Ilia Topuria encendió las alarmas en la UFC al anunciar que no competirá durante los primeros meses de 2026. La decisión, motivada por problemas personales, abrió la puerta a la creación de un título interino y reavivó el debate sobre cuánto tiempo puede permanecer inactivo un campeón sin perder su estatus oficial.

Daniel Cormier, ex doble campeón y analista, recordó que en el pasado la UFC permitía largos periodos de inactividad, aunque reconoció que ese margen parece haberse reducido. Como ejemplo, citó casos históricos y advirtió que el contexto actual exige mayor actividad para sostener un cinturón, especialmente en divisiones altamente competitivas.

Finalmente, Cormier dejó abierta la posibilidad de que la UFC deba tomar una decisión si la ausencia se prolonga. No obstante, Topuria aseguró haber recibido respaldo total de la empresa, que ha mostrado comprensión ante su situación. Por ahora, el ‘Matador’ conserva el título, aunque el reloj competitivo ya comenzó a correr.

El Poder Ejecutivo afina una reforma electoral que propone adelgazar el Congreso y reducir el gasto en elecciones, ante el crecimiento sostenido del financiamiento público. Para 2026, el costo nacional político-electoral superará 25 mil millones de pesos, impulsado por presupuestos constitucionales del INE, partidos políticos y tribunales electorales.

Del total, el Instituto Nacional Electoral ejercerá más de 14 mil millones de pesos, principalmente en nómina y proyectos específicos, mientras que las prerrogativas a partidos ascenderán a 7 mil 737 millones. A ello se suman recursos para el TEPJF y organismos estatales, cuyos gastos varían según decisiones de congresos locales respectivos.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la iniciativa será enviada al Congreso en febrero de 2026. Entre sus ejes destacan reducir diputados y senadores, así como recortar financiamiento a partidos. El debate legislativo se anticipa amplio, tras antecedentes de reformas anuladas y ajustes recientes.

La diputada Ana Isabel González González (PRI) propuso reformar la Ley General de Salud para que el Estado garantice la entrega gratuita de fórmula láctea nutritiva a niñas y niños durante sus primeros seis meses de vida, como medida orientada a proteger la salud infantil y favorecer un desarrollo integral temprano.

Explicó que la iniciativa adiciona una fracción al artículo 61 para establecer un programa administrado por el Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas, bajo criterios técnicos, sanitarios y nutricionales definidos por la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

La legisladora subrayó que la propuesta busca reducir desigualdades en el acceso a la nutrición infantil, prevenir enfermedades asociadas a la desnutrición y cumplir compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia, al considerar que la alimentación adecuada en los primeros meses es clave para el desarrollo físico y cognitivo.