La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad de ocho votos, confirmar una decisión del extinto INAI que ordenó a la Presidencia entregar la versión pública de 15 oficios relacionados con mandos navales. El proyecto, elaborado por la ministra Loretta Ortiz, consideró que gran parte de los datos ya eran de dominio público mediante comunicados oficiales y notas periodísticas.
La Consejería Jurídica había alegado que la difusión de estos documentos ponía en riesgo la seguridad nacional, argumento que la Corte declaró infundado. La ministra María Estela Ríos fue declarada impedida de participar, ya que ella misma interpuso el recurso cuando era consejera jurídica. En contraste, el ministro presidente Hugo Aguilar sugirió que la Marina valore testar algunos datos sensibles antes de entregarlos.
La decisión marca un nuevo precedente en el equilibrio entre seguridad nacional y derecho a la información. La resolución confirma que el criterio de “riesgo potencial” no puede justificar reservas generales, y que la transparencia debe prevalecer salvo casos excepcionales. El debate abre un terreno clave: ¿hasta dónde debe llegar la reserva de datos en nombre de la seguridad nacional?