La Fiscalía General de la República reveló una red de corrupción en puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, donde verificadores aduanales simulaban pruebas químicas para permitir la entrada ilegal de diésel mediante buquetanques. Funcionarios vinculados con marinos de alto rango presentaban frascos alterados para encubrir el contrabando bajo la apariencia de aceites y aditivos.
Los testimonios señalan pagos de hasta 50 mil pesos por cada embarcación, lo que facilitó el ingreso de millones de litros de hidrocarburos sin impuestos. La investigación apunta a una complicidad estructural entre agentes de la Agencia Nacional de Aduanas, marinos y operadores privados, quienes controlaban incluso los laboratorios que certificaban las muestras.
El caso exhibe la fragilidad institucional en los puntos estratégicos del país y la profundidad del huachicol fiscal. La gran pregunta es si las redes se desmantelarán de raíz o si volverán a operar bajo nuevos rostros y complicidades.