El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 73 Constitucional que faculta al Congreso para expedir una ley general contra la extorsión. Con 106 votos a favor, la minuta fue enviada a los congresos locales, donde se espera su pronta ratificación. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca cerrar vacíos legales, unificar criterios y coordinar a los tres niveles de gobierno en la prevención y sanción del delito.
Durante el debate, legisladores de todas las fuerzas políticas señalaron la gravedad de este fenómeno, que en los últimos seis años creció 57 por ciento y que, según el Inegi, representó en 2023 pérdidas por 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB. Las múltiples modalidades de extorsión y la disparidad de sanciones estatales, que van de tres a 30 años, fueron señaladas como factores que alimentan la impunidad.
La oposición advirtió que, además de la ley, se requiere acción efectiva de autoridades y policías que frecuentemente son percibidas como coludidas con el crimen organizado. La unanimidad en el Senado refleja un consenso político poco común, pero también evidencia la urgencia de enfrentar una práctica que erosiona la economía y la seguridad ciudadana. El reto será que la legislación no quede como un marco homogéneo en el papel, sino que se traduzca en protección real para millones de víctimas.