La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, representa uno de los movimientos más contundentes del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. El operativo no solo expuso la profundidad de la infiltración criminal en estructuras municipales, sino que envió una señal política clara: la nueva administración está dispuesta a actuar incluso cuando los involucrados pertenecen a su propio partido. En un contexto de violencia persistente, la decisión marca un punto de inflexión.

El caso de Tequila ilustra el tamaño del desafío. Durante años, distintos analistas han documentado la existencia de una simbiosis entre autoridades locales y grupos criminales que, bajo condiciones de debilidad institucional, permitió una forma precaria de gobernabilidad. Romper esos arreglos implica costos políticos y riesgos de seguridad. La presidenta optó por asumirlos, mostrando una estrategia que privilegia el uso del poder del Estado sobre la tolerancia implícita a pactos ilegales.

La acción adquiere mayor relevancia por su carácter simbólico y práctico. Golpear a un alcalde en funciones no erradica por sí solo las redes criminales, pero sí altera los incentivos de políticos locales y grupos delictivos. El mensaje es inequívoco: ningún cargo público es intocable y la afiliación partidista no garantiza impunidad. Esta postura redefine el margen de maniobra del crimen en el ámbito municipal, históricamente uno de los más vulnerables.

El reto ahora es sostener esta línea de acción. Sin fortalecimiento institucional, protección a autoridades locales y control de economías ilegales, los golpes selectivos pueden diluirse. Sin embargo, la decisión tomada en Tequila abre una conversación necesaria sobre cómo enfrentar la hidra político-criminal sin concesiones. La pregunta pública no es si habrá resistencia, sino si el Estado mantendrá la firmeza para avanzar más allá de un solo caso.