuestal, la medida modifica el equilibrio interno entre fuerzas políticas, especialmente en un año previo a las elecciones intermedias de 2027. La resistencia del PVEM y el PT refleja que la discusión no es técnica, sino de poder: quién controla recursos, candidaturas y posiciones de representación.
El rediseño institucional del INE y de los organismos locales añade otra capa de debate. La reducción de estructuras permanentes, la eliminación del PREP y el fortalecimiento de la fiscalización financiera buscan, según el Ejecutivo, disminuir costos y cerrar la puerta al financiamiento ilícito. La oposición advierte riesgos de debilitamiento institucional. Entre ambos argumentos se juega una discusión de fondo: si el sistema electoral mexicano requiere ajustes para ganar eficiencia y legitimidad o si la reforma altera equilibrios que garantizan pluralidad.
Sheinbaum ha colocado el tema en el terreno político más expuesto posible: que cada partido asuma públicamente su voto. Con ello, traslada la discusión a la arena de la opinión pública. El desafío no será solo reunir mayorías calificadas, sino convencer de que el cambio fortalece la representación ciudadana y no la concentración del poder. La reforma abre una conversación inevitable sobre el costo de la democracia, la intermediación partidista y la calidad de la competencia electoral en México.