La Fiscalía General de la República documentó que Manuel y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encabezan una red de servidores públicos, empresarios y civiles implicados en lavado de dinero, defraudación fiscal y corrupción vinculados al llamado huachicol fiscal. Según la causa penal 325/2025, los hermanos utilizaron su posición dentro de la Marina para simular operaciones, mover efectivo y adquirir inmuebles y vehículos de lujo sin justificación legal.
Las pesquisas revelan que ambos realizaron miles de operaciones financieras en efectivo, con gastos que superan con creces sus ingresos por nómina. Entre 2020 y 2024, Manuel Farías recibió poco más de 12 millones de pesos como marino activo, pero adquirió propiedades por más de 9 millones y depósitos millonarios en aseguradoras privadas. Fernando, por su parte, gastó más de lo que declaró en un 300%, además de emitir cheques y comprar terrenos, autos y pólizas de vida con dinero no declarado.
La FGR también rastreó comunicaciones telefónicas georreferenciadas cerca de zonas y aduanas navales clave —Dos Bocas, Guaymas, Manzanillo y Ensenada—, puntos señalados como estratégicos en la red de contrabando de combustibles. Manuel Farías fue detenido en septiembre y permanece en el penal del Altiplano; su hermano Fernando está prófugo desde el 2 de octubre, acusado de delincuencia organizada con fines de robo y tráfico de hidrocarburos.
El caso sacude a la Marina, una de las instituciones más blindadas del país, y pone nuevamente en entredicho el discurso de “cero impunidad” del gobierno federal. La investigación revela cómo la corrupción se incrustó dentro de la estructura militar encargada de combatir el contrabando que ahora parece haber aprovechado.