La nueva Suprema Corte nació bajo la promesa de encarnar la austeridad republicana que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había exigido durante años a los ministros. La reforma judicial les dio origen en las urnas y, con ello, la expectativa de erradicar los símbolos de privilegio que marcaron a sus predecesores. Para reforzar ese mensaje, los ministros iniciaron su mandato con una reducción salarial que los situaba apenas por debajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la adquisición y devolución exprés de nueve camionetas blindadas reactivó el debate sobre la coherencia entre su discurso y sus decisiones administrativas.
Ese episodio puso en evidencia un problema más profundo: cada gasto del Alto Tribunal se examina ahora como una prueba de congruencia. Al caso de las camionetas se sumaron críticas por la contratación de un retrato institucional para la ministra Lenia Batres, que finalmente no se realizó, así como cuestionamientos a la compra de togas ceremoniales cuyo costo se mantiene en niveles similares desde integraciones anteriores de la Corte. Para una institución que ha hecho de la austeridad su carta de presentación, cualquier gasto se convierte de inmediato en un punto de fricción pública.
La Corte intenta avanzar entre presiones políticas, escrutinio social y necesidades operativas. La reasignación de las camionetas a jueces con mayor riesgo ilustra esa tensión: la operación se justificó por motivos técnicos de seguridad, pero ahora no queda claro si los propios ministros quedarán expuestos a los mismos riesgos que, en principio, motivaron la compra. La velocidad con la que la institución intenta corregir el rumbo añade incertidumbre y alimenta la percepción de improvisación.
En este escenario, Sheinbaum exige explicaciones y recuerda que la legitimidad de la nueva Corte depende tanto del cumplimiento de la austeridad como de su funcionamiento eficaz. El desafío, para los ministros, consiste en definir con precisión dónde termina la prudencia presupuestaria y comienza el deterioro institucional. Ese límite, aún difuso, será decisivo para sostener la credibilidad de un Poder Judicial que prometió renovarse desde sus cimientos.