La diputada Ana Isabel González González propone reformar la Ley General de Desarrollo Social para que la planeación nacional se vincule de manera obligatoria con los instrumentos internacionales suscritos por México. La iniciativa busca mejorar la respuesta institucional ante problemáticas estructurales como pobreza, desigualdad territorial, rezago educativo, violencia y crisis climática, cuya complejidad exige un enfoque integral y coordinado.
La legisladora señala que la ley vigente carece de una conexión explícita con agendas globales como la Agenda 2030, lo que genera fragmentación y dificulta integrar compromisos multilaterales en las políticas públicas. Vincular ambos marcos, afirma, permitiría fortalecer la coherencia normativa, alinear estrategias nacionales con estándares globales y mejorar la capacidad técnica mediante indicadores internacionales.
De aprobarse, la reforma optimizaría la focalización territorial y poblacional de los programas sociales y posicionaría a México como un actor comprometido con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. La diputada afirma que armonizar la legislación con tratados internacionales representa un acto de convicción hacia la justicia social.