La Comisión Nacional del Agua informó que, tras revisar 536 mil expedientes, detectó más de 52 mil títulos de concesión utilizados de forma irregular. Según la dependencia, permisos originalmente destinados al uso agrícola se desviaron para alimentar desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, afectando directamente a los productores que requieren títulos vigentes para sus parcelas.
El subdirector de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez Alonso, precisó que el fraude no solo involucra a particulares, sino también a municipios y empresas privadas. Hasta ahora, la Conagua ha realizado 256 clausuras de pozos ilegales que abastecían hasta 300 pipas diarias, con una recuperación estimada de 4 mil millones de metros cúbicos de agua mediante procedimientos administrativos y devoluciones voluntarias.
El hallazgo refleja un vacío institucional que permitió el uso discrecional del recurso. Conagua anunció un decreto de facilidades para que pequeños y medianos productores regularicen sus títulos, aunque persiste la incógnita: ¿cómo garantizar que el agua, derecho humano esencial, deje de ser un negocio clandestino y se administre de manera equitativa en un país con creciente escasez?