La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó la estrategia nacional para combatir la extorsión durante 2026, mediante un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El plan reconoce el incremento del cobro de piso desde 2019 y lo clasifica como delito de alto impacto prioritario para atención institucional inmediata.
El acuerdo instruye a los gobernadores a presentar reformas legales para armonizar normas locales con la estrategia federal. Además, deberán informar al Secretariado Ejecutivo sobre dichas iniciativas antes de finalizar enero de 2026, como parte del proceso de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública nacional permanente obligatoria conjunta formal.
El Consejo ordenó a la Fiscalía General de la República emitir un manual operativo contra la extorsión. Las fiscalías estatales deberán aplicarlo en febrero de 2026 y registrar los delitos bajo nuevos lineamientos nacionales, con el objetivo de homologar criterios, medir incidencia y fortalecer presupuestos públicos estatales coordinados sostenibles comunes.