La trayectoria de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sintetiza uno de los casos más complejos de corrupción estructural en la política reciente. Con ascenso acelerado dentro del PRI y un gobierno marcado por irregularidades financieras, su administración dejó investigaciones abiertas por desvíos millonarios, adquisiciones de bienes presuntamente ilícitos y el funcionamiento de una red de pagos ilegales conocida como la “Nómina Secreta”. Las autoridades estatales y federales emitieron más de veinte órdenes de aprehensión en su contra antes de su detención inicial en Estados Unidos en 2020 y posterior extradición a México.
El expediente contra Duarte no describe únicamente presuntos desfalcos, sino la existencia de un ecosistema político sostenido en transferencias discretas de recursos a actores públicos y privados. Entre los beneficiarios señalados se encuentra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cuya relación con estos expedientes ha sido objeto de procesos judiciales y controversia política. Esta red de protección política y jurídica permitió que, pese a las acusaciones, Duarte mantuviera márgenes de operación durante años.
El reciente operativo federal que condujo a su nueva captura marca un punto de quiebre. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, el Gobierno federal ha asumido un papel central en un caso donde, argumenta, la justicia local mostró límites estructurales para proceder. El arresto coincidió con la ausencia de Campos del país, hecho que reavivó cuestionamientos sobre el papel de la autoridad estatal en los procesos contra el exmandatario.
La reaprehensión de Duarte reabre también escenarios para otros involucrados en la presunta red de desvíos, incluidos operadores de la llamada Operación Zafiro. Para analistas, el caso representa una prueba de estrés para el sistema judicial y político: si el Estado logra avanzar con eficacia en un expediente de esta magnitud, podría sentar un precedente para la rendición de cuentas en los niveles más altos del poder público.
