Las declaraciones de la congresista María Elvira Salazar, quien describió a Venezuela como un “día de campo” para las petroleras estadounidenses, destaparon el verdadero trasfondo económico del despliegue militar y la presión política que Washington mantiene en el Caribe. Más allá del discurso sobre narcotráfico o “restauración democrática”, la idea de un botín de más de un trillón de dólares confirma un patrón histórico: el interés por controlar recursos estratégicos cuando la vía comercial deja de ser rentable.
Especialistas en derecho internacional y política venezolana sostienen que la franqueza de Salazar evidencia la continuidad de una lógica imperial aplicada ya en Irak, Libia o Siria. Coinciden en que la narrativa antidrogas funciona como fachada para justificar presiones que responden, en realidad, a la necesidad energética de un país que enfrenta su propio declive productivo. Señalan también que el lobby del sur de Florida, con fuerte peso cubano y venezolano, opera como motor ideológico de esta ofensiva.
Si bien dentro del Partido Republicano existen tensiones sobre política exterior, la hostilidad hacia Caracas aparece como un punto de cohesión. Para analistas consultados, esto permite entender por qué el discurso más crudo proviene de legisladores de Florida: representan a comunidades que impulsan una agenda abiertamente intervencionista en América Latina. La referencia al “festín” petrolero, lejos de ser un desliz retórico, encaja con esa presión interna.
El escenario que imagina Salazar, sin embargo, luce improbable. Venezuela mantiene alianzas petroleras consolidadas —incluidos acuerdos con socios BRICS y operaciones con Chevron— que hacen inviable una apropiación rápida de recursos. Los expertos advierten que cualquier intento militar desataría un caos regional con impacto directo en comercio, seguridad y rutas energéticas. Más que un plan ejecutable, señalan, la promesa de un saqueo petrolero funciona como pieza de propaganda para consumo doméstico en Estados Unidos.