El Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. La norma homologa el delito a nivel nacional y protege a las víctimas, endureciendo el castigo para quienes participen en estas prácticas. Además, sanciona a funcionarios públicos involucrados en la comisión de extorsión o que permitan irregularidades en reclusorios. Se busca una respuesta institucional más efectiva.
Un aspecto central es el control estricto en cárceles, ya que muchas extorsiones provienen de estos espacios. Se prohíbe el uso de celulares y dispositivos electrónicos en reclusorios, con penas de seis a doce años para quienes incumplan. La ley eleva las sanciones por extorsión hasta 25 años, y hasta 42 si el delito se comete desde prisión. Se implementarán tecnologías nuevas para bloquear comunicaciones ilícitas.
La nueva ley exige la creación de unidades especializadas y policías certificados para investigar y perseguir la extorsión en todo el país. También prevé la capacitación continua de ministerios públicos y analistas, así como la evaluación de los cuerpos de seguridad. El objetivo es reducir la impunidad, frenar la incidencia de este delito y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia nacional.