La Fiscalía General de la República emitió un acuerdo que permite, por única ocasión, no sancionar a servidores públicos que presenten su declaración patrimonial fuera de plazo. La medida aplica cuando no exista daño a la Hacienda Pública y evita iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa interna dentro de la institución.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor al día siguiente. Contempla declaraciones de inicio, modificación o conclusión presentadas extemporáneamente, y suspende la aplicación del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores públicos de la Fiscalía General respectiva nacional.
La aplicación del beneficio deberá notificarse al funcionario y sólo podrá usarse una vez. Además, quienes incumplan nuevamente no accederán a la abstención, salvo que presenten la declaración omitida dentro de treinta días naturales durante la integración del expediente correspondiente conforme a requerimiento formal de la autoridad investigadora competente respectiva.