La revocación de mandato ha sido, desde su creación, un campo minado para la oposición mexicana. Durante años, Ricardo Anaya fue uno de los críticos más duros del mecanismo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una trampa inspirada en modelos latinoamericanos de corte autoritario y llamó abiertamente a la abstención. Para él, participar significaba entrar en un juego diseñado para dividir al país y alimentar la permanencia del presidente. Aquella postura —tajante, doctrinaria— parecía definitiva.
Sin embargo, a finales de 2025, Anaya sorprendió al adoptar una narrativa opuesta. De cuestionar la legitimidad del mecanismo pasó a promoverlo con entusiasmo. Retó a Morena a incluir a Claudia Sheinbaum en la boleta de 2027 y aseguró que, esta vez, la ciudadanía votaría para retirarla. Donde antes veía manipulación, ahora asegura ver una oportunidad democrática. Su defensa llegó al extremo de proponer que la revocación se extienda a los gobernadores, sin reparar en que su activación depende de legislaciones estatales donde Acción Nacional carece de fuerza suficiente.
El cambio no es menor. Durante la revocación de López Obrador, Anaya confió en un desplome de apoyo que jamás llegó. El expresidente obtuvo más votos en ese ejercicio que los que el propio panista consiguió como candidato presidencial. Aun así, el hoy coordinador del PAN en el Senado insiste en que Morena vive un deterioro profundo y que Sheinbaum sería derrotada por el “juicio ciudadano”. Esa lectura contrasta con los números actuales y con la evaluación positiva que mantiene la presidenta en buena parte del país.
El viraje de Anaya también expone las tensiones internas de la oposición. Mientras algunos partidos y liderazgos reconocen la revocación como un instrumento democrático utilizado en numerosos países, otros siguen viéndolo con suspicacia. Lo que parece incomodar más no es el mecanismo en sí, sino la necesidad de movilizar votantes en territorios donde la presencia opositora se ha erosionado.
En ese contexto, la metamorfosis política de Anaya luce menos como una convicción profunda y más como un intento de apropiarse de una herramienta que antes rechazaba, con la esperanza de convertirla en una palanca electoral futura.