La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, acompañada de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El dictamen alcanzó una amplia mayoría y establece bases renovadas para garantizar el derecho humano al agua, fortalecer la rectoría del Estado y ordenar el aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.
El proyecto, derivado de la iniciativa presidencial y de propuestas de distintos grupos parlamentarios, define con mayor claridad competencias gubernamentales, procedimientos administrativos y criterios de equidad. También incorpora la participación comunitaria, plantea reglas específicas para reasignaciones y establece lineamientos para la preservación ambiental, la seguridad hídrica y la operación coordinada de autoridades locales y federales.
Durante la discusión, se agregaron reservas que atendieron inquietudes del sector productivo, precisando mecanismos de herencia, regularización de pozos y supuestos de responsabilidad hídrica. La votación concluyó entre posturas encontradas, aunque la mayoría afirmó que la reforma permitirá frenar el acaparamiento, mejorar el acceso al agua y avanzar hacia una regulación más justa.