El secretario de Hacienda, Édgar Amador, ratificó que no habrá reforma fiscal en el corto plazo. El mensaje tranquiliza políticamente, pero abre interrogantes financieros: con un PIB que apenas crecería 0.7% en 2025 y 1% en 2026, la recaudación no despegará sola. BBVA ya advirtió que México podría perder grado de inversión, lo que elevaría el costo del crédito y presionaría el tipo de cambio.
El problema estructural es el gasto rígido. Pensiones, programas sociales y deuda absorben casi todo el presupuesto, reduciendo al mínimo la flexibilidad para inversión pública. Sin ajustes, el crecimiento potencial se erosiona y la consolidación fiscal se vuelve inviable. El reto, entonces, no está en inventar nuevos impuestos, sino en usar con inteligencia los recursos ya disponibles.
La vía intermedia sería un “paquete mínimo creíble”: disciplina en el déficit, blindaje de inversión y mantenimiento, fortalecimiento del cumplimiento tributario y gestión activa de activos públicos. Auditorías masivas, control de facturación falsa y fiscalización aduanera podrían sumar hasta 1.5% del PIB. Con ello se ganarían años de oxígeno sin reforma estructural.
Pero los márgenes son estrechos. Si la recaudación no llega o el entorno global se complica, el dilema regresará: emprender una reforma fiscal impopular o enfrentar una crisis. El costo de la evasión y de los proyectos con baja rentabilidad ya no puede ser ignorado. La SHCP debe convencer con resultados, no con discursos.