A las cinco de la mañana, en la zona arqueológica de Cuicuilco, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres participaron en una ceremonia de “consagración” de bastones de mando. El acto, realizado a puerta cerrada y con invitados de Oaxaca y San Juan Chamula, buscó simbolizar autoridad, servicio y compromiso con la impartición de justicia.

La ceremonia estuvo resguardada por personal de emergencia y seguridad, sin acceso a medios. Según la agenda, la actividad concluyó a las siete de la mañana, marcando el inicio simbólico de la nueva etapa del Poder Judicial tras la elección popular de ministros.

Sin embargo, la presencia de Felipe Ignacio Echenique, investigador del INAH, abrió la controversia. El especialista acusó un uso político del bastón de mando y la violación de acuerdos que protegen zonas arqueológicas. Este cuestionamiento invita a reflexionar si los nuevos símbolos de poder abren un camino de legitimidad cultural o, por el contrario, profundizan tensiones históricas sobre la apropiación del patrimonio.

El Instituto Nacional Electoral dio por concluido el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial con la entrega de 13 constancias de mayoría, alcanzando un total de 79 cargos asignados. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, destacó que este ejercicio no fue solo una innovación, sino una evolución cultural que marca un precedente en la elección de integrantes de los tres poderes mediante voto popular.

Durante la sesión extraordinaria, Taddei subrayó que las constancias otorgadas representan un compromiso con la certeza jurídica y la voluntad ciudadana, al atender resoluciones del Tribunal Electoral en materia de nulidades, paridad de género e idoneidad académica. Enfatizó que todas las personas electas cuentan con idéntico valor jurídico y democrático, sin importar si su triunfo se definió en cómputo inmediato o tras revisión jurisdiccional.

El proceso, inédito en la historia nacional, consolida un nuevo modelo de legitimidad en el que la justicia se ejerce con base en el voto popular. No obstante, plantea el reto de que este avance no se limite a la forma, sino que también garantice independencia y confianza ciudadana en la práctica cotidiana del Poder Judicial.

El proceso Mi Derecho, Mi Lugar sustituyó al antiguo COMIPEMS y permitió inscribir a más de 272 mil jóvenes en el ECOEMS 2025. Aun así, no todos lograron ingresar al plantel de su preferencia, lo que genera incertidumbre sobre sus alternativas educativas inmediatas.

La deserción escolar sigue siendo un desafío: en el ciclo 2023-2024, 430 mil estudiantes abandonaron la preparatoria, es decir, 117 cada día. Además de los límites económicos, influyen el desinterés, la falta de apoyos familiares y la ausencia de aprendizajes significativos que conecten con la etapa que atraviesan los adolescentes.

Frente a este reto, iniciativas como las becas de Amigos de la Juventud (Fundaju) y Grupo Educación surgen como opción concreta. Permiten cursar preparatoria en instituciones privadas de calidad y fomentan un acompañamiento integral. El desafío es garantizar que el derecho a estudiar no dependa de la suerte ni del contexto social.