Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, construyó un control criminal sostenido en alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según documentos de la Sedena. Bajo el alias de Comandante H, dirigía a La Barredora y dictaba órdenes de cobro, asesinatos y operaciones de tráfico de drogas, migrantes y huachicol desde Veracruz hasta Guatemala. Informes revelados por Guacamaya Leaks muestran que usó su posición política para dar “licencias” a grupos criminales.
El exfuncionario pactó con herederos de Los Zetas y reconfiguró las operaciones delictivas en Tabasco, delegando zonas a operadores como Benjamín Mollinedo, alias El Pantera, y Euler Ruvalcaba, alias El Rayo. Estos liderazgos coordinaban tráfico de drogas, extracción de combustibles y homicidios, además de corromper a personal militar en puertos estratégicos como Dos Bocas. La violencia era desplazada a Chiapas para reducir estadísticas en Tabasco.
El caso exhibe cómo estructuras de seguridad pública fueron utilizadas para fortalecer al crimen organizado en el sur del país. Bermúdez, detenido en Paraguay y extraditado a México en septiembre, simboliza la penetración de redes criminales en gobiernos locales. La reflexión es inevitable: cuando la autoridad se convierte en pieza del engranaje delictivo, ¿qué garantías quedan para el Estado de derecho?”